El Estado deja de perseguir el fraude por falta de personal en el Fogasa
La falta de control sobre fondos públicos nunca es una buena noticia, pero cobra gravedad cuando la crisis y los recortes arrecian. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) -un organismo público del que dependen miles de trabajadores, que gestiona recursos públicos y que está colapsando- no solo arrastra desde hace varios años retrasos en sus pagos que llegan a superar el año, sino que, según ha podido saber eldiario.es, su escaso personal acude solo a un 30% de todos los procesos judiciales en los que debe velar por sus intereses y, por tanto, de que el uso de fondos públicos sea el adecuado. El propio organismo reconoció en febrero que, con los recursos actuales, el Fogasa está “condenado al pago de prestaciones indebidas”.
El Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores. Debe velar por que efectivamente la situación de la empresa requiera la intervención del organismo, que se cumplan todos los requisitos y que los pagos se hagan conforme a la ley, algo que sus escasos recursos le impiden hacer ahora.
De los 400 trabajadores del organismo, cerca de 130 son letrados. Su labor es la de acudir a las vistas para velar por los intereses del Fogasa -y, por lo tanto, del Estado- en los procesos en los que se requiere el pago de indemnizaciones y salarios a empresas que se han declarado quebradas e insolventes. El Estado asume el coste de la indemnización, siempre y cuando se demuestre que, en efecto, la empresa no tiene cómo atender a estos derechos.
Sin embargo, de las 87.262 vistas que tuvieron lugar en los juzgados de lo social en 2012 y en las que debería haber estado presente el Fogasa, sus abogados solo pudieron acudir a 27.279. Es decir, sus letrados solo pudieron estar presentes en un tercio de los procedimientos en los que sus intereses estaban en juego. Lo reconoció la propia dirección del organismo en una reunión del Consejo Rector el pasado febrero. En su presentación, ofreció estas cifras y admitió que el Fogasa está “sistemáticamente condenado al pago de prestaciones indebidas” o bien al pago de “cantidades superiores a las debidas”.
Un ejemplo: en Canarias, el Fogasa cuenta con dos letrados (uno en Las Palmas y otro en Tenerife) que en 2012 tendrían que haber cubierto casi 10.000 procedimientos solo en los juzgados en lo social. En la presentación, la dirección reconoció que el organismo no se defiende “adecuadamente” en los concursos mercantiles, unos procedimientos que también pueden incumbir al Fogasa.
“Es un colapso del organismo pero que se ha normalizado. No hay solución para el organismo que no pase por la incorporación de más plantilla, hace falta un plan de choque”, dice el secretario general de la Sección Sindical Estatal de CCOO del Ministerio de Empleo, Josetxo Gándara.
Lejos de comprometer incorporaciones, la solución que propuso la dirección del organismo en febrero fue la privatización de parte del trabajo del Fogasa a través de un programa para reducir la bolsa de expedientes acumulados. “Se trata de contratar la realización de las actividades necesarias para el trámite de los expedientes pendientes. Esta acción es temporal, transitoria”, se decía en la presentación. También se planteaba la contratación de abogados externos “en régimen de arrendamiento de servicios”.
Retrasos en los pagos
El retraso en los pagos del Fogasa a los trabajadores afectados llega a superar el año en el caso de las ciudades más grandes. A fecha de 31 de diciembre, el organismo acumulaba un retraso de 125.100 expedientes, una cifra que equivale a tres años de carga de trabajo de un año ordinario (no de crisis).
La crisis ha hecho que la carga de trabajo del organismo aumente exponencialmente, mientras que su personal se ha visto mermado. En 2008, entraron 59.000 expedientes al organismo. Una cifra que se duplicó en tan solo un año: en 2009, el número de expedientes se elevó hasta los 129.000. Desde entonces, el dato no ha dejado de crecer. El año pasado, el Fogasa tuvo que lidiar con 212.000 expedientes.
“Se han amortizado plazas y no se ha considerado como sector estratégico para al menos cubrir las bajas, como sí ha sucedido por ejemplo con el Servicio Público de Empleo”, dice Miguel Ángel Suárez, responsable sindical del CSIF en el Ministerio de Empleo, que considera que la situación del organismo es límite: “Es un polvorín”
Todas las provincias cuentan con una oficina del organismo, excepto Asturias, que tiene dos. El personal oscila desde un solo trabajador para las provincias poco pobladas hasta los treinta o cuarenta que pueden encontrarse en Madrid y Barcelona. Estas ciudades, junto a Valencia, son las más colapsadas y donde los expedientes pueden tardar en resolverse más de un año. En otras, como Alicante, Zaragoza, Cádiz, Tarragona o Pontevedra, entre muchas otras, los retrasos son también considerables. Solo en unas pocas provincias poco pobladas y con pocas empresas, como Ávila, Soria o Jaén, la gestión de un expediente es como mucho de tres meses.
Los sindicatos estiman que sería necesaria la incorporación de unas 200 personas para adecuar la plantilla al incremento de población activa que se ha producido en los últimos años. Los sindicatos subrayan que si para sacar adelante el retraso de los expedientes harían falta aún más incorporaciones, que, dicen, podrían ser interinas.
