Los expertos avalan al Gobierno para imponer un mínimo común de los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio

La fuerte competencia de los paraísos fiscales y los territorios de baja tributación a la hora de atraer la sede de las empresas y, con ello, erosionar los ingresos de otros países provocó que el año pasado se firmara un acuerdo histórico entre más de un centenar de naciones para imponer un tipo mínimo del 15% en Sociedades. Esta medida para intentar evitar la carrera a la baja sirve ahora a los expertos que han elaborado el Libro Blanco con propuestas para la reforma fiscal en España para justificar una armonización en impuestos como Sucesiones o Patrimonio en España. El Gobierno logra, con ello, el aval para justificar esta medida reclamada por algunas comunidades frente a la carrera a la baja que ha enarbolado la derecha, especialmente el PP, allí donde gobierna.

Saber si era posible la armonización era uno de los aspectos que el Gobierno quería aclarar con este informe. En los encargos que se hicieron a estos 17 expertos figuraba un apartado sobre la “aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial”. Por ello, la tributación patrimonial protagoniza uno de los bloques en los que se estructura este informe, junto con el Impuesto sobre Sociedades, la tributación verde o la fiscalidad de la nueva economía digital y del emprendimiento.

El primer aspecto en el que el Gobierno recibe el respaldo de los expertos frente a las campañas del PP es el propio mantenimiento y la legitimidad de estos tributos sobre la riqueza. Los partidos de la derecha, también Ciudadanos y Vox, han hecho bandera política y electoral de la eliminación de ambas figuras. Ahora, el comité de catedráticos que ha elaborado este informe aboga, sin embargo, no solo por mantenerlas sino por evitar que se “vacíen de contenido”, como señalan que están haciendo algunas comunidades, sin citar a ninguna en concreto. Los argumentos para mantener esta figura utilizados por los encargados del estudio abordan varios aspectos, como “el fuerte arraigo histórico” que tiene en España o que a nivel internacional el aumento de las desigualdades haya llevado a distintos organismos —como OCDE y FMI— a plantear un aumento de la tributación patrimonial.

Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido el presidente de este comité de expertos y se mostró este jueves crítico con la situación de este impuesto en España. “La defensa de matices del principio de autonomía no puede llevarnos al vaciamiento de los impuestos patrimoniales, y desgraciadamente es hacia donde vamos”, apuntó. El coordinador del informe reconoció que un elemento que centró buena parte del debate fue la búsqueda de un equilibrio entre lo que es la autonomía que tienen los distintos territorios en materia fiscal y la eficiencia de esta tributación.

“El gravamen de la riqueza personal es un instrumento tributario justificado, principalmente, por motivos de equidad horizontal y vertical”, defiende el documento hecho público este jueves tras casi un año de deliberaciones. Del mismo modo, se justifica el mantenimiento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo que ha sido denostado por la derecha con distintos argumentos como su vínculo con la renuncia de herencias, que los datos no respaldan. “Debe mantenerse el tributo dado que grava una manifestación directa de capacidad económica como son los incrementos patrimoniales obtenidos por personas físicas”, defiende el documento.

Otro de los argumentos que justifica el mantenimiento de estos impuestos por parte del comité de expertos es que “no son las figuras impositivas más adecuadas para su descentralización” ya que, en la medida en que existen distintos niveles de tributación, pueden provocar que algunos patrimonios se muevan por el territorio hacia aquellas regiones más beneficiosas, generando competencias entre comunidades. Esto, señalan, podría “vulnerar el principio de solidaridad”. “La competencia fiscal nociva ha conducido a una aplicación desigual del grado de tributación efectiva en la imposición patrimonial entre los ciudadanos”, subraya.

Siguiendo la justificación del comité, si se entiende que el impuesto debe existir por su capacidad redistributiva y si la competencia fiscal entre comunidades vulneran la solidaridad territorial, se concluye que debe existir una armonización a nivel nacional. Por ello, propone que haya un “mínimo de gravamen efectivo” fijado por el Estado, responsable de la regulación, aunque su recaudación esté cedida a las autonomías. A ello se suma establecer límites para las reducciones y bonificaciones. Esto afecta muy claramente al caso de Madrid, la única comunidad que ha decidido no aplicar este impuesto al bonificarlo al 100%. Según los datos de la Agencia Tributaria, la Comunidad deja de ingresar más de 900 millones de euros al año con esta bonificación.

Un mínimo más alto y un tipo más bajo

Eso sí, si bien el comité concluye que el impuesto debe existir y debe ser armonizado, se certifica que debe ser “actualizado”. Los cambios que propone el informe van en dos caminos: el mínimo exento y el porcentaje que se aplica del impuesto. En el primer caso, propone que el mínimo exento se amplíe de los 700.000 euros al millón. Lo justifica al señalar que, aunque en esa horquilla se encuentran la mayor parte de declarantes, su aportación es pequeña sobre el total de la recaudación. El segundo punto supone rebajar los coeficientes que se aplican: plantea limitarlo a un mínimo del 0,5% y a un máximo del 1%. Actualmente va del 0,2% al 3,5% en la normativa estatal.

Esta es la propuesta del comité de expertos. Ahora está en manos del Gobierno decidir qué aplica y cómo, pero la argumentación planteada por el informe va en línea con la que había señalado la ministra María Jesús Montero este mismo año, cuando apuntó que es “deseable” una armonización frente al “dumping fiscal” que han denunciado algunas comunidades. Hasta la fecha, el Ejecutivo había evitado aplicar grandes reformas en los distintos tributos hasta que se conociera el contenido de este informe y, con su publicación, obtiene el respaldo para poder emprender este cambio que han reclamado distintas comunidades, en especial la Comunitat Valenciana.

En el lado opuesto se encuentra el PP. El partido planteó en diciembre, en una enmienda a los Presupuestos Generales, una propuesta de reforma fiscal con 10.000 millones de reducción de ingresos, eliminando algunos tributos como Patrimonio y Sucesiones. En las comunidades donde gobierna ya ha ido aplicando fuertes reducciones en Sucesiones que provocan que buena parte de las herencias apenas tributen o en Patrimonio. Uno de los principales rostros en esta batalla en favor de eliminar estos tributos y en contra de la armonización ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Llegó a aprobar a comienzos de año una ley de autonomía fiscal para intentar blindarse ante una eventual armonización fiscal en España.

“Esta iniciativa del Gobierno de la nación sólo busca subir los impuestos a los madrileños y mermar la libertad de la región para gestionar su economía”, llegó a señalar entonces el Ejecutivo autonómico. Esta reforma aplicada en Madrid fue respondida por la propia ministra de Hacienda, quien señaló que “ningún parlamento autonómico puede legislar por encima de una ley orgánica” y añadió que “cuando se dice que se va a blindar a la comunidad autónoma de una futurible modificación de la ley orgánica o se tiene un absoluto desconocimiento o se está engañando a los ciudadanos”.

El informe del comité de expertos abre, por tanto, un nuevo capítulo en esta disputa política. De un lado, el Gobierno, que obtiene el respaldo del Libro Blanco para su argumentación en favor de mantener este impuesto y de imponer un mínimo de tributación en todo el territorio, como reclamaban distintas comunidades socialistas y gobernadas por otros socios del Ejecutivo. En el otro lado, el PP, con sus propuestas en contra de la armonización y de la eliminación del impuesto. En el pasado, el partido, ahora inmerso en un proceso para el relevo de Pablo Casado, ya había expuesto sus dudas sobre la independencia de este comité de expertos y, por tanto, de sus conclusiones. El debate está lanzado.