Dos semanas después del varapalo en el Congreso de los Diputados al real decreto sobre alquileres, el Ministerio de Fomento y Unidos Podemos han retomado las conversaciones para tratar de salvar los acuerdos presupuestarios adoptados en materia de vivienda.
Por el momento, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantiene su negativa a redactar un nuevo real decreto, aunque hay voces dentro del departamento a favor de reconsiderar esta opción, siempre que se garantizase que va a contar con los apoyos necesarios a la hora de convalidarlo. Esto incluiría tanto a Unidos Podemos como a ERC, PDeCAT y PNV (los dos primeros votaron en contra la primera vez por no incluirse una limitación de los precios).
En todo caso, este eventual nuevo decreto no vería la luz hasta que se resuelva la votación de los presupuestos generales del estado.
Este miércoles se produjo el primer encuentro personal entre miembros del Ministerio de Fomento y de Unidos Podemos desde el día de la derogación, el pasado 22 de enero. En el encuentro, según fuentes conocedoras de la reunión, el Gobierno insistió en que la negativa de incluir un índice de precios proviene de la Abogacía del Estado, por motivos como que afectaría al derecho a la propiedad, y no podría ser esta su forma jurídica.
La alternativa que podría aceptar Unidos Podemos en este caso es que la limitación de precios se incluya en los Presupuestos Generales del Estado para que fuera aprobada en su votación final. Fuentes del grupo parlamentario aseguran que “lo importante es que la vía legislativa garantice la aplicación de la medida”. Cualquier otra forma legislativa distinta al decreto o a los PGE correría el peligro de ser bloqueada por PP y Ciudadanos en el Congreso. Es por esta razón por la que este grupo parlamentario rechaza la posibilidad de tramitar las cuestiones relativas a vivienda a través de proyectos de ley, como ha pretendido en el caso de los índices de precios el Ejecutivo.
Por el momento, las partes han decidido iniciar un repaso del contenido del decreto dejando aparte los controles de precios, a la espera de una próxima reunión del grupo de técnicos. Además de la limitación de las subidas desmedidas, hay otros aspectos del decreto que el grupo confederal consideró un incumplimiento de los acuerdos anteriores, como las limitaciones al derecho a recuperar la vivienda antes de plazo; gastos de gestión inmobiliaria; tanteo y retracto; viviendas vacías y avisos de fin de contrato.
Vuelta a la ley de 2013
El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado diciembre un real decreto que no incluía la potestad para CCAA y ayuntamientos de limitar las subidas de precios del alquiler, motivo por el que Unidos Podemos, así como ERC, votaron en contra del texto. El rechazo de PP y Ciudadanos, por otros motivos, supuso su caída.
La derogación del decreto supuso la vuelta a las condiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, tras poco más de un mes en el que estuvieron en vigor contratos de cinco o siete años (frente a los tres actuales) o la limitación de las fianzas. Los contratos que se firmaron en ese periodo sí han quedado sujetos a las condiciones ahora revocadas.
Desde el primer momento, la voluntad de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea ha sido redactar junto al Gobierno un nuevo decreto con el que se sientan más cómodos. Su relato es que el anterior lo aprobaron sin avisarles, cuando estaban aún abiertas las negociaciones. “Su Gobierno ha decidido sentarse a hablar seriamente con nosotros en los últimos días. Hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses”, dijo Lucia Martín a Ábalos desde la tribuna el día de la derogación. “Hoy votaremos en contra, y sin embargo nuestro voto no busca humillarles, ni hacerles daño ni deshacer la mayoría de progreso de la moción de censura”, añadió.