El exfutbolista del FC Barcelona y RCD Espanyol Iván de la Peña ha solicitado la baja voluntaria del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable y la exclusión de negociación de las acciones de la sicav que creó en 2002, Peñasen 2002, según recoge una nota remitida este miércoles al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Con ese trámite, la sicav del ex mediapunta cántabro, que se retiró del fútbol profesional en 2011, se convierte en sociedad de responsabilidad limitada y dejará de estar acogida a ese régimen. El escrito está fechado el 17 de diciembre, unos días antes de que, a finales de ese mes, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos pactara trasladar la supervisión de estos vehículos financieros, utilizados especialmente por grandes patrimonios, a la Agencia Tributaria, modificar su fiscalidad y controlar a sus socios.
El exfutbolista del Barça, de 43 años, era el presidente de esta sicav, que administraba junto a su esposa, Lorena Asensi (hija del ex capitán del Barça Juan Manuel Asensi) y que gestionaba Bankinter.
A cierre del primer semestre de 2019, último dato disponible en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sicav de Iván de la Peña atesoraba un patrimonio de 4,421 millones de euros y tenía tres accionistas. En sus cuentas de 2018, Peñasen explicaba que “al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, dos accionistas, personas físicas, poseían acciones que representaban el 99,99%, en ambos ejercicios, de la cifra del capital social”.
De la Peña, que según informó La Sexta en 2015 aparecía en la denominada Lista Falciani de clientes del banco británico HSBC en Suiza, se suma así al nutrido número de fortunas españolas que en los últimos meses han decidido sacar de circulación sus sicavs, entre las que hay muchos empresarios anónimos, pero también figuras de la nobleza, varios multimillonarios acogidos a la amnistía fiscal y expolíticos del PP.
Otros dueños de sicav (como los propietarios de las pipas Facundo, que crearon la suya tras acogerse a la amnistía de 2012) las mantienen activas, pero las están vaciando.
El debate sobre las sicavs está centrado en la supervisión, que desde 2005 recae en la CNMV, pero el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos defiende un “mayor control” sobre ellas trasladando esa facultad a la Agencia Tributaria, y aboga por “requisitos adicionales” para la aplicación del tipo impositivo reducido para asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, estableciendo, por ejemplo, un tope de concentración de capital a manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas).
En el acuerdo que en 2016 suscribieron PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ya se establecía la devolución a la Agencia Tributaria del control de las sicavs y que solo contaran como accionistas aquellos con una participación superior al 0,55 % para evitar la figura de los denominados “mariachis” o accionistas testimoniales.
Esas medidas nunca se adoptaron pero los datos reflejan que a partir de entonces ha caído drásticamente la constitución de nuevas sicav en España. Hace unos días, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, alertó sobre el riesgo de deslocalización de estas sociedades y dijo que “sería una pena” que el nuevo Gobierno acabase con las sicavs, por lo que pidió un debate “sano y claro” sobre su regulación para que cese la incertidumbre. Por su parte, la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, reconoció la semana pasada que está aconsejando a sus clientes con sicavs que se las lleven a Luxemburgo ante las dudas sobre su futuro.
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