Primero fueron las políticas expansivas para dar respuesta a la crisis que dejaron la pandemia y la guerra. Después, llegaron las reformas sin recortes, como la de pensiones. Y ahora le llega el turno a la flexibilidad fiscal. Bruselas va dejando atrás las viejas recetas de la ortodoxia financiera que asfixiaron a los países del sur en la crisis de la pasada década con el desembarco de los 'hombres de negro'. Sin embargo, los equilibrios han sido difíciles para la Comisión Europea, que ha diseñado las reglas fiscales que deben ponerse en marcha el próximo año en medio de presiones de los estados, como España y Holanda, que apostaban por un sistema 'a la carta', pese a su tradicional distancia en los asuntos económicos, y otros, como Alemania, que quieren unos mínimos comunes y mayor exigencia en la senda de ajuste ante el temor de que el gobierno comunitario acabe siendo permisivo con los incumplidores. Aunque ha intentado dar una de cal y una de arena, la propuesta que Bruselas ha puesto sobre la mesa satisface a España y revuelve a Alemania.
Los 27 volverán a someterse el próximo año al Pacto de Estabilidad y Crecimiento que quedó suspendido con la irrupción de la COVID-19. La decisión permitió barra libre a los gobiernos para dar respuesta a la crisis mediante el crecimiento del gasto público, y se mantuvo con la invasión rusa de Ucrania. Pero ha llegado el momento de parar. Los ministros de Economía avalaron en marzo el plan de la Comisión Europea de volver a los ajustes presupuestarios en 2024. Para ello, tienen que definir unas nuevas reglas fiscales, dado que había consenso en que las anteriores a 2020 estaban obsoletas. Ahí comienza la batalla.
El planteamiento de Bruselas es que se mantengan los ambiciosos objetivos del 3% del déficit y el 60% de deuda pública como máximo por parte de los estados miembros. Prácticamente la mitad de ellos incumplen esos requisitos en este momento. Italia, Grecia, Portugal, España, Hungría, Malta o Rumanía son los países que más se desvían.
La Comisión Europea ha cedido en exigir un camino igual para todos los países que superen el nivel de déficit exigido: tendrán que reducir al menos un 0,5% anual. Pero da flexibilidad en el caso de la deuda pública. Serán los estados miembros los que diseñarán sus sendas fiscales por un periodo de cuatro años -ampliable a siete-. La propuesta da bastante margen, aunque pone algunas condiciones, como que el ajuste no se puede dejar para el final o que el incremento del gasto no puede superar a las previsiones de crecimiento económico. Los planes tendrán que ser acordados con la Comisión Europea y el Consejo de la UE. Es decir, los 27 tendrán la última palabra.
Con esa fórmula se pretendía superar las suspicacias que provoca a los denominados 'frugales' la posibilidad de que la situación económica de los países acabe convertida en una negociación política. Además, incluye un sistema de sanciones gradual pensado para ser cumplido, no como el anterior, cuyo nivel de castigo era tan elevado que nunca llegó a ponerse en práctica. Ahora la intención es que los países que se desvíen de la senda marcada se sometan a una multa semestral del 0,05% de su PIB acumulable hasta el 0,5%.
Pero esos gestos han sido insuficientes para Alemania, que ya ha advertido de que la propuesta de la Comisión no le sirve tal y como está. “Alemania no puede aceptar propuestas que supongan un debilitamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, ha expresado en Twitter el ministro de Finanzas, Christian Lindner. “Las reglas fiscales deben ser una base aún más sólida para la estabilidad y el crecimiento económicos. Por lo tanto, todavía se necesitan ajustes claros para convertir la propuesta de la Comisión en reglas realmente fiables, transparentes y vinculantes con las que podamos lograr un camino hacia déficits significativamente más bajos y reducir los coeficientes de deuda”, ha afirmado.
Alemania ha presionado, por ahora sin éxito, para que la UE introduzca una obligación mínima de reducción de deuda a los países en línea con lo que existía antes. No obstante, la cifra que dio Lindner y que reiteró en un artículo en Financial Times apenas 24 horas antes de que los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni presentaran la propuesta era de un 1%. Las viejas reglas fiscales establecían una veinteava parte, que era un objetivo prácticamente inalcanzable para las economías.
Frente al liberal alemán, el Gobierno español aplaude en líneas generales el planteamiento de la Comisión. “Recoge en gran medida el cambio de paradigma que planteaba el non-paper que hicimos con Países Bajos”, señalan fuentes del Ministerio de Economía sobre la extraña alianza alcanzada con el gobierno de Mark Rutte hace un año. Aquel documento establecía que “en un contexto de mayores niveles de deuda” se necesitan estrategias de consolidación más “específicas para cada país” y “realistas”. Esa “aproximación diferenciada por países” es uno de los elementos que celebran ahora en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que figure en la propuesta. “Tener un marco que sirva para los retos futuros es un elemento positivo que se mantiene en la propuesta actual”, afirman esas fuentes.
Ahora le tocará a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, pilotar las negociaciones de las reglas fiscales que los 27 quieren que estén listas antes de que acabe el año para que en 2024 comiencen de nuevo las evaluaciones. “Nosotros vamos a poner el máximo esfuerzo. Es un tema prioritario. Esperamos que todos los países vayan a entrar con una actitud constructiva”, señalan desde Economía, donde quieren analizar todos los detalles antes de echar las campanas al vuelo.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.