Vladímir Putin desea poner otro clavo en el ataúd de la transición energética europea. Apenas un año después de que la UE exhibiera su Fit for 55, el programa de descarbonización con el que el club comunitario pretende instaurar en todo el mercado interior una reconversión del modelo productivo para ser el primer territorio libre de emisiones de CO2 en 2050. Pero todas sus ambiciosas metas intermedias pueden verse alteradas por la amenaza del Kremlin.
De hecho, Rusia se jacta de haber forzado a varios socios de la Unión a extraer o quemar de nuevo carbón, el combustible fósil más demonizado por sus altos niveles de polución, y a incluir al gas dentro del elenco de fuentes limpias, así como a impulsar nuevas instalaciones gasísticas para acumular, vender y redistribuir sus flujos entre estados miembros. Es un botón de muestra más de la eficacia de la energía como arma arrojadiza de la diplomacia rusa contra Europa. Los objetivos para liberar de CO2 al club comunitario en el ecuador del siglo se han visto alterados: los europeos queman más carbón, planean nuevas terminales de gas natural licuado (GNL) y planifican gaseoductos por el mercado interior.
Putin ha vuelto a activar el detonador de la división colectiva europea. “Comprendo a gobiernos que han tomado la difícil decisión de asegurar el suministro energético de sus ciudadanos y sus empresas retornando a las fuentes fósiles clásicas”, admitía hace unos días el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en alusión a la compleja medida tomada por Berlín escasamente tres meses después de señalar al resto de la Unión y del mundo su intención de alcanzar la neutralidad energética en su mix eléctrico en 2035. “Las actuales restricciones del mercado de la energía son especialmente dolorosas para todos”, apuntaba Birol. De exhibir el músculo ecologista en Alemania se ha dado paso a un temblequeo de la locomotora europea.
No es el único. La Comisión Europea propuso el 14 de julio de 2021 la renovación del mercado de comercialización de emisiones de CO2 y una rampante hoja de ruta hacia las renovables, con un plan para apostar decididamente por el vehículo eléctrico en detrimento de los motores de combustión. Todo para alcanzar un recorte del 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Casi de un plumazo, la contienda bélica en Ucrania ha restablecido el valor del gas, que se unió a la taxonomía de Bruselas como energía limpia y que se ha convertido en la fuente esencial en el cálculo del recibo de la luz y en el elemento neurálgico sobre el que se configuran ya los planes de inversión corporativos de la industria y de otros sectores estratégicos para la actividad de la UE.
Europa adquiere el 40% del gas ruso y la tercera parte de su petróleo pese a que Putin ha hecho de la energía el arma favorita de su política exterior, enfocada a impedir pasos armonizadores y consensos de intereses mutuos entre sus vecinos occidentales. Y esa dependencia acarrea una serie de lastres. Por ejemplo, desde febrero las emisiones de CO2 procedentes del carbón han aumentado en más de un 6% respecto a los niveles de 2019, según la firma de análisis de mercados Kayrros SAS. Mientras, Moscú ha reducido sus envíos en metaneros y a través de los gaseoductos que unen sus yacimientos siberianos con Europa a menos de la tercera parte desde el máximo flujo registrado en marzo, según la AIE.
La excesiva dependencia de Rusia se ha ido asentando desde comienzos de siglo, un claro vestigio de la eficiencia de la diplomacia energética de Putin, explica Martin Bradley, de la firma de activos Macquarie. Y ahora “llevará entre cinco y diez años desacoplar la tupida red de conexiones con el Kremlin”. Así lo atestigua Alemania, que acaba de retrasar el cierre de plantas de generación eléctrica mediante carbón y combustibles fósiles para añadir a su mix energético nacional 10 gigawatios de capacidad, lo que elevará en un 20% las emisiones de su sector eléctrico el próximo año y otro 17% en 2024, calculan los expertos del Independent Commodities Intelligence Services (ICIS), centro de análisis que defiende métodos de economía circular y sostenibilidad.
