España se queda sola en la UE en defensa de la liberalización del ferrocarril
El Gobierno de España está empeñado en la privatización del sector del tren en España, pero no convence ni a los socios europeos más liberalizadores. El proyecto de “apertura” que desde hace más de un año impulsa Rajoy a través de su ministra de Fomento y persona de confianza, Ana Pastor, no acaba de arrancar.
La última reunión del Consejo de Transportes de la Unión Europea, que agrupa a los ministros del ramo de los 28 Estados miembros, fue una nueva cacofonía que, por enésima vez, no dejó ningún acuerdo a la vista. Pero la cita, celebrada el pasado viernes en Bruselas y a la que Pastor no pudo asistir, también evidenció la soledad del Gobierno español en su intento de abrir al sector privado el transporte de viajeros por ferrocarril.
El cónclave levanta más dudas sobre el proceso emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy con relación a este medio de transporte. En el documento colgado en la web del Consejo de la UE al término de la reunión, las reservas en torno a la liberalización ferroviaria son evidentes, especialmente para los países con operadores pequeños.
De hecho, el primero en atacar fue un pequeño –pero para nada pobre– Estado como Luxemburgo. “No hay ninguna prueba de que la competencia forzada de los contratos de servicio público pueda beneficiar a las pequeñas redes ferroviarias”, subrayó el representante del Gran Ducado, Claude Wiseler, según ha recogido el boletín Europolitics.
“La liberalización solo conduce a sustituir un monopolio por otro monopolio”, agregó, en referencia o bien a operadores privados o bien a operadores públicos de un tercer país. En el ambiente planea la internacionalización de grandes compañías ferroviarias, como la francesa SNCF o la alemana Deutsche Bahn, pero también Renfe, que acechan todos los mercados que están a su alcance.
La intervención de Luxemburgo tuvo muchos aliados durante el Consejo. Lituania, Países Bajos, Bélgica (los dos últimos, con operadores potentes pese a su reducido tamaño), Irlanda, Bulgaria, Portugal, Estonia, Austria, Eslovenia, Hungría, Croacia y Grecia, por citar algunos de los que alzaron la voz. El portavoz luxemburgués cerró el debate con contundencia: “Para nosotros, abrir a la competencia nuestro operador nacional equivaldría a la quiebra del cuarto mayor empleador de nuestro país”.
El documento resultante de la reunión es igualmente revelador aunque con un lenguaje más propio de este tipo de citas. “A lo largo del debate, un gran número de ministros de Transporte enfatizaron que no hay una fórmula mágica para todos. La liberalización del mercado ferroviario no traerá las respuestas adecuadas”.
La cerrazón que mueve a los pequeños y medianos países es clara: la desigualdad competitiva frente a los grandes. Y aun así, España no tuvo aliados ni entre los grandes. Fomento defendió “la adjudicación directa de los trayectos de proximidad”, que es una forma de decir que no se abrirá concurso para adjudicar las líneas de AVE que se plantean abrir al sector privado. A Alemania ni se la escuchó.
Solo Francia defendió, y muy tímidamente, cierta “flexibilidad en la gestión de pequeñas líneas”, según Europolitics. Y “pequeñas líneas” en Francia significa líneas regionales, porque París se niega a abrir su TGV (la alta velocidad gala), como España ha hecho España con el AVE. Es un hecho: nadie en Europa, excepto España, secunda la liberalización ferroviaria.
El ejemplo británico
Reino Unido, que privatizó toda su red a principios de los noventa y ahora contempla cómo un otrora espléndido tendido ferroviario está mal gestionado y sale más caro que antes para el Estado y para los pasajeros, está fuera de juego desde hace tiempo en los Consejos de Transportes de la UE. Londres recurre a la adjudicación directa, y el penoso desenlace del ferrocarril británico es algo que la mayoría de los Estados miembros intentan evitar.
En suma, España liberaliza el tren sin aliados en Europa. Y ni siquiera la apertura emprendida por el equipo de Pastor arranca. Anunciada poco después de la victoria de Rajoy, se suponía que en enero de este año ya iba a haber operadores privados compitiendo codo con codo con Renfe Operadora en el corredor de Levante. Ahora, año electoral, ni se han presentado los pliegos para el mencionado corredor levantino ni se han despejado las dudas sobre el canon a pagar por las empresas privadas.
