Los taxistas ven peligrar su statu quo en un proceso que consideran una “liberalización” del sector y han llevado su estrategia de presión al siguiente nivel. La Federación Nacional del Taxi se inscribió el 8 de septiembre como lobbista en el registro de transparencia de la Comisión y el Parlamento Europeo. La entrada en este censo permite que la principal asociación española de taxistas pueda reunirse con las instituciones europeas y precisamente, la federación se reunió con representantes del gabinete de Violeta Bulc -la comisiaria europea de transporte- la semana pasada para trasladarle sus inquietudes sobre el futuro del sector. De esta forma, tras los encuentros de los taxistas con varios eurodiputados españoles han elevado sus requerimientos a un nivel institucional en un movimiento que también les permite recibir información sobre el tema.
Desde la asociación, su presidente Julio Moreno explica que querían trasladar a la Comisión que “es necesario que todos los actores cumplan las mismas reglas de juego”. Respecto a Uber, Moreno apunta que la plataforma irrumpió operando “fuera de la normativa” y les acusa de querer “desestructurar y desregular” el sector del taxi. Moreno señala que desde Bruselas les han trasladado que se está preparando un estudio sobre la situación de los transportes de menos de 9 plazas que estará listo para mediados de 2016.
Los taxistas españoles han visto que, en el mercado común, el siguiente partido se juega en Bruselas y las instituciones pueden marcar las directrices para ver cómo se conjuga el equilibro entre los taxistas y las nuevas plataformas aunque la normativa relativa al transporte se mantiene por ahora como competencia nacional. En este registro de grupos de presión se encuentran ya algunos de sus nuevos competidores como Uber, inscrito desde abril de 2014, o Blablacar, desde marzo de este año. La patronal española sigue también la senda de otros colectivos de taxistas europeos como Allo Taxis Sas o la Union Nationale des Industries du Taxi, ambos representantes de los conductores franceses.
La asociación española del sector se encuentra registrada con el objetivo de “representar, defender y coordinar, sin ánimo de lucro, los derechos e intereses sociales y económicos de sus miembros”. Este es el texto que se recoge dentro de la ficha de la asociación que se ha dado de alta en la categoría II, donde se agrupan los “grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales”. Entre los asuntos que centran su interés, su ficha recoge asuntos económicos y financieros, competencia, sociedad de la información, sociedad ed la información y transporte.
La inscripción se produce en un momento turbulento para un sector tradicionalmente regulado que ha tenido pocas amenazas en las últimas décadas, ahora los taxistas ven cómo entran nuevos jugadores que en su opinión representan una competencia que ha actuado “fuera de la legalidad” y asisten a lo que consideran una “desregulación del sector” que entienden como una “liberalización encubiera” del mismo.
El último frente abierto se ha producido después de que Competencia pidiera una modificación o derogación de 14 puntos de la ordenanza que regula el servicio en Córdoba. “El informe de la CNMC puede tener evidentemente un efecto dominó con el resto de normativas de España”, dice Moreno. Y es que a pesar de su ámbito local, el sector lo ha percibido como el posible primer paso para que cambie su normativa a nivel nacional y respondió con una manifestación en la ciudada andaluza con alrededor de 2.000 vehículos venidos del resto de España. Por su parte, La CNMC explicaba que la ordenanza de la ciudad va en contra de la Ley de Unidad de Mercado aprobada en 2013, por lo que solamente podría afectar a aquellas normativas aprobadas o modificadas a partir de esta fecha.
Los nuevos competidores
Esto se suma a la entrada de nuevos jugadores, sobre todo, con la irrupción del gigante estadounidense Uber. Desde que en 2014 desembarcara esta compañía en España -primero en Barcelona y luego en Madrid-, las protestas del colectivo se han ido intensificando en las calles pero también mediante vías legales y maniobras políticas. En diciembre del año pasado, el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid impuso la prohibición del servicio UberPop, la aplicación de Uber para poner en contacto a conductores sin licencia y viajeros, como medida cautelar tras una demanda de la Federación madrileña del taxi contra la compañía estadounidense.
Lo que parecía una victoria para los taxistas, por lo menos hasta la resolución del mismo, sufrió un revés en otro caso similar en un juzgado mercantil de Barcelona. Este último decidió elevar una consulta al Tribunal de Justicia europeo para preguntarle sobre qué legislación debía utilizar para juzgar este caso, si la relativa a transporte o la que afecta a la intermediación digital.
Mientras esto sigue sin resolverse, desde la compañía estadounidense realizaron una queja formal a la Comisión Europea sobre cómo había sido su tratamiento en España, Francia y Alemania. La compañía argumentaba que frente al tratamiento que se le ha dado como empresa de transporte, la normativa que le debería ser aplicada es aquella relativa a las plataformas digitales. Ahora los taxistas responden y elevan su protesta al nivel institucional de la UE pero sin dejar de lado las manifestaciones en las calles. La siguiente, el 30 de septiembre en Málaga.