La Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF) está en el limbo regulatorio europeo. La fórmula que adaptó la Tasa Tobin se aprobó en 2014 por once países del euro, entre ellos España, sin que haya entrado en vigor en la mayoría de ellos. El gravamen debe de aplicarse a nivel nacional, no europeo, y sus detractores aseguran que al implantarse en un país, y no en todos al unísono, se desviarían operaciones a terceros mercados que no tuvieran este impuesto.
Intermón Oxfam asegura que es el lobby financiero el que está bloqueando la puesta en marcha de esta tasa y pone cifras a su campaña antiTobin: 73 millones de euros dedicados, en 2013, a conseguir que no fructifique una regulación a nivel comunitario. En su informe anual sobre Desigualdad, Oxfam se detiene en los beneficios que esta tasa tendría para combatir la pobreza (la ONG ha pedido siempre que la recaudación se destine a gasto social) y de cómo los bancos han impedido que se pueda desarrollar.
La entidad recoge datos de varios estudios internacionales (como este y este) en los que se cifra en 120 millones de euros el presupuesto del lobby financiero en Bruselas. Según los datos que manejan, en algo más de un año (entre finales de 2013 y principios de 2014), los funcionarios de la Comisión tuvieron de media una reunión diaria con un lobbista financiero. El resultado es el que lobby financiero dedicó siete veces los recursos que la sociedad civil (ONG, sindicatos) pudieron invertir en campañas de este tipo.
En el caso del bloqueo a la Tasa de las Transacciones Financieras, Oxfam calcula que las entidades encargadas de su difusión apenas han podido gastar 7 millones de euros, una décima parte que los bancos. La ONG acusa al lobby financiero de “secuestrar” el debate y recoge un testimonio de un funcionario que asegura que por cada cita que le solicitan desde la sociedad civil recibe cuarenta del sector financiero.
Según anteriores cálculos de la ONG, si se desplegara la tasa en España, podría suponer una recaudación de 5.000 millones de euros. En principio, lo pactado entre los once países que la aplicarán es un tipo mínimo del 0,1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0,01% sobre productos derivados.