“Las próximas crisis financieras no serán una carga para los contribuyentes”. Este es el mantra que políticos y financieros llevan repitiendo desde hace casi dos años y que se seguirá escuchando con mucha intensidad a lo largo de 2014.
La maquinaria legislativa, burocrática y propagandística de la Unión Europea está trabajado a máxima potencia para que así sea. Pero a pesar de la montaña de normas y legislación que se aprobará a lo largo de los próximos meses y años, las dudas sobre la verdadera efectividad son más que razonables. Dos números dan la señal de alarma: 2025 y 55.000 millones de euros.
El primero, indica el año hasta el que tendremos que esperar para que el Fondo de Rescate Europeo esté funcionando a pleno rendimiento. El segundo, 55.000 millones de euros, es la cantidad que habrá en ese fondo común después de esperar más de una década.
Aunque 2014 parece ser el año de la unión bancaria, lo cierto es que todavía se está más en el terreno de los acuerdos políticos que de las realidades. Por ejemplo, se han aprobado los reglamentos que sirven como base legal del Mecanismo Único de Supervisión Bancaria. También se ha alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de Directiva de Rescate y Resolución. Así como, sobre el texto legal que define los Fondos de Garantía de Depósitos.
Todo un complejo entramado de normas que pasan desde definir los criterios que se deben tener en cuenta para auditar a los bancos, cómo tienen estos que presentar su contabilidad, e incluso el sistema electrónico en el que se debe aportar la información. También se deben definir temas mucho más complejos como es acercar posiciones entre una unión que debe estar dirigida por un organismo centralizado y una Alemania que se resiste a que nadie de fuera de su territorio pueda imponerle normas.
Mientras unos y otros se ponen de acuerdo, los técnicos intentan pulir el engranaje de un nuevo sistema financiero cuyos fallos sean absorbidos por los bancos y no por el contribuyente. Para ello, se ha diseñado, entre otras cosas, un mecanismo por el que las 128 entidades que participarán en la Unión Bancaria deberán ir aportando cantidades proporcionales al fondo hasta completar la cuantía total del Fondo de Rescate Financiero, con lo que se pagarán las futuras crisis. Este proceso se estima que esté culminado en los próximos 10 años, aunque los expertos financieros de KPMG no descartan que pueda alargarse hasta 14 años. Para entonces, el fondo de resolución debería tener un volumen igual al 1% de todos los depósitos cubiertos (los inferiores a 100.000 euros) de las entidades financieras de la zona de euro.
En contra de lo que una lógica básica podría dictar, esas aportaciones no van a un fondo común, sino que durante la próxima década las cuantías de la banca se acumularán en compartimentos separados para cada país. Y sólo cuando la aportación esté completada, no antes de 2025, esos fondos se fusionarán. Es decir, esos fondos los podrán usar los países que tengan problemas, pero cada uno sólo podrá utilizar lo que haya en su compartimento.
“En el caso de que durante este período aconteciera una nueva crisis financiera, el mecanismo a aplicar sería muy parecido a lo que se hizo en Chipre en 2012”, explica Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB. Es decir, los primeros en asumir pérdidas serían los accionistas de la entidad. En segundo lugar estarían los titulares de bonos y participaciones preferentes. El tercer escalón en la asunción de pérdidas serían los titulares de depósitos cuya cuantía sea superior a 100.000 euros.
Además, si después de esto todavía hiciera falta más dinero, éste procedería del FROB. O lo que es lo mismo, de los impuestos públicos y el bolsillo de los contribuyentes. Así de claro lo dejó hace unos días el subgobernador del Banco de España en unas jornadas organizadas por AFI: “Es previsible que el mecanismo único de resolución no resulte suficiente para evitar que, al menos en el corto-medio plazo, las crisis bancarias sigan siendo resueltas con cargo a fondos nacionales, ya sean públicos o privados”.
Pero esperar a 2025 no es la panacea. A priori, la cantidad máxima con la que contará el fondo (55.000 millones, al final del proceso) tampoco convence, ni siquiera a quienes lo están diseñando. Así lo reflejan, de nuevo, las advertencias del propio Restoy: “Es previsible que el mecanismo nazca con una limitada potencia inicial, pues el fondo único aparece lastrado por un tamaño modesto y una reducida mutualización”. Es decir, demasiado tiempo para tan escasa cuantía. Aunque las autoridades prefieran complicados circunloquios para decir lo mismo.
De forma directa o indirecta, no hay más que echar mano de la experiencia para llegar al argumentario del subgobernador. La inyección directa en capital que hasta ahora ha necesitado el rescate del sistema financiero español ha sido de 57.000 millones, aunque, como contó eldiario.es, el dinero movilizado alcanza los 280.000 millones. Pero incluso centrándonos en la ayuda directa, las cifras no cuadran. Europa está diseñando un mecanismo que pretende salvar con 2.000 millones menos las posibles crisis que se produzcan en un sistema bancario integrado en el Mecanismo Único que, según los cálculos de Analistas Financieros Internacionales, tendrá un tamaño de 7,6 veces el mercado español.
Los expertos financieros son menos críticos. “55.000 millones no es una cuantía tan pequeña teniendo en cuenta que muy probablemente el mecanismo tendrá capacidad para endeudarse en los mercados y ampliar así su potencia”, explica Miguel Ángel Bernal.
Mientras tanto, toca esperar a que no se produzca antes otra crisis.