Las ínfulas liberalizadoras con las que empezó su mandato el presidente, Mariano Rajoy, se han visto muy desinfladas por la realidad de la crisis. Tras engullir el amargo caramelo de la subida de impuestos, el Ejecutivo lleva ya dos trimestres de retraso con la que pretendía ser una de sus medidas estrella: la liberalización de los servicios profesionales.
La medida, que pretende facilitar y abrir un amplio repertorio de profesiones reguladas, fue anunciada con bombo y platillo en los anteriores programas de reforma del Ejecutivo pero su materialización nunca llega. La previsión era que para el pasado trimestre el Ejecutivo hubiera aquilatado un ambicioso proyecto de ley ómnibus, pero la contestación de las partes afectadas lo tiene en estado comatoso.
El proyecto ha recibido continuas modificaciones para intentar aplacar los ánimos de unos colectivos muy próximos al Ejecutivo de Rajoy. Una suerte de escrache interno de personas muy influyentes.
Entre las principales medidas de esta ley está la de eliminar en muchos casos la colegiación obligatoria o reducir las exigencias en determinadas profesiones. Varios medios han ido adelantando fragmentos del programa, cuyo anteproyecto se filtró ya el pasado diciembre con la consabida indigación por parte de estos colectivos. En gran parte, la filtración de aquel texto (disponible aquí), fue un globo sonda del Gobierno para palpar los ánimos entre los afectados.
Desde entonces, el Gobierno ha elevado a consultas los capítulos que afectan a cada gremio, rebajando el tono tras cada interlocución. Cada colectivo tiene su particular idiosincrasia. Por ejemplo, el Colegio de Abogados batalla ante la posiblidad de volver a prescindir del examen de entrada y permitir que un colegiado pueda ejercer en cualquier comunidad, así como el que solo se deba colegiar para ejercer frente a un tribunal, lo que aligeraría en miles de abogados el grueso de estos colegios.
Los abogados presionan en Justicia pero también hacen valer sus razones ante sus colegas de gremio, como la vicepresidenta, abogada del estado, uno de los cuerpos con más tirón (junto con los técnicos comerciales) en cargos altos del Gobierno, donde en general, la licenciatura en derecho es la más recurrente.
Farmacéuticos estupefactos
En el caso de las farmacias –cabe destacar que el padre de Luis de Guindos es farmacéutico–, la intención original era la de suprimir la exclusividad de la titularidad de las oficinas de farmacia a los farmacéuticos, cuya única obligación sería de la tener un empleado con titulación al frente del servicio. Además, se permitiría que alguien fuera titular de más de una farmacia. Eso haría posible la entrada en España de las grandes empresas farmacéuticas, como Boots, que ya campan en el resto de Europa. La posibilidad causó un fuerte estupor en el sector, que espera haber logrado vencer las primeras intenciones.
Los otros indignados por la reforma son los arquitectos, a los que inicialmente se les quitaba la exclusividad en edificación y se abría la posiblidad a ingenerios de visar también licencias residenciales.
La intención regulatoria es, en principio, dejar en la mínima expresión la colegiación obligatoria y apenas conservar las más sensibles, como las biosanitarias. Todos los colegios han seguido muy de cerca las evoluciones de este anteproyecto que ha dado más quebraderos de cabeza al Gobierno que el corte en seco a los sueldos de los funcionarios.
De las profesiones que deben colegiarse ahora obligatoriamente, podrían quedar solo la mitad y en realidad, se exigiría ingresar en estos colegios solo para desarrollar actividades específicas dentro de la carrera. Sus representantes han estado en una auténtica campaña de lobby en los últimos meses y han visitado con frecuencia el Congreso.
Notarios intocables
Para acompañar esta normativa, también está en marcha la liberalización de los notarios y registradores, dos figuras híbridas a caballo entre el modelo público y privado a las que los organismos internacionales tienen en su punto de mira. Por ahora, los proyectos de reforma que se han presentado están más encaminados a que los registradores ganen competencias que a su liberalización.
La batalla se salda con un abierto enfrentamiento entre notarios y registradores, pero pocos visos de que el ciudadano vaya a tener que pasar menos veces por la notaría o el registro. Más bien, al contrario. Rajoy está atrapado en esa reforma entre dos frentes muy violentos: por un lado sus hermanos registradores y por otro, la descontenta corriente liberal dentro del partido, a la que tiene que aplacar de alguna forma después de haberle hecho tragar con la actual política tributaria.