Sí, al SURE, aunque faltan detalles por conocer; pero no, de momento, al MEDE sanitario. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha apoyado este viernes antes de la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, la participación de España en el programa de reaseguro europeo vinculado a la crisis del coronavirus.
El programa, que este viernes ha avanzado otro paso más dentro de los procesos comunitarios, está dotado de 100.000 millones de euros, y su fin es ayudar a los Gobiernos en el apoyo a los ERTE con dinero público. El Gobierno calcula que destinará 17.894 millones, según se recoge en el Programa de Estabilidad entregado a Bruselas. De acuerdo con la propuesta inicial de la Comisión Europea, de acuerdo con la cual los tres mayores perceptores no podían superar el 60% del fondo, significaría que España podría aspirar a un máximo de 20.000 millones, lo cual le daría para cubrir las necesidades previstas por el Gobierno.
El programa SURE, que España espera que entre en vigor en las próximas semanas y aún falta por concretar cuánto dinero podría pedir España y en qué condiciones, requiere que los Estados miembros presenten los 25.000 millones en garantías necesarias para que arranque definitivamente. De momento, este viernes ha sumado el apoyo político de los 27 en el ámbito de los embajadores ante la UE, el del Eurogrupo y, el martes que vine, pasará por el Ecofin, la reunión de ministros de Finanzas de la UE.
El Eurogrupo de la pasada semana cerró el acuerdo sobre los 240.000 millones en líneas de crédito blandas del MEDE –fondo europeo de rescates–, pero aún quedan por cerrar los detalles del SURE y de la línea de avales para empresas del Banco Europeo de Desarrollo. La junta de gobernadores del MEDE ha aprobado este viernes la línea de crédito para la pandemia.
“Desde el primer momento hemos apoyado muy decididamente la creación de este instrumento”, ha dicho Calviño sobre el SURE, “que se adapta además al nuevo mecanismo de flexibilidad y apoyo público a los ERTE. Estamos pendientes de que se produzca la cesión de las garantías que se requieren por parte de todos los Estados miembros, y nuestra intención sería utilizar este instrumento como una de las vías de financiación de los costes derivados del importante apoyo público que comportan estos expedientes de regulación temporal de empleo”.
“No me puedo imaginar que haya alguien que no considere favorable o positivo para nuestro país que podamos utilizar un instrumento que se orienta específicamente a financiar estos expedientes de regulación temporal de empleo”, ha afirmado la presidenta: “Ha sido uno de los mecanismos más eficaces puestos en marcha desde el primer momento para tratar de mitigar el impacto negativo sobre el empleo de la emergencia sanitaria”.
Si bien la vicepresidenta defiende el SURE para financiar los ERTE –sin saber cuánto dinero puede pedir ni a qué precio–, sigue manteniendo dudas con el dinero del MEDE, el fondo de rescates de la UE, que ha aprobado una línea de 240.000 millones, de los cuales España podría acceder hasta unos 25.000 millones, a un interés del 0,115% anual. A diferencia de los programas habituales del MEDE, esta línea en concreto no iría acompañada de troika, hombres de negro ni recortes. La única condicionalidad es que el dinero se destine a gastos “directos o indirectos” de la crisis sanitaria.
Pero el estigma arrastrado por los sacrificios económicos decretados en el pasado y las consecuencias de los rescates, nadie se atreve a acceder a ese dinero, aunque el propio presidente del MEDE, Klaus Regling, asegura que España podría ahorrarse 2.000 millones en costes financieros.
“En el caso del MEDE, se trata de un instrumento precautorio para la pandemia sin condicionalidad, destinado a financiar los gastos directos e indirectos del covid-19 y tomaremos la decisión relativa al uso de los distintos instrumentos sobre la base del interés general, con el fin de minimizar los costes de financiación. Pero, en este momento, nuestro coste de financiación en los mercados financieros es muy favorable. Estamos en una media del 0,3% y, por tanto, tendremos que tomar la decisión sobre la base de cuáles son los intereses desde el punto de vista de los contribuyentes españoles, la minimización de los costes totales de financiación, una vez que tengamos en cuenta el conjunto de las circunstancias”.
“Insisto, tomaremos cualquier decisión de acceso a estos instrumentos sobre la base del interés general de los españoles, que es que nos financiamos de la manera más eficiente posible”, ha sostenido.