Eulen Servicios Sociosanitarios SA, la filial de Eulen que aglutina su negocio de atención a personas de la tercera edad, repartió en diciembre pasado a Eulen SA, dueña del 99,99% de sus acciones, un dividendo récord de 50 millones de euros. El reparto se realizó poco antes de que estallara la crisis del coronavirus y tras la notificación a esa filial por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del inicio de actuaciones de “comprobación” sobre IVA y Sociedades correspondiente a varios ejercicios, con visita de los inspectores a sus oficinas centrales incluida.
“Con fecha 12 de diciembre de 2019, la Junta General de Accionistas de Eulen Sociosanitarios, SA, aprobó la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a Reservas voluntarias, por importe de 50.000 miles de euros”, explica en las cuentas que ha depositado recientemente en el Registro Mercantil, accesibles a través de la plataforma Insight View.
Ese dividendo se suma a otro de 12 millones repartido el 21 de diciembre de 2018, también extraordinario y con cargo a reservas, tras años de sequía de este tipo de operaciones. El de 2019 hizo adelgazar el activo de la empresa, que pasó de 122 millones de 2018 a 77,6 millones a cierre del año pasado.
En las cuentas, formuladas en junio, la filial de Eulen explica que el 30 de septiembre de 2019, “la Sociedad recibió comunicación por parte de la Agencia Tributaria de inicio de comprobación, al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios en relación al Impuesto de Sociedades para el periodo 2014 a 2017 y al Impuesto sobre el Valor Añadido, Retención/Ingreso a cuenta por rendimientos del trabajo/actividades profesionales y Retención/Ingreso a cuenta por capital mobiliario para el periodo comprendido entre el 10/2015 al 12/2018”.
“Desde entonces la Sociedad está atendiendo a las diversas solicitudes de información y entrega de documentación a los inspectores, vía Sede Electrónica de la AEAT, según diligencias firmadas con motivo de las visitas llevadas a cabo en las oficinas centrales de la Sociedad. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, las actuaciones se siguen encontrando en fase de recogida de información y análisis de la misma”.
Eulen considera que “se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa” a sus cuentas.
Con cerca de 5.900 empleados a cierre de 2019 y una retribución media por trabajador (calculada en función de sus costes de personal) de unos 18.220 euros anuales, esta filial se dedica a “la prestación de todo tipo de servicios sociales, sanitarios, educativos y de ocio, mediante personal cualificado, en centros propios o de terceros,dirigido a los siguientes colectivos: personas mayores, enfermos mentales, discapacitados físicos y psíquicos, enfermos de alzhéimer y con otras demencias, familias, infancia, juventud, mujeres con cargas familiares no compartidas y personas o grupos de población marginada o en situación de necesidad”.
La filial del gigante de los multiservicios (de la seguridad privada a las guarderías o el trabajo temporal) es uno de los mayores operadores de geriátricos de España y presta decenas de servicios asistenciales relacionados con mayores y dependencia mediante la gestión de residencias, centros de día y pisos tutelados para personas mayores a través de concesiones del sector público. En sus cuentas, no aporta información sobre el número de geriátricos que gestiona ni qué facturación le aportan. Solo dice que del importe total de su cifra de negocio, 130,7 millones en 2019 (un 2,9% más), las actividades que más aportaron fueron las de “Gestión de Centros” (43,1%), seguida de “Otros servicios sociosanitarios” (27,7%) y “Ayuda a domicilio” (7,5%).
Expedientes en Catalunya
Las cuentas también mencionan (muy de pasada) los dos expedientes abiertos por supuestas irregularidades en la gestión de dos residencias en Barcelona durante la emergencia sanitaria cuya gestión le retiró en junio el gobierno catalán: “Existen dos expedientes administrativos sancionadores incoados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña sobre los que a fecha de formulación del presente Informe de Gestión no se ha dictado Propuesta de Resolución”, indica.
Respecto a la crisis del coronavirus, la empresa cita las medidas adoptadas por el Gobierno, como la suspensión de contratos públicos durante el estado de alarma, la puesta en marcha de un ERTE que en abril llegó a afectar a 402 trabajadores por la interrupción de la prestación de determinados servicios o la renegociación de contratos con proveedores.
La filial, que no ha respondido a elDiario.es, advierte de las dificultades que conlleva la estimación de los potenciales impactos que podría tener la crisis sanitaria. Sí señala que “no se ha visto negativamente afectado por el incumplimiento de los cobros de clientes” y “está cumpliendo con los pagos de todas las deudas financieras y pagos a sus proveedores”. Su cifra negocios entre enero y mayo de 2020 “se ha reducido en comparación con el ejercicio precedente y se encuentra significativamente por debajo de los importes presupuestados”, con una caída interanual de un 2,51%, hasta unos 53,6 millones. Pero “el beneficio antes de impuestos en ese mismo periodo se ha visto mejorado” en un 4,79%, hasta 1,2 millones.
Las recetas de la presidenta
Las cuentas fueron formuladas el 15 de junio, en vísperas de la Cumbre empresarial organizada por la CEOE en la que, minutos antes de que el presidente de la patronal de residencias AESTE (a la que pertenece Eulen) reclamase más fondos públicos para “dignificar” los salarios del sector, la presidenta de Eulen, María José Álvarez, realizó un duro alegato contra una posible subida de impuestos que “cualquier empresario y cualquier trabajador” vería “con cara de asombro”.
“No creemos que sea el momento de regular un incremento fiscal ni en el ámbito personal ni el empresarial”, dijo la multimillonaria leonesa, tras tres meses en los que “alrededor del 32% de la población ha agotado sus ahorros”. La presidenta del gigante de la seguridad privada y los servicios advirtió de que su sector no puede “asumir ningún tipo de coste” tras las últimas subidas del salario mínimo y reclamó “hacer compatibles las ayudas a los desfavorecidos con el estímulo a encontrar un puesto de trabajo” porque “la economía sumergida no protege al trabajador que no tributa y no cotiza”.