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Los altos funcionarios atribuyen a Soria y De Guindos el decreto del 'dedazo' en las oficinas de turismo

Los altos funcionarios agrupados en la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (ACSACE) atribuyen a los ministerios de Industria y Economía, respectivamente encabezados por José Manuel Soria y Luis de Guindos, la maniobra por la que, mediante un proyecto de real decreto, el Gobierno quiere rebajar los requisitos para poder ser destinado consejero en las oficinas de turismo de España en el exterior.

El pasado 27 de febrero, ACSACE remitió una nota a todos sus asociados en la que lamenta que la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, “desafortunadamente, reitera su posición de no incluir el requisito de experiencia y/o conocimientos en el sector del turismo en el texto del Real Decreto de provisión de puestos de trabajo en las Consejerías de Turismo”.

La nota de ACSACE traslada a sus asociados una carta de la secretaria de Borrego en respuesta a otra misiva de Elena Vicente, presidenta de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca, en la que está integrada ACSACE), interesándose por este borrador de real decreto, adelantado el pasado 2 de febrero por eldiario.es y que puede abrir la puerta a la colocación discrecional, en pleno año electoral, de altos cargos del Gobierno en destinos tan apetecibles como Nueva York, Singapur y Londres, por citar tres ejemplos. Entre los nombres que circulan como futuros agraciados de este 'dedazo' está el del actual consejero de Gobernación y Justicia de la Comunidad Valenciana y exsubdelegado del Gobierno en esa región, Luis Santamaría.

Según ACSACE, la respuesta de Borrego “deriva de la opinión, preponderante en los órganos directivos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Economía, de que cualquier funcionario que haya desempeñado un puesto de nivel 30 [el más alto en la Administración] está capacitado para asumir la dirección de una Consejería de Turismo sin que resulte relevante que tenga experiencia y/o conocimientos en el sector”, dice la nota remitida a sus asociados.

La carta de Borrego a la presidenta de Fedeca está fechada el pasado 11 de febrero y confirma que la secretaria de Turismo, que está casada con el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, quiere eliminar la experiencia en la administración turística como mérito “preferente” para aspirar a los puestos en esas 33 oficinas, que dependen de las embajadas de España en el exterior y actualmente están reservados a funcionarios con experiencia en el sector turístico.

Premio a “los servicios prestados”

“En efecto”, dice Borrego en su carta, los “méritos de asignación de puestos” serán “los servicios prestados, es decir, la experiencia adquirida y naturaleza y nivel de los puestos o cargos desempeñados”, junto a otros requisitos como “la idoneidad profesional, el conocimiento de los idiomas que, en su caso, se establezcan” y los informes de una Comisión Técnica de Valoración, que se crea a tal efecto“.

La secretaria de Estado de Turismo, que asegura que “esta norma establece los mecanismos que dotan de mayor racionalidad, exigencia y objetividad al procedimiento de provisión de los puestos” y “fortalece la calidad y eficacia” en la cobertura de esas vacantes, dice que en las convocatorias “podrán” exigirse los requisitos de preparación técnica y profesional en el ámbito del turismo. “Podrán”, pero no será un requisito imprescindible.

Entre las novedades del borrador de real decreto también está una reducción del plazo máximo en el que los consejeros pueden permanecer en estas oficinas, actualmente fijado en ocho años, incluyendo las posibles prórrogas. Este periodo se acorta a cinco años y la estancia mínima pasa de dos a tres años. Un cambio retroactivo que permitirá abrir al máximo el abanico de vacantes para los nuevos consejeros en pleno año electoral y, al mismo tiempo, dificultar que un eventual nuevo Gobierno pueda cambiar a los elegidos hasta casi el final de la nueva legislatura.

El argumento de Isabel Borrego a este respecto es el siguiente: las modificaciones en estos plazos “responden a la necesidad de garantizar una planificación que permita una gestión más eficiente de la red en beneficio del interés general”.

“En la ACSACE hemos defendido que la experiencia en turismo y en la promoción exterior, que no en la administración turística, es básica para ocupar esas plazas y por ende debe incluirse en la redacción del Real Decreto. La solución que se propone de incluir este requisito en las correspondientes convocatorias no satisface los requisitos de idoneidad, mérito y capacidad, básicos en una función pública profesional. Esta opinión se comparte de forma unánime por la junta directiva de FEDECA”, dice la nota de la asociación.

Ir todavía más allá

Un alto funcionario crítico con esta medida, que pide el anonimato, teme incluso que, a tenor de lo expresado por Borrego en su carta, el Gobierno se esté planteando ir todavía más allá y abrir un cambio profundo en el sistema de provisión de puestos de trabajo de todas las consejerías en el exterior, para extender este intento de desprofesionalización al resto de ministerios (consejerías Económicas y Comerciales, Militares, de Hacienda...).

El PP argumenta que, con este real decreto, se va a equiparar a estos funcionarios al resto de cuerpos del Estado en el exterior y se van a modificar los procesos de selección de candidatos para que haya “la mayor concurrencia posible”. Pero lo cierto es que un reciente decreto de Agricultura para regular el estatus de sus consejerías en el Exterior sí mantiene la experiencia previa en el ministerio como requisito imprescindible para optar a una plaza. El Gobierno de José María Aznar ya intentó una maniobra similar en las consejerías de Turismo que se encontró con la resistencia del entonces defensor del pueblo, Enrique Múgica. Finalmente, el anterior Ejecutivo popular no aprobó normativa alguna.

Por ahora, el borrador de real decreto está en stand-by. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha encargado a su número dos, el subsecretario de Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales, que analice a fondo esta cuestión y elabore un dictamen sobre una norma que la oposición ha criticado con dureza. La propia Isabel Borrego ha solicitado comparecer a petición propia en el Congreso para dar explicaciones sobre este asunto.