España se ha encaramado tras el Brexit a la tercera posición en el ránking de países de la UE con más denuncias sobre supuestos fraudes a los inversores dirigidas al supervisor de los mercados de Estados Unidos, la Securities Exchange Commission (SEC). Pese al bajón experimentado en el ejercicio fiscal 2019 (cerrado el pasado 30 de septiembre), el ritmo de comunicaciones remitidas a ese organismo desde España en el último trienio alcanza una denuncia por mes (36 en tres años).
En 2019, según el último informe anual sobre el denominado Whistleblower Program remitido recientemente por la SEC al Congreso estadounidense, el supervisor de los mercados de ese país (equivalente a la CNMV española) recibió siete denuncias desde España, lo que supone un sensible descenso con respecto al récord de 18 en 2018. Desde 2011, primer ejercicio en el que la SEC empezó a desglosar estos datos, España contabiliza 61 denuncias de este tipo.
Con ello, se sitúa por detrás de solo dos países miembros de la UE, Alemania (148 denuncias desde 2011) e Irlanda (84), y por delante de Francia e Italia, que tienen economías de un tamaño superior a la española. Tras España, el ranking de países de la UE se completa con otros Estados como Holanda (51 denuncias), Francia (50), Italia (35) o Bélgica (34). En 2019, solo se presentaron más denuncias en la UE en Alemania (44) y Holanda (13).
A la cabeza del ranking mundial desde que se publican estos datos está Reino Unido (567 denuncias, 44 en el último año) seguido de Canadá (517), China (310), Australia (271), India (240), Alemania (148), Rusia (108), México (91), Irlanda (84), Sudáfrica (75), Brasil (71), Hong Kong (68) e Israel (66). España es trigésima a nivel global.
Un 9% del total
El programa de protección de denunciantes de la SEC se puso en marcha en 2010 y en 2019 la comisión recibió 5.212 denuncias de este tipo, ligeramente por debajo del récord de 2018 (5.282), y con 300 relacionadas con las criptomonedas, un área “creciente” de interés, según la SEC. Las recibidas desde el extranjero (70 países) representaron el 9% del total, ligeramente por debajo de ejercicios anteriores.
Este programa tiene la particularidad de incluir un mecanismo de compensaciones económicas a los denominados whistleblowers, en línea con el que llevan años pidiendo en España los inspectores de Hacienda, propuesta que el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, rechazó la semana pasada. Desde su puesta en marcha, el supervisor bursátil estadounidense ha entregado compensaciones por un importe de unos 387 millones de dólares a 67 denunciantes. Estas se calculan como un porcentaje de entre el 10% y el 30% de las sanciones impuestas.
En el ejercicio 2019, tres de las compensaciones fueron para denuncias remitidas desde fuera de Estados Unidos. Durante la ejercicio, la SEC realizó compensaciones por importe de 60 millones a ocho individuales, y desembolsó el tercer mayor premio de este tipo hasta la fecha, de 37 millones de dólares, para un whistleblower que proporcionó “significativas pruebas y ayuda” en un procedimiento “que permitió a la agencia abordar una resolución eficiente y exitosa” del mismo. La mayor compensación, de 50 millones de dólares, se concedió en marzo de 2018.
España, que es uno de los países con un menor grado de protección de personas que alertan sobre acciones que atentan contra el interés público (lo que se conoce como “informantes”, “denunciantes” o “alertadores” y en inglés como whistleblowers), según una de las organizaciones de referencia en la materia, Blueprint for Free Speech, tiene pendiente transponer una directiva europea aprobada el pasado diciembre que busca mejorar la protección y los mecanismos con los que deben contar quienes ponen en riesgo su integridad personal y profesional.
El supervisor bursátil español, la CNMV, puso en marcha el 8 de enero de 2018 un canal de comunicación de posibles infracciones para que toda persona que conozca la posible o efectiva comisión de infracciones relacionadas con las normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores, y que desee informar de ello de manera confidencial, pueda contactar con el organismo.
El canal está especialmente dirigido a empleados, antiguos empleados u otras personas que presten o hayan prestado servicios en entidades que hayan podido cometer infracciones en el ámbito del mercado de valores, pero en este caso no ofrece compensaciones a los denunciantes.
Desde su implantación hasta el 31 de diciembre de 2018 (último dato disponible), la CNMV recibió un total de 704 comunicaciones, de las cuales “316 contenían elementos fácticos suficientes para proceder a su análisis”, según el último informe anual del organismo.