El juicio contra Iberdrola por supuesta manipulación del mercado de la electricidad encara su recta final en la Audiencia Nacional tras más de un mes de interrogatorios a acusados, testigos y peritos. Acusaciones y defensas deben presentar sus escritos de conclusiones definitivas antes de que el proceso quede visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción expuso este martes las suyas, en las que mantuvo que la compañía infló “sin causa legítima ni justificada” el precio de la luz entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 y, con ello, “perjudicó” a los consumidores y otros agentes del mercado.
El fiscal anticorrupción Antonio Romeral mantuvo la petición de dos años de prisión e inhabilitación para cuatro de sus directivos, a los que señaló como quienes “tomaban las decisiones de forma autónoma respecto a los administradores de la compañía”. Respecto a Iberdrola Generación, el fiscal destacó su “dejación” y “falta de control” respecto a la actuación de esos altos directivos. No obstante, la solicitud de multa inicial de 84,9 millones de euros para la compañía quedó rebajada a 5,4 millones de euros. En su exposición, el fiscal explicó que su escrito de acusación inicial no tuvo en cuenta la redacción que tenía en el momento de los hechos el artículo 281 del Código Penal, que fue reformado posteriormente para ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas.
Durante más de hora y media, el representante del Ministerio Público trató de apuntalar su acusación, que defiende que la compañía llevó a cabo “un ardid o maquinación” que provocó un “incremento injustificado” del precio de un “bien de primera necesidad” como es la energía eléctrica. Esa maniobra consistió supuestamente en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.
Romeral, ‘número dos’ de Anticorrupción, trató de revertir una de las principales líneas de defensa de los acusados, que argumentaron —entre otras cuestiones— que fue la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias lo que les aconsejó “guardar” el agua de sus embalses y no sacarla al mercado. Es una tesis que el fiscal considera “injustificada”, pues al empezar diciembre las reservas de agua acumuladas en esos embalses eran “superiores” a las del mismo período de 2012 y “parejas” a las de 2011. A pesar de la existencia de esas reservas, el nivel de producción “se bajó sin causa justificada”, afirmó el fiscal. “Podemos dar las vueltas que sea, pero no está justificado este nivel de producción”, amplió.
En otro momento de su intervención, trató de evidenciar cómo Iberdrola actuó en el período analizado de manera diferente a cómo lo hizo después en “casos semejantes”. En este punto sacó a relucir el caso del verano de 2021, cuando desagüó sus embalses de cara al otoño a pesar de que la AEMET calificó ese año como “muy cálido y seco en Galicia, Castilla y León y Extremadura”, según su relato. “Entonces no se preservó el agua como se nos dice respecto a diciembre [de 2013]. La realidad es que había producible [las lluvias esperadas], lo hubo y era predecible que lo hubiese”, afirmó Romeral.
El incremento de los precios se produjo después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esa subasta fue finalmente suspendida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”.
Es una circunstancia por la que el fiscal pasó de puntillas en su exposición. Romeral recordó que, durante el procedimiento, se enmarcó la subida de los precios “en un posible enfrentamiento con el Gobierno” e incluso como una suerte de “venganza” ante la decisión del Ejecutivo que entonces dirigía Mariano Rajoy en relación al déficit de tarifa. El fiscal, no obstante, se limitó a afirmar que considera “posible” que Iberdrola actuara en este caso con el objetivo de “influir en la economía y presionar al Gobierno”, aunque evitó establecer una relación directa entre ambos acontecimientos.
Cinco semanas de juicio
Durante cinco semanas han desfilado por la sala de vistas ubicada en la última planta del edificio que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) más de una treintena de personas entre directivos de la compañía —los cuatros acusados y varios testigos—, representantes de comercializadoras de electricidad, trabajadores del sector y peritos especializados. También compareció como testigo el que fuera ministro de Industria durante el periodo investigado, José Manuel Soria. En su intervención, reconoció que el precio de la energía tuvo un precio “inusual” durante el período objeto de enjuiciamiento. Una sospecha de que “algo raro” estaba pasando que, según dijo, llevó al equipo que estaba en ese momento al frente de Industria a solicitar una investigación a la CNMC.
En un primer informe, del 20 de diciembre, el regulador constató la existencia de “circunstancias atípicas” y anuló la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre. Dos años después, en noviembre de 2015, el regulador acabó determinando que la eléctrica había manipulado el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros. La sanción, que está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal, fue por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.
Las conclusiones de ese informe sustentan parte de la acusación contra Iberdrola por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por el que, una década después, se han sentado en el banquillo una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, Iberdrola Generación, y cuatro de sus altos cargos. El fiscal también apuntó contra el principal argumento de la compañía, cuyo representante legal aseguró que había actuado “de forma consistente en un mercado liberalizado” y no había habido “ninguna manipulación”. “Hay una libertad de fijación de precios pero éste debe estar justificado”, dijo Romeral, que aludió a la “intencionalidad” con la que, según su criterio, actuó la eléctrica ante una conducta que no fue “ocasional”, pues se mantuvo en el tiempo.
Una de las sesiones más relevantes del juicio fue la comparecencia de los técnicos de la CNMC, así como las de los peritos de las defensas. Ambos expusieron visiones totalmente opuestas, informa Europa Press. Los primeros defendieron que no encontraron “justificación lógica” a la conducta de Iberdrola en 2013. Los segundos, sin embargo, defendieron que la compañía actuó de forma “coherente” porque procuró ahorrar agua embalsada pensando en el futuro dado que se esperaba un incremento del precio del gas, por lo que en realidad buscó “el beneficio” de los consumidores.
En su intervención, el fiscal puso en cuestión el informe realizado por la consultora Nera a petición de la defensa. “No es un informe pericial ad hoc (...). Lo único que hace es comentar el informe de la CNMC, hacer una crítica a lo aportado por los peritos judiciales”, afirmó Romeral, que también cuestionó que no aportaran un “precio alternativo”. En contraposición, afirmó que los peritos de la CNMC sí calcularon en sus informes un “precio razonable” de venta de la energía.
Durante los interrogatorios, los acusados también se esforzaron en acotar la incidencia del factor humano en el sistema de fijación de precios. Lo hicieron con alusiones a complejos “modelos matemáticos” y “protocolos de actuación” que tienen en cuenta una diversidad de variables y previsiones meteorológicas. Y tanto ellos como los directivos que comparecieron como testigos evitaron señalar a ningún alto cargo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a las ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”.
También varios responsables de compañías comercializadoras de energía justificaron ese aumento de los precios que se ofertaron por la electricidad coincidiendo en señalar que había escasa producción eólica, centrales nucleares “indisponibles”, aumento del precio del gas y en general una bajada de las temperaturas que provocó un aumento de la demanda, informa Europa Press. Es una argumentación similar a la esgrimida por los altos cargos acusados.
La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, también mantuvo la petición de tres años de cárcel para cada uno de los directivos. En su informe, el letrado afirmó que las “pruebas” expuestas durante la vista oral acreditan que la conducta de los acusados “no se sustenta en causa, legal o ambiental que la justifique o ampare”. Por su parte, la acusación particular de Geoatlanter, una empresa minorista de energía que ejerce la acusación particular, también elevó a definitivas sus conclusiones. Su abogado, el exjuez del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín afirmó que lo ocurrido en el período objeto de enjuiciamiento “no había pasado nunca, fue una cosa inédita e inusual”. Afirmó, además, que de las testimonios de los testigos recogidos durante la vista se concluye que se produjo una “excepcionalidad” que no surgió de “manera espontánea”.