El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la ratificación del controvertido acuerdo comercial negociado por la Unión Europea y Canadá (CETA), lo que permitirá su entrada en vigor provisional esta misma primavera, a la espera de que los parlamentos nacionales den luz verde a su aplicación definitiva.
El pacto comercial ha sido respaldado con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto dividido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D). Los socialistas españoles han votado a favor del tratado.
Según explican fuentes europeas socialistas, ayer los miembros del S&D votaron fijar la posición ante el escrutinio de hoy. Belgas, británicos, franceses y austriacos defendieron oponorse a la aprobación del tratado. Sin embargo, una vez que todos los países representados en el grupo S&D ganó como postura mayoritaria refrendar hoy el CETA.
Las mismas fuentes explican que como no hay disciplina de voto, la mayoría de los miembros que representan a Bélgica, Francia, Reino Unido y Austria votaron en contra del CETA y también se le sumaron otros a título particular, ninguno de ellos español. Que no se acate lo decidido en el grupo parlamentario es “muy habitual” dicen estas fuentes.
Los Verdes y la Izquierda Unitaria se han opuesto a su ratificación, porque dudan de las garantías que ofrece en materia laboral, protección medioambiental y sanidad, y alertan del poder que da a las multinacionales frente a las leyes nacionales. También la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha anunciado el voto en contra de su grupo.
Mientras, en el exterior de la sede europarlamentaria en Estrasburgo (Francia) las plataformas contrarias al acuerdo de libre comercio y que critican la opacidad de las negociaciones han llevado a cabo una protesta pacífica que ha dificultada la llegada de eurodiputados a la sesión.
La Unión Europea y Canadá dieron por cerradas las negociaciones en agosto de 2014, pero el acuerdo definitivo no fue suscrito hasta octubre de 2016, tras superar los recelos de varios Estados miembros, en especial de Bélgica por el bloqueo 'in extremis' de su región valona.
Casi la totalidad de las disposiciones del acuerdo entrarán en vigor de manera provisional previsiblemente en el mes de abril, si la parte canadiense también ratifica en las próximas semanas el texto negociado.
Sin embargo, la aplicación definitiva y total del acuerdo --incluidos elementos controvertidos como los tribunales de arbitraje-- no será efectiva hasta que los parlamentos nacionales y regionales competentes en los países de la UE (hasta 38 cámaras) den su aprobación, lo que llevará varios años.
La Unión Europea cuenta con que el comercio de bienes y servicios entre las dos partes aumente un 25% con el CETA y que el PIB europeo crezca en unos 12.000 millones de euros al año.
En la actualidad, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Canadá se estima en unos 60.000 millones de euros anuales. El bloque comunitario es el segundo socio comercial de Canadá, mientras que el país norteamericano ocupa el puesto duodécimo en la lista de socios comerciales de la UE.
Debate sobre el tratado
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, intervendrá este jueves ante el pleno del Parlamento Europeo, en la que será la primera ocasión en la que un líder de este país se expresa en esta cámara.
En un debate previo a la votación, tanto la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, como una mayoría de eurodiputados han apuntado la relevancia “geopolítica” del CETA, por la oportunidad que ofrece para estrechar lazos con otros socios frente al giro proteccionista del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“En un momento en el que muchos están en contra de lo que defiende la UE: apertura, cooperación internacional, libre comercio. Y los que están en contra cuestionan los cimientos y el futuro de la UE”, ha asegurado la comisaria, que ha instado a demostrar que “el proteccionismo no funciona”.
También ha querido subrayar que “nada” en el acuerdo firmado con Canadá pondrá en riesgo los altos estándares europeos sobre la seguridad y calidad de alimentos y otros productos en el mercado comunitario.
El líder del PPE, el alemán Manfred Weber, ha ensalzado las virtudes del tratado comercial y ha pedido atender a los “hechos” frente a los “miedos” que alimenta la extrema derecha.
“¿Con quién podemos entendernos si no es con Canadá?”, se ha preguntado Weber, mientras que su compañero de filas, el español Francisco Millán Mon, ha opinado que “en el mundo de hoy no se puede estar en contra” del comercio internacional, porque es sinónimo de prosperidad y creación de empleo.
Para los liberales europeos, Europa debe asumir el “liderazgo” de la apertura comercial en el plano internacional frente a la nueva política estadounidense.
“No nos podemos imaginar mejor socio que Canadá, el país más europeo fuera de Europa”, ha dicho la portavoz de ALDE en el debate, Marietje Schaake, tras asegurar que se han tenido en cuenta las preocupaciones de los europeos en la negociación del CETA.
Aunque los socialdemócratas europeos han votado divididos, su jefe de filas, el italiano Gianni Pittella, ha apoyado la ratificación porque, si bien el CETA “no es un modelo”, “sí es el inicio” de una nueva política comercial europea y prueba de una “toma de conciencia” sobre la necesidad de esa evolución.
“No tenemos tantos compañeros de viaje que compartan nuestros valores en el mundo actual”, ha señalado, por su parte, la socialista española Elena Valenciano, para quien el acuerdo con Canadá “no es la panacea, ni el mejor (pacto) posible”, pero va “en la dirección adecuada”.
La Izquierda Unitaria, por su parte, ha criticado con dureza el “mal acuerdo” negociado con un buen socio, Canadá, en palabras de su portavoz en el debate, Anne-Marie Mineur.
“Venden la democracia a las multinacionales”, ha lamentado la eurodiputada española de Podemos Lola Sánchez, que ha intervenido vestida con una camiseta en contra del CETA y que ha afeado la “sordera” de los eurodiputados al “clamor popular” contrario al texto.