Los analistas de Bloomberg NEF, unidad de investigación energética de la agencia informativa, ya avanzan que Europa tendrá difícil alcanzar su meta climática de 2030, teniendo en cuenta que Países Bajos ha dejado sin efecto el límite productivo eléctrico por carbón. Austria ha ordenado a sus compañías estatales utilizar esta fuente contaminante y Francia prepara sus plantas como reservas estratégicas para afrontar los rigores del próximo invierno. “Acondicionar de nuevo centrales térmicas requiere rápidas inversiones para la obtención de energía a corto plazo; aunque, por supuesto, provocará retardos en el control de emisiones que van a tener que posponerse necesariamente”, admite Peter Vis, antiguo alto cargo de política climática de Bruselas y ahora en la consultora Rud Pedersen Public Affairs.
Más gas licuado
Algunos socios, además, están invirtiendo en terminales para importar GNL y garantizar el abastecimiento a través de las infraestructuras gasísticas desplegadas en toda la UE. Y esta fuente energética, considerada de manera generalizada como más limpia que el carbón, no deja de tener sus detractores. La Comisión la incluyó en su taxonomía verde junto a la nuclear, pese a estar excluida expresamente en el Pacto Verde Europeo con el que se configuró la ambiciosa agenda climática de la Unión.
Aunque las emisiones de metano son, para no pocos científicos, mucho más dañinas que las expulsiones de CO2 a la atmósfera, hay una veintena de proyectos de plantas LNG en curso que se han propuesto gestionar más de 120.000 millones de metros cúbicos de combustible al año o el 80% del volumen exportado por Rusia a la UE en 2021, según FTI Consulting.
El armazón inversor de la UE, con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la cabeza, admite haber redirigido sus líneas crediticias preferenciales hacia proyectos de combustión fósil después de tener prácticamente en el limbo las solicitudes de préstamos a este tipo de centrales. El presidente del BEI, Werner Hoyer, admitía a finales de junio la necesidad de “adquirir mayores cotas de flexibilidad”, sin renunciar a “desplegar los mayores fondos en energías renovables y, muy en particular, en el hidrógeno”. De todas maneras, el club comunitario sigue teniendo como objetivo duplicar su capacidad solar desde los 320 gigawatios en 2025 hasta superar los 600 GW a finales de la década.
Alemania, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos anunciaron en mayo desembolsos conjuntos para convertir el Mar del Norte en una megagranja eólica capaz de proveer electricidad a 230 millones de hogares europeos en 2050. Una luz en medio del túnel del tiempo en el que parecen haber sumido a Europa las acciones del Kremlin. “Siempre es un riesgo elevar la cuota de emisiones, pero solo debería ser asumible si sirve para duplicar los esfuerzos en la transición energética hacia la eólica, la solar y el hidrógeno”, afirma Charles Moore, responsable de análisis en Ember, firma de investigación del mercado eléctrico, para quien la estrategia europea resulta inevitable porque, a su juicio, “no hay alternativa” a la táctica energética rusa.
Sobre todo, porque el invierno que se avecina creará un clima de sumo desconcierto. Y en estas aguas turbulentas, las medidas impulsadas por Putin suelen ser más efectivas. Algunas señales apuntan a que cualquier cierre de suministro ruso, sin los inventarios a rebosar y sin muchas opciones paralelas a las que acudir, sería especialmente pernicioso para la economía de la Unión.
El consenso del mercado, avisan en The Economist, apunta a restricciones deliberadas por parte de Putin en, al menos, dos momentos del próximo invierno, tendencia que intensificará durante 2023. El embargo occidental ha provocado un efecto bumerán, con la llave del veto energético en manos del Kremlin y Europa acelerando una transición energética en la que tendrá que dar varios pasos marcha atrás para coger impulso. El Instituto Ifo alemán cifra en un recorte de 3,4 puntos del PIB y en un aumento del IPC de 2,7 puntos el efecto de la interrupción del gas y crudo ruso a la UE. El FMI evalúa en un cálculo predictivo más agresivo por parte de Moscú unos números rojos del 2,5% al PIB de la UE en los próximos doce meses, con recesiones superiores al 5,6% en Eslovaquia, República Checa e Italia y del 6,4% en el caso de Hungría, el país peor parado por la táctica divisoria de Putin.