El Ministerio de Fomento ha vendido un lote de activos inmobiliarios en el paseo de la Castellana, una de las mejores zonas de oficinas de Madrid, a una sociedad de la firma de inversión que preside el financiero Claudio Aguirre Pemán, primo segundo de la candidata del PP a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre.
Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, Altamar, fundada en 2003 por Aguirre, consejero de la Bankia de Rodrigo Rato (fue uno de los pocos que se libró de la imputación tras la quiebra de la entidad), ha comprado esos activos a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio que dirige Ana Pastor. El precio, según fuentes del sector inmobiliario, es inferior al del mercado, que está en plena recuperación.
Altamar se hizo con esos activos en un concurso por subasta pública al alza, un proceso que Sepes solo hizo público a través de su web (sin inserciones en prensa). Fuentes de Sepes dicen que se siguió el procedimiento interno de la compañía, ya que “hoy en día la mayor difusión se logra a través de los medios digitales”. Además, el concurso también fue “publicitado en la propia entrada del edificio”.
La operación consistió en la venta de una planta de oficinas en el piso octavo del Edificio Centro 23, que alberga la sede de Sepes, y nueve plazas de garaje en el subterráneo del mismo inmueble. La oficina fue reformada en su totalidad en diciembre de 2003 y tiene una superficie de 1.310 metros cuadrados. Se ubica, junto a los garajes, en el número 91 de la Castellana, en la manzana de Azca, uno de los distritos más exclusivos de Madrid.
El inmueble, construido en 1976, es adyacente a la sede de Ahorro Corporación, que fue adquirida la semana pasada por Corporación Financiera Alba (de la familia March) por 147 millones de euros y que alberga, entre otras empresas, a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado 'banco malo'.
El único oferente y ajudicatario en la subasta de Sepes fue Altamar a través de Altamar Alquileres Inmobiliarios SL, cuyo administrador único es la mano derecha de Claudio Aguirre en esa firma de inversión, José Luis Molina, ex de Lehman Brothers, banco del que fue máximo responsable en España el ministro Luis de Guindos hasta su quiebra en 2008.
Esa sociedad de Altamar fue constituida ante el notario de Madrid Antonio Morenés Gilés el pasado 7 de enero, nueve días antes de que se cerrase el plazo de ofertas, que expiraba el 16 de enero. Expertos del sector inmobiliario explican que es “habitual” la creación de una sociedad vehículo para este tipo de operaciones, aunque consideran que el precio de adjudicación, que fue, impuestos indirectos excluidos, de 6.005.000 euros (un 0,009% por encima del precio de salida), “sin ser una locura, es bajo”, teniendo en cuenta que se trata de una zona 'premium' y que el mercado de oficinas está en plena recuperación.
Según esas fuentes, el precio de mercado de esas oficinas estaría en aquel momento más cerca de los 5.000 euros que de los 4.360 euros por metro cuadrado (impuestos indirectos excluidos) por los que se las adjudicó Aguirre. En cuanto a los garajes, la inmobiliaria de Fomento vendió por 32.000 euros unos activos que fácilmente “se podrían vender por, al menos, 40.000 euros”, de acuerdo con esas fuentes.
Garajes a mitad de precio
Actualmente existen a la venta activos similares a precios muy superiores. Hay plazas de garaje en ese edificio por 75.000 euros, el doble de lo que pagó el primo de Aguirre, aunque, según argumentan desde Sepes, “llevan cinco años sin venderse”. Por otro lado, la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, también vinculada a la familia de Esperanza Aguirre, tiene en su web unas oficinas en ese mismo edificio por las que se piden 6.500 euros por metro cuadrado.
Aguirre Newman, cuyo copresidente y fundador es Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de la candidata del PP a la alcaldía de Madrid, es socia de Altamar a través del fondo de inversión Atlan Capital. Y un exempleado de esa consultora, Gonzalo Sauco, fue el firmante del informe técnico que avaló el precio de venta. Sauco, director comercial de Sepes, trabajó en Aguirre Newman desde 1998 hasta 2013, año en el que se incorporó a la empresa pública, según su perfil de LinkedIn.
Un informe publicado en febrero por esa misma consultora, en la que desde hace años trabaja el hijo mayor de la expresidenta madrileña, Fernando Ramírez de Haro Aguirre, advertía del “déficit de oferta de inmuebles a la venta” en las zonas de negocios más céntricas de Madrid y Barcelona, como Azca: “El elevado interés por parte de los inversores se está encontrando con una falta de activos en la tipología deseada por muchos de ellos, principalmente activos localizados dentro de las ciudades en zonas del distrito de negocios”, decía.
Problemas de liquidez
A preguntas sobre este asunto, fuentes de Sepes dicen que “todo es legal” y que la operación respetó las normas de comercialización de la casa y contó “con todos los informes técnicos y jurídicos” a favor. Según Sepes, “no era necesario” realizar una tasación externa (el lote ya se licitó sin éxito a un precio superior en 2013) y el hecho de que el precio se basara en un informe de un ex de Aguirre Newman no supone “ningún” conflicto de interés. “Cualquier empresa se puede presentar” a estos procesos y “si hubiera sido un precio excesivamente bajo habría habido una avalancha de ofertas”, según la entidad dependiente del Ministerio de Ana Pastor.
Respecto a por qué se lanzó la venta en plenas Navidades, esas fuentes aluden a los problemas económicos de Sepes “debido a las inversiones que se hicieron en los años anteriores. No teníamos más remedio que lograr liquidez, llegaban a peligrar los gastos de personal”, aseguran esas fuentes.
La operación despertó las sospechas del comité de empresa de Sepes, que el pasado 26 de marzo advirtió a la directora general de la empresa, Lucía Molares, de que “actualmente están en venta oficinas y plazas de garaje en este edificio por importes muy superiores” y pidió la “paralización” de la operación, en un escrito al que ha tenido acceso el diario.es.
Un mes antes, el comité planteó a la dirección “si con esta operación se está pensando en los intereses de Sepes o, más bien, en los de un futuro comprador”, en otro escrito remitido a Molares y al presidente de Sepes y secretario de Estado de Infraestructuras del ministerio, Julio Gómez-Pomar, el pasado 27 de febrero, día en el que el consejo de administración de la empresa pública aprobó la venta. El jefe de Recursos y Patrimonio de Sepes, Francisco García Palmero, justificó la operación en las “fuertes tensiones de tesorería” que sufre la entidad por las inversiones llevadas a cabo entre 2009 y 2011.
Sepes ya intentó vender la planta ocho de su sede a finales de 2013, en un momento menos propicio para el sector terciario (el de oficinas), que empezó a recuperarse en ese ejercicio. Entonces, esa planta fue incluida en un lote de seis plazas de garaje (tres menos que ahora) y por un precio de 7.394.250 euros, un 18% superior al ofertado este año por Claudio Aguirre por un lote mayor de activos. El concurso quedó desierto.