España tiene trece comunidades autónomas entre las regiones europeas más vulnerables a la transición ecológica

Trece comunidades autónomas españolas, el 90% del territorio español, están entre las 100 regiones europeas más vulnerables a la transición ecológica, una profunda transformación del modelo económico y energético que, sin medidas compensatorias ni diálogo con las comunidades locales, puede “descarrilar” por el creciente apoyo en los territorios más afectados a partidos de ultraderecha escépticos con el cambio climático.

Así se desprende del reciente estudio 'The green transition and its potential territorial discontents', publicado en el Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, firmado por el español Andrés Rodríguez-Pose, profesor de Geografía Económica en la London School of Economics and Political Science, junto a otro experto de ese centro, Federico Bartalucci.

El paper “parte de una petición de la Dirección General de Crecimiento” de la UE, explica a elDiario.es Rodríguez-Pose. Este economista es una referencia en el área de crecimiento y desigualdades regionales. Ha trabajado para instituciones como la Comisión Europea, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La gran aportación de este trabajo es un Índice Regional de Vulnerabilidad a la Transición Verde que clasifica más de 200 regiones europeas en función de su mayor o menor exposición a este proceso. Para ello, tiene en cuenta los impactos directos e indirectos que va a tener esta transformación en seis grandes áreas: dependencia de los combustibles fósiles y emisiones, turismo, energía, transporte, agricultura y uso de la tierra e industria.

Este indicador puede ser positivo o negativo. Un valor 0 indica que la región está en la media europea. Datos positivos indican mayor vulnerabilidad a la media y los negativos, más fortaleza.

Entre las diez regiones más impactadas no hay ninguna española y sí varias de Grecia, el Alentejo portugués o zonas mineras de Polonia y Bulgaria. Pero entre las 100 menos favorecidas aparecen trece comunidades autónomas. Las más afectadas están en el interior peninsular.

La región española más vulnerable es, según el estudio, Extremadura, en la posición 18 de ese ranking. Le siguen Castilla-La Mancha (22), Aragón y Región de Murcia (29 y 30). A continuación figuran Andalucía (34), Castilla y León (42), Illes Balears (55), La Rioja y Canarias (68 y 69), Comunitat Valenciana (77), Navarra y Galicia (85 y 86) y Principado de Asturias (89).

Estas regiones concentran más del 63% de la población española, casi 30 millones de habitantes, el 53,9% del PIB nacional y casi el 90% de la superficie de un país particularmente vulnerable al cambio climático, sobre todo aquellas regiones que dependen más del agua.

Las zonas más expuestas a la transición energética son aquellas cuyas economías, explica Rodríguez-Pose, destacan por su elevada especialización en sectores como el turismo, el transporte, la logística o la agricultura muy centrada en la exportación.

Un ejemplo reciente en el sector agrícola, apunta, son las fresas de Huelva y los problemas que ya tuvieron el pasado verano para exportar su producción a Alemania. Entre las actividades “que van a tener mayor vulnerabilidad de manera indirecta a todo el proceso de transición ecológica”, el académico cita también la industria especialmente intensiva en energía.

En este aspecto España tiene una gran oportunidad con las renovables, gracias a su disponibilidad de sol, viento y suelo. Pero los autores apuntan que hay ya evidencia científica de cómo la instalación de molinos eólicos y paneles solares repercute negativamente en el turismo. Y a la vista está la creciente contestación a las grandes plantas de energía renovable en muchos territorios.

La conclusión más clara del estudio es que existe un fuerte vínculo entre bajos niveles de renta y vulnerabilidad al proceso de transición energética. Como explica Rodríguez-Pose, las regiones más ricas, las grandes ciudades, “son las que por regla general van a concentrar los mayores beneficios”.

El motivo es que la transición es un proceso intensivo en capital, pero no tanto en mano de obra, e implica mucha innovación.

Esta innovación “no se va a hacer en Andalucía”, ni “probablemente” en Madrid ni en Barcelona, sino “en aquellas zonas de Europa donde hay ya capacidad para hacer innovación en transición ecológica: París, Lyon o Grenoble en Francia, el sur de Alemania, partes del Randstad en Holanda y la zona de Turín en Italia”.

“El 75% de las regiones europeas no concentran una sola patente verde”, añade. 

Liderar “con el ejemplo”

Rodríguez-Pose subraya que la UE debe liderar la transición ecológica “con el ejemplo”, tratándose de un polo histórico a la vanguardia de desarrollo en el planeta que ahora ha hecho una apuesta decidida para mitigar el cambio climático, la gran amenaza de nuestro tiempo.

Pero subraya que este proceso “se ha pensado como si fuera un experimento puramente aséptico, científico, en el que se dice: vamos a reducir las emisiones hasta llegar a cero emisiones netas en 2050 y a mantener el crecimiento de la temperatura a nivel global en 1,5 grados”, como recogen los Acuerdos de París.

