El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Función Pública. Esta nueva norma trata de desarrollar derechos para los funcionarios de la Administración General del Estado y del resto del colectivo de trabajadores públicos. El texto, que ahora arrancará una consulta pública antes de volver al Consejo de Ministros, incluye la creación de dos nuevos complementos salariales, la mejora de la carrera o la valoración del desempeño de los trabajadores públicos. “Es una norma de gran importancia”, ha defendido Isabel Rodríguez, ministra portavoz, tras la reunión del Ejecutivo.
La principal novedad se conoció la pasada semana tras una reunión entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT. La norma establece la creación de dos nuevos complementos salariales: de carrera y de desempeño. Se trata de dos figuras que existen en otras administraciones o, incluso, en algunos departamentos de la Administración General del Estado. Ahora, se busca establecer para todos los trabajadores de este colectivo este reconocimiento salarial.
El complemento de carrera retribuirá la progresión del trabajador durante su vida profesional. Se unifica la cuantía para todo el personal funcionario del mismo grupo. En el caso del complemento por desempeño estará vinculado a las evaluaciones que se hagan del mismo durante toda su carrera. Se suman estos complementos a los de destino y aquellos específicos que ya están concedidos. También el complemento por servicios extraordinarios, que es el que retribuye a los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria.
La norma trata de desarrollar el Estatuto Básico de Empleo Público para los trabajadores de la Administración General del Estado, 15 años después de su aprobación. Función Pública y sindicatos ya habían acordado hace un mes esta medida dentro de lo que se ha dado a llamar “Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI”, que incluye distintas medidas reclamadas históricamente por los sindicatos en el sector público. “Es una primera lectura, por lo que es susceptible de ser mejorado” durante la audiencia pública, según ha remarcado Rodríguez.
El anteproyecto aprobado este martes pone el foco en el desempeño de los funcionarios. Entre otras cuestiones, se incluye una evaluación del mismo, que será obligatoria, para tratar de mejorar la productividad del sector público y adecuar la evolución de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones del empleado público. Esta evaluación deberá de ser superada por los trabajadores públicos para acceder al bonus por desempeño.
Precisamente, respecto a la carrera, se establece un sistema de tramos horizontales, con entre cuatro y seis escalones, sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo. El Gobierno considera que la nueva ley traerá novedades para la planificación de los recursos humanos. Se permitirá alinear los objetivos estratégicos de la Administración con la política de recursos humanos, lo que servirá para adaptar la selección de personal a las necesidades de la organización. No se concreta todavía si esto supone la eliminación de la tasa de reposición, un límite que impone el Ministerio de Hacienda a la cobertura de vacantes en el sector público y que ha sido muy criticado por los sindicatos. En este sentido, también se aprueba la vinculación de los puestos de trabajo a las áreas funcionales, con el fin de facilitar las competencias, la carrera y la formación.
El texto trata también de regular la figura del directivo público profesional. Será el responsable de desarrollo de políticas y programas públicas y estará ocupado por las personas titulares de subdirecciones generales o puestos que se asimilen a estas. Además, el Gobierno pretende que el texto sirva para mejorar el fomento de la promoción interna y de la formación permanente en el marco de la Administración.
Otra de las novedades afecta a la figura de “provisión temporal de puestos”. Se trata de un modelo para cubrir vacantes en la administración durante un año prorrogable hasta un máximo de dos. Serán los funcionarios de carrera los que puedan ser adscritos temporalmente a estas plazas mientras se realiza la provisión definitiva de la misma.
Por último, el anteproyecto incluye potenciar la realización de pruebas selectivas que valoren las competencias de los aspirantes directamente relacionadas con el desempeño de sus funciones. Además, se implementarán protocolos en los ministerios para atender el acoso sexual y se crearán unidades para atender a personas con discapacidad, según ha explicado Rodríguez.
El Gobierno pretende cumplir con esta aprobación con un nuevo hito del Plan de Recuperación, gracias al cual se acceden a los fondos públicos europeos. Se trata del componente 11, en el que se comprometía al “refuerzo de las capacidades del empleo público”.
Los sindicatos han tildado de “claramente mejorable” la norma presentada por el Gobierno, aunque presentarán este miércoles sus críticas a las ausencias en el anteproyecto de ley.