La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), dependiente del Ministerio de Fomento, ha otorgado una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que están vinculados el jefe de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala, y Dionisio Ramos, empresario inmobiliario, ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid y relacionado con el ‘tamayazo’ que propició la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de esa región en 2003.
La adjudicataria se llama Mercado del Puerto de Cartagena SL y Ayala es, según el Registro Mercantil, el secretario de su consejo de administración. Es una 'joint venture' de la empresa RyA Residencias, de la que Dionisio Ramos es socio y administrador, y el grupo murciano de bebidas alcohólicas Diego Zamora, al que Ayala está muy vinculado desde hace años.
Con permiso de Fomento, la empresa va a poder montar, a lo largo de este año y tras invertir unos 2 millones de euros, un mercado gourmet en el puerto de Cartagena, feudo natal de Ayala, que durante trece años (hasta 2016) fue portavoz de Fomento del PP en el Congreso y como tal fiscalizaba la actividad de los puertos del Estado.
Constituida formalmente en diciembre, Mercado del Puerto de Cartagena SL comenzó sus operaciones el 7 de noviembre, dos semanas después del nombramiento de Ayala como presidente de la Oficina del Cargo Popular en sustitución del dimitido Manuel Cobo. Dedicada a “la explotación de todo tipo de concesiones Administrativas”, se creó para adjudicarse la concesión de explotación hasta el año 2030 de un inmueble ocupado hasta entonces por la Cámara de Comercio cartagenera en un espacio público, el Paseo del Muelle de la ciudad.
El pasado 22 de noviembre, el consejo de administración de la APC dio luz verde a la transmisión de esa licencia, en una reunión a la que asistió en calidad de invitado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. Con ese visto bueno, y una vez presentada la documentación pertinente, la empresa a la que asesora Ayala puede subrogarse en la concesión que la APC autorizó inicialmente en 2000 a la Cámara de Comercio para permitirle ocupar durante un plazo de 30 años el edificio.
A preguntas sobre este asunto, fuentes cercanas al presidente de la APC, el ex consejero de Obras Públicas de la Región de Murcia Antonio Sevilla, aseguran desconocer la vinculación de Ayala con la concesionaria. Señalan que la adjudicación “está dentro de la legalidad” y que busca “dinamizar” esa zona del puerto para atraer cruceristas a la ciudad cartagenera.
Este diario ha intentado contactar sin éxito con Andrés Ayala y con el grupo Diego Zamora, propietario del pacharán Zoco, el Licor 43, el ron Matusalén y, desde hace unas semanas, principal accionista de la ginebra Martin Miller's. El presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, no ha querido hacer comentarios sobre una operación que la institución ha justificado por su delicada situación económica.
Por su parte, el copropietario de RYA, Dionisio Ramos, niega conocer “personalmente” a Ayala pese a formar parte del consejo de administración de Mercado del Puerto de Cartagena SL, del que el político es secretario, porque, asegura, ese órgano “no se ha reunido todavía”. Los negocios del grupo RyA en Murcia, añade, los lleva su socio, Pedro Artes Carpena, natural de Santomera y con el que no ha sido posible contactar.
En 2013, Infolibre situó a Ramos “en el centro de la trama” del 'Tamayazo’ basándose en un manuscrito del ex diputado socialista que le dio nombre, Eduardo Tamayo. Según esa publicación, concentraba “no sólo los contactos políticos e inmobiliarios, sino el suministro logístico y la cobertura mediática, indispensables para consumar el tamayazo” que a la postre aupó a la presidencia a Aguirre.
Amigo de Cifuentes
Ramos fue gerente de la Universidad Complutense y secretario general técnico en la Consejería madrileña de Educación durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2011, el diario Público le relacionó con la trama Gürtel y cinco años antes El País le señaló como responsable de una ‘caja b’ para pagos en negro de la Universidad Complutense.
En los últimos años, Ramos ha estado metido de lleno en el negocio inmobiliario a través de RyA, que gracias a las adjudicaciones públicas gestiona residencias universitarias en Madrid y Asturias. También ha desarrollado proyectos para terceros, como otra residencia de estudiantes promovida en Madrid por el fondo buitre Oaktree de cuyo proyecto se encargó el arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela, marido de Cristina Cifuentes. Ramos y Cifuentes son íntimos amigos, hasta el punto de que la actual presidenta madrileña fue testigo en su boda.
El actual socio de Ramos en RyA, Pedro Artes, compartió en el pasado cargos en empresas relacionadas con familiares de otro personaje del ‘tamayazo’, José Luis Balbás, líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, a la que pertenecían Tamayo y María Teresa Sáenz, la otra tránsfuga que impidió la investidura de Rafael Simancas en la Comunidad de Madrid.
Hace un año, el Ministerio de Fomento, del que depende la APC, colocó a Ayala en el consejo de administración del mayor ente de gasto público de España, Adif, con tal discreción que, tal y como ha reconocido ahora el Gobierno, la empresa incumplió la Ley de Transparencia al ocultar el nombramiento en su web hasta ahora.
Desde que dejó su escaño en el Congreso en 2016, Ayala no ha parado. Abogado experto en urbanismo y derecho administrativo, es desde hace años socio de varias filiales del grupo Orenes, que se adjudicó dos concesiones de Aena cuando él estaba en el Congreso y mientras su esposa era consejera de varias filiales del grupo de salas de juego; ahora, otra de las empresas a las que asesora Ayala ha conseguido las licencias para construir una urbanización en una zona en riesgo medioambiental en Cartagena.
El año pasado, Ayala fue noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripollés, que querían promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para privatizar el faro, aunque el plan parece haber quedado en el alero. El visto bueno final, de haber salido adelante, habría dependido, precisamente, de la Autoridad Portuaria de Cartagena.