España se encuentra a las puertas de un conflicto con los estibadores, los trabajadores que se encargan de la carga y descarga de la mercancía de los barcos en los puertos, una profesión tan milenaria como la navegación y el comercio por mar.
Es el último capítulo de una larga disputa arranca en 2014 con una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que daba la razón a Bruselas: España estaba incumpliendo las normas comunitarias sobre libertad de establecimiento en los puertos de interés general. La situación no es exclusiva de España, sino que se está viviendo o se ha vivido en otros países europeos.
El sector de la estiba ha estado controlado tradicionalmente de forma monopolística en los países europeos, pero en las últimas dos décadas ha habido una tendencia hacia la liberalización, a raíz de la creación del mercado único. Reino Unido y Holanda –cuyo puerto de Rotterdam es el más grande de Europa– abrieron el mercado de forma voluntaria. La mayoría, sin embargo, lo ha hecho a petición de Bruselas.
Casos en otros países
Igual que ahora le está ocurriendo a España, Italia tuvo que cambiar su legislación en 1991, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó que sus estibadores no se regían por las normas de la libre competencia. Más tarde, con la ampliación de 2004, se incidió en este proceso de liberalización. Malta, las repúblicas bálticas y los países del Este tuvieron que cumplir con las exigencias de Bruselas para poder adherirse al club.
Recientemente le ha llegado el turno a Portugal, a quien la troika forzó a abrir el mercado durante el rescate financiero. Y en cuanto a Grecia, no ha sido Europa, sino principalmente China, la que le ha obligado a ello. Cuando el grupo Cosco Limited compró el Puerto de El Pireo en 2009, exigió acabar con las prácticas monopolísticas.
Una minoría de países se resiste todavía a cambiar sus normas, presionados por los sindicatos del sector. Es el caso de Alemania, Chipre, Suecia y Noruega, que, aunque no forma parte de la UE, sí es miembro del Espacio Económico Europeo.
Bélgica está modificando actualmente sus leyes, porque la Comisión Europea también le ha abierto un procedimiento de infracción, aunque a diferencia de España, aún no le ha llevado ante la justicia europea. El Gobierno presentó una reforma el año pasado, pero Bruselas la rechazó al considerarla insuficiente y hoy día continúan los contactos.
El Gobierno español también lleva tiempo negociando con la Comisión Europea, sobre todo a raíz de la sentencia de 2014. La ley que está preparando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, va en la dirección de lo que pide el Ejecutivo comunitario, aunque habrá que esperar al texto definitivo para saber si España se podrá librar de la multa por haber incumplido la sentencia.
Entre otras cosas, el borrador del decreto acaba con la obligación para las empresas que quieran operar en puertos públicos españoles de entrar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y de contratar a uno de sus 6.156 estibadores.
El conflicto español
El expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés durante el gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, Raimundo Abando, con una experiencia de 35 años en el sector marítimo-pesquero, dibuja el siguiente panorama: “Desde hace muchísimos años, las empresas estibadoras a través de Anesco (la patronal del sector, que ha expresado su apoyo a la reforma propuesta por Fomento) tenían un pseudoacuerdo con los trabajadores. Son un colectivo particular, privilegiado desde el punto de vista económico y del funcionamiento, y Anesco estaba cómoda con esta postura, porque a quien se ha venido repercutiendo los sobrecostes es a las empresas de importación y exportación”.
Abando se refiere a cuestiones que llama “absurdas”, como el veto a las mujeres para entrar a trabajar como estibadoras o que los puestos se fueran heredando de padres a hijos, o a otros parientes y amigos.
En su opinión, son prácticas que provienen de la franquista Organización de Trabajos Portuarios (OTP), que habría derivado en las actuales Sagep.
Obando asegura que “durante décadas” se ha intentado abordar una reforma del sector, pero que las amenazas de paralizar los puertos han surtido efecto. “Cada vez que se llegaba a un acuerdo para que los trabajadores mantuvieran sus privilegios, el Gobierno miraba para otro lado”, explica.
Los grupos del Congreso
Para el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y responsable de Política Económica de IU, Carlos Sánchez Mato, “el verdadero origen del problema es el intento de liberalizar sectores. Dicen que va a entrar la competencia, pero esto no es real, porque lo que van a entrar son oligopolios”. Aunque coincide en que se pueden hacer reformas en los métodos de contratación de los estibadores, teme que bajo la idea de la liberalización se esté fraguando un recorte de derechos.
El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, opina que el Gobierno no puede seguir “arrastrando los pies como hasta ahora” en el cumplimiento de la sentencia europea, y aboga por un acuerdo en el que impere el diálogo para evitar perjuicios para las partes.
Más allá llega el portavoz de Podemos-En Comú Podem-En Marea, Félix Alonso, que ha registrado una petición de comparecencia para Íñigo de la Serna por este asunto. A su juicio, el Gobierno podría estar aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid” y querer usar la sentencia europea como argumento para desregular otro sector público y estratégico más. Su postura es que debe existir una regulación pública de la contratación de los estibadores.
Alonso admite que a su grupo le preocupa “mucho” la postura del grupo parlamentario socialista, porque es la voz que puede “desequilibrar la balanza”, y echar atrás el decreto en el Congreso, donde el PP no cuenta ya con mayoría suficiente para sacar adelante la ley.
Respecto a los socialistas, este diario ha intentado en repetidas ocasiones, sin éxito, recabar la opinión del grupo parlamentario sobre este conflicto. La presidenta andaluza, Susana Díaz, trasladó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) que pediría al grupo en el Congreso que “se oponga a validar el decreto del Gobierno” tal y como está redactado y que “promueva una modificación basada en el consenso”, según este sindicato.
Sindicatos
El responsable de comunicación de la Coordinadora, Miguel Rodríguez, explica que aunque el Gobierno ha abierto una vía de negociación que quieren “aprovechar al máximo”, el borrador del decreto está redactado para “acabar con los profesionales de la estiba en un plazo de tres años”. Asegura que la apertura a trabajadores con experiencia en otros países de la Unión Europea “no tiene que suponer ningún problema” y que el requerimiento que han puesto encima de la mesa es que se exija una cualificación profesional. “Para nosotros, el centro de la cuestión es la garantía de los puestos de trabajo”, añade.
Afirma que no le consta ningún intento de que les bajen los salarios, y que desearían que la Comisión Europea fuera parte de la mesa de negociación con Fomento, en la que volverán a sentarse el próximo martes día 14.