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El impuesto sobre las socimis negociado por Sánchez e Iglesias tendrá un impacto limitado, según los expertos

Inmueble en Madrid de VBare, socimi de vivienda en alquiler.

Diego Larrouy / Marina Estévez Torreblanca

El Gobierno y Unidos Podemos están trabajando para implementar un impuesto a las socimis, tal y como avanzó eldiario.es. Supone un cambio respecto a su situación actual de estos vehículos de inversión inmobiliaria, en ocasiones criticados por su baja fiscalidad. Sin embargo, los analistas financieros consideran que el impacto va a ser más bien reducido.

Las negociaciones entre PSOE y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado avanzan y se contempla la creación de un impuesto para este tipo de sociedades inmobiliarias. En concreto, esta propuesta supondría gravar con un 15% en el impuesto de Sociedades el beneficio que obtengan estas empresas y que no se distribuye.

En la actualidad, las socimis tienen una serie de ventajas fiscales que, fundamentalmente, supone que paguen el 0% en Sociedades. A cambio, están obligadas a repartir al menos el 80% del beneficio entre sus accionistas. De este modo, el nuevo impuesto afectaría a ese 20% que no reparten.

“El impacto me parece que será limitado”, comenta Gonzalo Sánchez, analista de Gesconsult. El experto considera que será “tan fácil” como repartir el 100% del beneficio a dividendo. Así, entiende que esto se traducirá en que para realizar compras o inversiones, en lugar de utilizar esa parte del beneficio que ahora pasaría a estar gravada, se opte por otras operaciones como ampliaciones de capital o endeudamiento.

En esta idea coincide Gonzalo García Andrés, miembro de Analistas Financieros Internacionales. Considera que lo que se crea es un “incentivo” para repartir el 100% del resultado entre los accionistas de la sociedad. Añade que, aunque ese 20% que no están obligados a dar en dividendos se quede sin repartir, estará gravado al 15%, una tasa inferior al impuesto de sociedades de una compañía normal.

Pese a ello, García Andrés apunta que en cierto modo “se reduce la ventaja fiscal” que tienen las socimis, ya que se avanzaría en su igualación con otras sociedades o con lo que tendría que aportar un inversor individual. Sin embargo, asegura, no parece probable que acudan a otros vehículos de inversión. “Es difícil que haya una alternativa con las ventajas de una socimi”, subraya.

En este sentido, Sánchez, de Gesconsult, defiende que serán las socimis más pequeñas, que gestionan un único patrimonio y que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), las que deberán ver si les compensa seguir como socimi. “Yo creo que en las más grandes no debería haber un impacto significativo”, subraya.

El sector no valora la medida

Mientras tanto, el sector mantiene un perfil bajo públicamente. Socimis como Merlin, que cotiza en el Ibex 35, han criticado en los últimos meses la posibilidad de que se cambiasen las ventajas fiscales de las socimis. Aseguran que tendría un efecto negativo sobre los inversores, que llevarían su dinero a otros países.

Este medio ha contactado con las socimis más grandes del mercado que han preferido no valorar la propuesta hasta que se confirmen las características de este nuevo impuesto. Fuentes del sector aseguran, en cualquier caso, que si el objetivo es frenar el crecimiento de los precios del alquiler esta medida no tendrá impacto, puesto que defienden que tienen una pequeña porción de todo el parque de vivienda en alquiler en España.

En esta idea incide Sánchez, de Gesconsult. El analista defiende que el precio bajará cuando se incremente la oferta y que para ello se debe incentivar la promoción. “En los últimos años pese al alza de la economía no se ha abierto nuevo suelo”, argumenta. Señala también la necesidad de acotar la vivienda turística.

Sin embargo, distintas organizaciones como los sindicatos de inquilinos han puesto a este tipo de sociedades en el centro de las responsabilidades de la subida de precios en los alquileres. Elevar los impuestos a estas empresas era una de las peticiones de Unidos Podemos en su propuesta de Presupuestos Generales, presentada hace unas semanas. La organización ha visto como “un avance en la buena dirección” esta medida.

En conclusión, Sánchez apunta que el principal problema puede ser el “mal precedente” que siente un cambio legislativo y lo compara al problema que hubo con la inversión en renovables en España. “El inversor necesita un marco estable y es posible que esto haga que decida no entrar en España”, apunta.

En la actualidad hay unas 65 socimis cotizando y otra ya prepara su salida a Bolsa para los próximos días. Han sido las protagonistas de buena parte de los movimientos en el parqué en los últimos años, especialmente en el MAB. La mayoría están especializadas en un tipo de activos, ya sean oficinas, centros comerciales, locales o edificios logísticos. También en vivienda, donde destaca sobre todos Blackstone, que cuenta con cuatro socimis de alquiler residencial, tras la adquisición de Testa, la mayor empresa de este tipo. El fondo estadounidense suma ya más de 20.000 viviendas.

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