La crisis migratoria actual ha aumentado el número de personas que se mueven por todo el mundo hasta cifras nunca vistas desde la II Guerra Mundial. De todas ellas un porcentaje termina recluido en centros a la espera de una resolución sobre su futuro.
En su libro El negocio de la xenofobia, la jurista y activista francesa Claire Rodier pone en cuestión la relación entre empresas privadas cuya actividad depende del control migratorio y el endurecimiento de las leyes y actuaciones policiales de cara a rentabilizar ese tipo de centros. Ahora, a las compañías veteranas en el sector acaba de unirse la española Ferrovial, que se suma al grupo de empresas que hacen negocio con los centros de detención de inmigrantes.
Ferrovial
A finales del mes pasado, la constructora que preside y controla Rafael del Pino se garantizaba el control de la australiana Broadspectrum. Con esta adquisición, Ferrovial, que entra de lleno en un mercado todavía no muy transitado por las empresas españolas, el australiano, llevaba dos años luchando por la adquisición de Broadspectrum, pero tuvo que ser una sentencia de inconstitucionalidad sobre uno de los centros de detención gestionados por la australiana lo que precipitó los acontecimientos.
Broadspectrum, antes conocida como Transfield, lleva años generando protestas en Australia por su gestión de los centros de detención de inmigrantes y refugiados en Nauru y Manus, situados en los países oceánicos de Nauru y Papúa Nueva Guinea, respectivamente. Ambos son financiados por el Gobierno australiano, que con esta externalización de la frontera persigue evitar la llegada de personas que quieran acceder por mar a Australia. Multitud de ONG han denunciado las situaciones que tienen lugar entre las paredes de los centros, como abusos sexuales a niños y mujeres o pésimas condiciones de vida de los internos.
Ferrovial, tras adquirir Broadspectrum, aseguró en una nota de prensa que ambos centros de detención no fueron “un elemento relevante en la valoración de la compañía” y que “dichas actividades no formarán parte de la oferta de servicios de Broadspectrum en el futuro”. Pero ya antes de la adquisición en febrero la compañía australiana extendió su control sobre los dos centros por un año más, aunque su intención era firmar un amplio contrato de 5 años que finalmente no se concretó.
Los centros son parte importante del negocio de Broadspectrum. Si bien este cayó de 2014 a 2015 un 2%, a finales del año pasado le reportó 285 millones de dólares netos.
G4S
Prácticamente desconocida para la gran mayoría, esta empresa británica dedicada a proveer servicios de seguridad es una de las mayores empleadoras del mundo, con más de 600.000 trabajadores. Su cartera abarca sectores como la industria extractiva (petróleo, gas y minería), instituciones financieras o el transporte. Pero una de las patas más importantes está en el control de fronteras y los flujos migratorios.
Reino Unido es uno de los países donde G4S tiene mayor presencia en centros de detención. En 2014, el Ministerio del Interior británico publicó que G4S y otras empresas del sector se aprovechaban de los internos, a los que hacían trabajar con sueldos de miseria. Calcularon que por las 45.000 horas de trabajo que hicieron en mayo de 2014 pagaron 45.500 libras. The Guardian hizo la proyección y demostró que, de haberles pagado el salario mínimo, el coste habría sido seis veces mayor, superior a las 280.000 libras. No obstante y como denuncia The Mirror, pese a esa denuncia, el Gobierno británico es uno de los clientes principales de G4S.
La compañía británica era la encargada de controlar los centros de Manus y Nauru hasta que pasaron al control de Broadspectrum. El grupo mediático australiano Fairfax Media investigó los costes del centro y extrajo algunas conclusiones impactantes, como la de que el coste diario que suponía cada interno para el Gobierno australiano era de unos 900 dólares, el equivalente al precio de una suite lujosa en un hotel de cinco estrellas de Sydney. Fairfax Media también denunció el uso de paraísos fiscales por parte de la división australiana de G4S en lugares como las Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán o Luxemburgo.
Serco
Gran Bretaña es la gran cuna de los servicios de seguridad, especialmente si hablamos de centros de detención de inmigrantes. Serco es otra de las compañías especializadas en este ámbito y que como G4S también opera en Australia, donde está en la carrera por hacerse con un contrato valorado en 1.000 millones de dólares. Un periodista de The Global Mail se infiltró como trabajador en uno de los centros de detención de inmigrantes gestionado por Serco y documentó de primera mano las pésimas condiciones en las que mantenían a los internos, mucho peores que las de una cárcel.
La empresa no se limita al territorio australiano. The Guardian sacó a la luz en 2015 un documento en el que Serco buscaba ampliar su negocio en Estados Unidos. Bajo el mandato de Barack Obama ha crecido el uso de los controvertidos centros de detención para familias migrantes, especialmente para las procedentes de Centroamérica. Aunque están gestionados por el Estado, la compañía británica tiene en marcha una campaña de lobby en Washington para que en un futuro pasen a su poder.
Serco ha sido una de las empresas que ha puesto el grito en el cielo con la crisis de refugiados, tras ver cómo sus ingresos descienden por la mayor afluencia de personas de larga estancia en sus centros. Según denuncian, tener en sus instalaciones a un solicitante de asilo durante un año tiene un coste de 4.500 libras, un montante superior a las 3.500 que les paga el Gobierno británico. Estas cifras no han impedido la firma de un contrato de 115 millones de libras para seguir ofreciendo este servicio hasta 2019.
GEO
Esta compañía radicada en Florida es la gran dominadora en Estados Unidos. La frontera con México es su principal fuente de internos pero su negocio se extiende por todo el territorio americano. El número de personas que cruza la frontera desde el país centroamericano ha descendido hasta niveles de 1970, pero el gasto del Gobierno en la zona ha aumentado considerablemente desde 2006, lo que se ha traducido en 14.000 camas más que en ese ejercicio.
Actualmente, GEO controla cinco de los diez mayores centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos. El coste para sus cuentas es de unos 100 dólares por interno, pero su rentabilidad y los ingresos no ha hecho más que crecer. Según el Center for American Progress, los cuatro millones de dólares gastados por GEO para hacer lobby en Washington han dado sus frutos: si en 2005 los contratos con el Gobierno estadounidense suponían un 27% de sus ingresos, en 2014 ya eran el 42%.
Uno de los centros más importantes gestionados por GEO es el de Adelanto, en el Estado de California y que, como el propio grupo explica en su web, tiene capacidad para casi 2.000 personas. Según Los Angeles Times, la última ampliación del centro tuvo un coste para la empresa de 45 millones de dólares, pero la reforma ha supuesto un aumento de 21 millones en sus beneficios anuales. GEO no es la única beneficiada, ya que un regidor de la localidad aseguró que cada cama ocupada por un interno se traduce en 75 centavos diarios para las arcas de la ciudad.