El negocio de crédito al consumo es uno de los más castigados en el sector bancario por la crisis de la COVID-19, debido a la caída del consumo, especialmente durante el estado de alarma. Buena prueba de ello son los resultados de Santander Consumer Finance, la filial de este negocio del Banco Santander, que se han registrado este jueves en la CNMV. En concreto, esta filial de la entidad que preside Ana Botín recortó un 99% el beneficio en el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior, hasta los 5,5 millones de euros. El banco atribuye en las cuentas registradas en el supervisor este recorte a los efectos de la crisis del coronavirus, además de algunos ajustes contables en algunas de sus filiales, especialmente en sus filiales española y Nordics. Sin estos efectos contables que considera no recurrentes, el recorte del beneficio atribuido habría sido notablemente inferior y habría sido del 45%, hasta los 331 millones de euros, especialmente por “el aumento de las provisiones de crédito” con motivo de la COVID-19.
“La actual pandemia del COVID-19 ha afectado a nuestro negocio en el semestre, y la continuidad de esta pandemia o cualquier brote futuro, podría tener un impacto material y adverso en nuestro negocio, en nuestra situación financiera, en la liquidez y en los resultados”, señala la entidad en el documento presentado en la CNMV.
En este sentido, el banco reconoce que el número de solicitudes de crédito ha disminuido “a niveles cercanos a cero” en ciertos negocios y países debido al cierre de la actividad en tiendas físicas, como es el caso de los concesionarios de automóviles. Sin embargo, apuntan que se han empezado a mostrar una recuperación posterior. La entidad añade que actualmente tiene casi el 5% de toda su cartera de créditos en España vinculada a los planes de moratoria para la devolución de préstamos. En concreto son 5.472 millones de euros.
Santander Consumer Finance explica en sus cuentas del primer semestre que la COVID-19 está afectando a todas las líneas del balance. Por ejemplo, apunta que en el caso de intereses o comisiones, “se han visto impactadas por los menores niveles de actividad” debido a las limitaciones para la actividad económica.
Ante los riesgos que pueda haber para la entidad en lo que se refiere a un aumento de la insolvencia, el grupo explica que las dotaciones en el primer semestre han sido de 514,9 millones, con un fuerte aumento respecto al año anterior para “afrontar las posibles consecuencias de la pandemia”. El banco apunta que hay “signos iniciales de deterioro en las carteras como consecuencia del impacto de COVID-19, aunque no se ha materializado de forma relevante hasta el momento, por el efecto mitigador de las medidas de soporte puestas en marcha”.
El fondo para insolvencias con el que cuenta el banco a 30 de junio es de 2.179 millones de euros, con una cobertura de la morosidad de 101,40%, calculada con las provisiones contables sobre el total de los activos dudosos, “ya sea en situación de mora simple, precontencioso, contencioso o dudoso no precontencioso”. La ratio de cobertura para este tipo de créditos problemáticos se ha incrementado en 1,80 puntos respecto a 2019.
La filial del Banco Santander defiende que confía en sus “fortalezas y modelo de negocio” para mitigar el impacto del COVID-19: “tenemos la escala necesaria, una amplia base de clientes y buena diversificación geográfica y por negocios”. Sin embargo, reconoce que se están “activando acciones de gestión de costes”. Estas medidas incluyen el ajuste en la compensación variable del personal, posponer inversiones y reducir el gasto en consultoría, la reducción del gasto en viajes o recortar la inversión en marketing. Con todo, prevé un ahorro de 100 millones de euros. “Todavía es demasiado pronto para poder concluir los efectos macro y financieros de la actual crisis sanitaria y por tanto el impacto que pueden tener en los objetivos del grupo a medio plazo, si bien el grupo tiene previsto revisarlos una vez se estabilice la situación y anunciarlos al mercado”, apunta el documento.