Los expertos calculan que la renta disponible (el bolsillo) de las familias sufrirá un recorte de cerca de 2,2 puntos porcentuales como consecuencia de la inflación de guerra de este 2022. En euros, la escalada de los precios restará 16.700 millones de poder adquisitivo a las hogares de España, según las previsiones que comunicó el centro de análisis Funcas justo después de conocerse que el IPC (índice de precios de consumo) de marzo aceleró un 9,8%, respecto al mismo mes del año pasado. La tasa, récord desde 1985, y precedida por un 7,6% interanual en febrero, barrió todas las expectativas, que de media apenas superaban el 8%.
El IPC suma ya 6 meses por encima del 5%. Y la estimación de Funcas para la inflación media del conjunto del año se quedaría en el 6,8%, mientras que, en su opinión, el techo del incremento de los precios se vería en abril, siempre que la invasión de Ucrania finalice en este segundo trimestre.
“En un escenario de continuación de las presiones en línea con los tres primeros meses del año, la tasa de inflación anual se situaría en promedio en el 8%”, calcula, por su parte, la agencia de calificación de deuda Scope Ratings.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó este miércoles que el 73% del incremento de precios responde al encarecimiento de la energía y de las materias primas por la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia. Tras ser preguntada por cuándo espera el Gobierno la desescalada de la inflación, situó la misma en la limitación del precio a la generación de electricidad a partir del gas (prioridad del Plan de respuesta al impacto de la guerra).
“En las próximas semanas podremos contar” con la autorización de la Comisión Europea para poder desvincular este precio del gas del mercado de electricidad y a partir de ahí iniciar la senda de descenso del IPC, concluyó.
“Nada hace presagiar que esta tendencia [de subida de los precios] esté próxima a su fin porque las medidas no se están implementando con la celeridad que reclama esta situación”, lamenta, sin embargo, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. “La falta de seguridad de la ciudadanía sobre que el Plan de choque del Gobierno aprobado este martes vaya a ser suficiente sigue latente”, continúa.
“Los precios de la energía están absolutamente fuera de control”, reconoce Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, quien considera que “este es ahora un territorio de pánico del tipo que puede hacer que los gobiernos sean derrocados, por lo que espero que se anuncie más apoyo político más temprano que tarde”.
Los expertos de Funcas consideran que las medidas del Plan de respuesta al impacto de la guerra, “paliativas y de corto plazo”, apenas aliviarán en un punto porcentual la inflación, “y aumentarán el déficit”, por el mayor gasto público y los menores ingresos ante el menor crecimiento económico como consecuencia irremediable.
El efecto base
El efecto base, es decir, la observación desde qué dato en 2021 parte la aceleración del IPC en 2022, ayudará a reducir la escalada de la inflación en los próximos meses. Mientras que el IPC interanual de febrero de 2021 fue ligeramente negativo -respecto a 2020-, en marzo del año pasado avanzó un 1,2% (ver gráfico).
En abril de 2021, ya se fue al 2,2%, en mayo al 2,7%, igual que en junio del pasado ejercicio. Esto quiere decir que los datos de los próximos meses de 2022 parten ya de cifras elevadas, que siguieron subiendo en la segunda parte del año, sobre todo con los primeros picos de la energía, que harán de freno este año en términos comparativos, en línea con las previsiones de los expertos y del Gobierno.
Pacto de rentas
“El pacto de rentas es más urgente que nunca y debería afectar a todo: beneficios empresariales, salarios, alquileres, pensiones...”, advierte Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la UCM y subdirector de Fedea.
El plan de choque ya ha limitado al 2% la actualización de los alquileres de viviendas durante tres meses. Por el lado de las pensiones, Funcas considera que el gasto, ligado al IPC, se disparará en 10.000 millones este año. “Como parte del pacto de rentas, es necesario evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista”, avisó este martes Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Por último, en el pulso entre empresas, que sufren un incremento de costes, y trabajadores, que se ven asfixiados por la subidas de los precios en general y en concreto de la electricidad y de los alimentos básicos, “la pérdida de rentas debe ser compartida”, destacó Hernández de Cos.
El gobernador recomendó “evitar la adopción de medidas generales o excesivamente rígidas, dada la heterogeneidad de sectores, empresas y trabajadores, permitiendo que el ajuste no recaiga en los colectivos más vulnerables”.
Y propone “compromisos plurianuales en los aumentos salariales, complementados, en su caso, con compromisos en la protección del empleo [también contemplada en Plan de choque], que aporten certidumbre a los agentes en sus decisiones de consumo e inversión”. Un esfuerzo combinado con “compromisos de moderación de los márgenes empresariales, para asegurar la competitividad de las empresas españolas y que el crecimiento económico se resienta lo menos posible”, concluyó.
La importancia del BCE
Uno de los mayores desequilibrios para la economía de España es el déficit presupuestario. “Todavía se situará en el 4,5% [gasto frente a ingresos respecto al PIB] en 2023”, advierten los expertos de Funcas. “La deuda pública, por su parte, superará el 112% del PIB el próximo año; y probablemente la carga de intereses ya ha tocado fondo y a partir de este 2022 comenzará a incrementarse”, añaden.
El mayor coste de la deuda depende del Banco Central Europeo (BCE) que se encuentra en la disyuntiva de responder al pico de inflación retirando dinero del mercado de deuda y subiendo los tipos de interés oficiales (que están en mínimos) sin ahogar a los estados y a las empresas y familias más endeudadas con ese endurecimiento de las condiciones de financiación.
“En esta crisis nos encontramos con una situación muy específica, en la que la inflación está impulsada sobre todo por impactos por el lado de la oferta, junto con una desaceleración del crecimiento económico”, explica Scope Ratings. “En otras palabras, las subidas de tipos por parte del BCE en la situación actual no podrían abordar directamente los efectos inflacionistas relacionados con las subidas de los precios de la energía. Por lo tanto, esperamos que la institución actúe con flexibilidad, en línea con sus mensajes recientes”, añade la agencia.