“Eso implica que ahí va a haber cambios regulatorios, en las actitudes y formas de consumo de las personas” o en el uso del suelo que “no son neutros” desde el punto de vista territorial: sus costes y beneficios “se van a repartir de forma desigual” en Europa.

El experto destaca especialmente los impactos directos, relacionados con el abandono del carbón o los derivados de aumentos de la fiscalidad al queroseno de aviación o al diésel, que van a afectar menos a quienes viajan en coche eléctrico o en tren, y “eso implica que los territorios que dependen del turismo van a sufrir bastante más”. 

Y luego están los impactos indirectos, como los movimientos de fuerza laboral y capital derivados de la transición ecológica.

En su opinión, las medidas que se están poniendo en marcha para amortiguar el efecto de la reconversión del sector minero (con Polonia como caso paradigmático) con la llamada “transición justa”, cubren solo “la punta del iceberg”. El 20% del problema. “Con los factores indirectos, que es todo lo que está por debajo y es el 80% restante, nadie está haciendo nada”.

Un ejemplo es el impacto directo en el sector agrícola que, en parte, se traduce en protestas, como se ha visto en Países Bajos, con el Movimiento Campesino Ciudadano. Una factura que pueden pagar los pobres que “en el caso del sector agrícola suelen ser pequeñas explotaciones familiares que se enfrentan a todo un nuevo conjunto de restricciones medioambientales”.

Esta transformación ya es palpable en España a la hora de elegir qué cultivos y variedades plantar y está golpeando a las explotaciones más tradicionales, artesanales y familiares, como ha ocurrido en los últimos meses con los productores de almendra.

En el sector agrícola, el impacto más directo de la sequía y el cambio climático se percibe ya en la caída de la producción de aceitunas y el despegue de los precios del aceite de oliva, tras la peor campaña del siglo el año pasado, informa Cristina G. Bolinches.

Agravio territorial

Los autores del estudio advierten de que “el Pacto Verde Europeo puede terminar siendo un agravio territorial adicional”. Las zonas ya vulnerables, relativamente pobres o poco dinámicas, en muchos casos son también las que van a sufrir más los costes a corto y medio plazo.

Mientras, las más avanzadas “van a concentrar las rentas de toda la transformación que es necesaria para llegar a parar el proceso de cambio climático”, insiste el investigador español.

Al cargar esos costes sobre territorios que ya arrastraban problemas, sus poblaciones “se van a rebelar”. Estas zonas “están cada vez más votando a partidos extremos, que son negacionistas o escépticos del cambio climático”, con el consiguiente riesgo de hacer descarrilar la transición ecológica.

“Si no prestamos atención a los costes directos e indirectos y a la distribución de los costes y las oportunidades”, van a votar “a partidos que han visto una ventana de oportunidad, que son negacionistas o escépticos del cambio climático y van a intentar ralentizar la transición ecológica y a abrir una agenda que a lo mejor es contraria a ella”.

Un ejemplo “paradigmático” es Países Bajos. El voto al ultraderechista Wilders “ha aumentado de manera exponencial en zonas que llevan bastante tiempo en declive” y antiguas regiones mineras como la provincia de Limburgo. También ha habido un fuerte apoyo al Partido de los Agricultores, que hace cuatro años no existía, llegó a ser el más votado en las elecciones locales de abril y “se ha llevado siete diputados”.

“En España, partidos como Vox, allá donde tienen poder, lo primero que buscan es parcelas donde pueden influir más en ese tipo de electorado: las consejerías de Desarrollo Rural, Ganadería, las relacionadas con temas de Gestión Forestal… que son las que más se van a ver afectadas en un primer momento por esta transición ecológica”.

Más consulta

Para mitigar este riesgo, los autores recomiendan una mayor consulta con las comunidades locales sobre las políticas de transición energética, cuyas decisiones “se han tomado de manera política y tecnocrática a nivel no ya nacional, sino incluso europeo”, dice Rodríguez-Pose. Se trata de involucrar a los afectados y no dejar atrás a los más vulnerables.

En el caso de las renovables, “los conflictos están apareciendo a diario porque depende de los incentivos que les den a nivel local y muchas veces los beneficios acaban no en la población local, sino en las empresas eléctricas”.

Instituciones como el Banco de España ya han advertido del carácter inflacionista de esta transición. El Gobierno, en cambio, maneja cálculos que apuntan que su plan energético, plasmado en el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), va a rebajar especialmente las facturas de las rentas más bajas, gracias al enorme abaratamiento de la electricidad generada con las renovables.

Pero la transición genera resistencias. Buena muestra es cómo en la anterior legislatura quedó pendiente una reforma fiscal verde para acercar a España a la media europea que finalmente no se ha llevado a cabo. También medidas como el fondo para repartir el coste de las renovables más antiguas al conjunto de sectores energéticos, incluyendo los carburantes. Ambas habrían penalizado a las rentas más bajas.