Aunque socialistas y populares siguen ostentando una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, nada ha vuelto a ser igual en Bruselas desde el inicio de la octava legislatura el año pasado. La oposición –que va de la izquierda a la extrema derecha– es más fuerte que antes y ante cualquier disensión entre las dos principales familias (PPE y S&D) las grandes medidas parecen imposibles de sacar adelante. Es lo que ocurrió la semana pasada en la Comisión de Transportes, donde fue rechazada una propuesta para incluir el sector de los transportes –especialmente el ferroviario y el naval– en la ronda de negociaciones del TTIP.
El TTIP (por sus siglas en inglés) es el tratado de comercio y libre inversión que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, una polémica negociación en la que la Comisión Europea tiene la competencia exclusiva del lado de la UE. La Eurocámara se arroga el papel de vigilante de la negociación y su voto será crucial en la votación final, pero mientras tiene lugar la negociación el Parlamento Europeo solo puede hacer recomendaciones.
Y una recomendación o proyecto de opinión es lo que llevó el eurodiputado holandés Win Van de Camp (Partido Popular Europeo) a la Comisión de Transportes de la Eurocámara el 27 de marzo. La propuesta, que fracasó, consideraba “lamentable que no se haya incluido ninguna cuestión relativa al transporte en el mandato de la Comisión para negociar” el TTIP.
Van de Camp también lamentaba “las fuertes restricciones existentes en el sector estadounidense del transporte aéreo en materia de propiedad extranjera y de control de líneas aéreas”. Citaba como ejemplo “el desequilibrio entre las restricciones del derecho de cabotaje impuestas por EEUU y las libertades de las que disfrutan las líneas aéreas estadounidenses en los Estados miembros”. Y criticaba “que las empresas de la UE ven obstaculizado su acceso al mercado en lo que respecta a las inversiones en grandes infraestructuras de transporte como los proyectos ferroviarios”.
El ISDS, la gota que colmó el vaso
En definitiva, la propuesta del representante del PPE era una denuncia del “proteccionismo” estadounidense en materia de transporte. Pero la oposición, incluido el grupo socialista, la segunda familia más numerosa, no terminó de ver que la distorsión competitiva fuera a solucionarse incluyendo estas cuestiones en el TTIP. Por diversas cuestiones.
Casi todos los eurodiputados consultados (miembros del izquierdista GUE, los Verdes o Europa por las Libertades y la Democracia Directa, el grupo en el que conviven el eurófobo Nigel Farage con Beppe Grillo) rechazaron en diversas enmiendas que el proteccionismo de EEUU fuera utilizado como moneda de cambio para desbrozar el transporte, especialmente el público, en los 28 estados miembros. Cada país va a su aire en materia de transportes, caso del ferrocarril: una mayoría de los 28 países rechaza ya liberalizar.
De hecho, los eurodiputados socialistas Jörg Leichtfried, Christine D'Allonnes Bonnefoy y Lucy Anderson plantearon reclamar a la Comisión Europea “garantías de que el TTIP no requerirá a los países liberalizar o privatizar los servicios de transporte públicos”. Durante la Comisión de Transportes funcionó esta alianza progresista y las mociones del PPE fueron descartadas reiteradamente.
La gota que colmó el vaso fue una enmienda que pedía no solo eliminar el sistema de arbitraje ISDS (un sistema de arbitraje ad hoc que la Comisión está negociando y que se utilizaría para resolver conflictos entre un inversor y un Estado cualquiera) de toda negociación relativa a los transportes; se pedía también excluir los ISDS del TTIP.
Sorprendentemente, la propuesta salió adelante y el PPE se vio obligado a retirar la enmienda de Van de Camp ante el riesgo de hacer recomendaciones muy diferentes al texto original del europarlamentario holandés. Con ello, los partidarios del TTIP sufrieron un fuerte varapalo el 27 de marzo en Bruselas.