Los funcionarios vuelven a la oficina entre protestas sindicales porque tienen un único día de teletrabajo

La incidencia de la pandemia está en niveles mínimos y las limitaciones asumidas por cuestiones sanitarias están comenzando a levantarse. Entre otros campos, los funcionarios y trabajadores públicos son algunos de los afectados por el aligeramiento de estas medidas y, en especial, lo referido al teletrabajo. Este viernes entra en vigor la última orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que reduce a un solo día máximo el trabajo a distancia de casi 230.000 trabajadores de la Administración General del Estado.

Esta orden, sin embargo, llega con el rechazo de los sindicatos principales del colectivo, CCOO, UGT y CSIF, que no firmaron esta decisión cuando fueron llamados por el Ministerio, según señalan desde las distintas centrales sindicales. Los sindicatos apuntan que se les dio como “hechos consumados” sin posibilidad de negociar cómo será la situación a largo plazo para estos trabajadores. En cualquier caso, esta normativa no supone la regulación del teletrabajo, sino volver a una situación ya similar a la que había antes de la crisis sanitaria.

Los trabajadores que regresan este viernes a un modelo de cuatro días presenciales y solo uno a distancia son aquellos que pertenecen a la Administración General del Estado. Es decir, todos aquellos que trabajan para los distintos ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales, entre otros. Suman un colectivo de 229.348 trabajadores que hasta la fecha, si su puesto lo permitía, estaban trabajando cuatro días en casa y uno presencial.

Para comprender la situación que se abre este viernes para miles de funcionarios hay que remontarse al 17 de junio de 2020. Tras el confinamiento provocado por la pandemia, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, entonces dirigido por Carolina Darias, y los sindicatos firmaron un acuerdo para el teletrabajo del personal público. Se intentaba así facilitar la conciliación a aquellos con más problemas para compatibilizar vida personal y trabajo o los más vulnerables ante la enfermedad. Se contemplaba, siempre que las condiciones lo permitieran, trabajar hasta cuatro días desde casa y uno en su puesto de trabajo.

Esto ha sido así hasta la fecha. Se modificó el Estatuto Básico del Empleado Público para poder incluir la modalidad del teletrabajo en la función pública, hasta ahora no contemplada, es decir antes no existía el trabajo a distancia para estos funcionarios. Pero la decisión de permitir cuatro días de teletrabajo y uno presencial era temporal y vinculada a la pandemia. Temporalidad que ahora llega a su fin ante la mejora de las condiciones sanitarias, el avance de la vacunación y la caída de la incidencia acumulada. Únicamente quedan fuera de este cambio aquellos trabajadores inmunodeprimidos, en tratamiento por cáncer, en cuarentena o en determinados territorios en el exterior.

Pero entre aquel 17 de junio en el que se decidió regular el teletrabajo por la pandemia y este 1 de octubre, ha habido distintos movimientos para convertir el teletrabajo en una realidad permanente, siempre y cuando el puesto y el departamento lo permitiera. Aquellos movimientos fructificaron el 12 de abril en un acuerdo firmado por los sindicatos y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en ese momento dirigido por Miquel Iceta. Este acuerdo contemplaba tres días de teletrabajo y dos presenciales, siempre de manera voluntaria y reversible y con la condición de que el empleado tuviera una antigüedad mínima de un año en ese puesto.

Aquel acuerdo debía convertirse en un Real Decreto que formalizara las condiciones del teletrabajo. Según detallan desde los sindicatos, este proceso se iba a completar en septiembre, sin que se haya producido ningún cambio al respecto. Entre medias, hay otra fecha importante. El 10 de julio, Pedro Sánchez remodela el Gobierno, Iceta pasa al Ministerio de Cultura y Deporte, mientras que Función Pública pasa de Política Territorial a Hacienda, por lo que es María Jesús Montero la nueva responsable del ramo.

Los sindicatos aseguran que entre los trabajadores públicos hay “enfado”, “molestia” e incluso “desconocimiento” y reclaman a la Secretaría de Estado de Función Pública que retome la negociación para convertir el acuerdo que se firmó con Iceta en una realidad normativa y que el teletrabajo se convierta en una herramienta permanente en la administración.

Real Decreto Ley en el menor tiempo posible

El Ministerio de Hacienda y Función Pública aclara que una cuestión es la vuelta a la situación previa a la pandemia, ante la mejora de la situación sanitaria, y otra distinta es el acuerdo que se firmó con Iceta. Fuentes de Función Pública señalan que se está trabajando para poder convertir aquel acuerdo en un Real Decreto Ley en el menor tiempo posible, aunque no se fija una fecha para ello. El plan es cumplir con lo que ya se selló con los sindicatos.

Las distintas organizaciones protestaron ante la publicación de la orden del Ministerio de limitar el teletrabajo a un día a la semana. UGT denunció el “desconcierto” por la Administración, que “cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio”. Desde el sindicato señalan que es un inconveniente para muchos empleados que pasan de trabajar solo un día presencial a hacerlo cuatro y, en los próximos meses, volver a un sistema intermedio, puesto que “complica la organización”.

Por su parte, desde CSIF recordaron este jueves que la resolución del Ministerio introduce otros cambios respecto al funcionamiento hasta la fecha por la pandemia. Uno de ellos es el referido a las reuniones, que con carácter general serán presenciales o mixtos. Además, se levanta la prohibición para los viajes, aunque se seguirá priorizando la videoconferencia, al igual que los cursos de formación y las pruebas selectivas.

A la espera de la negociación salarial

No es el único frente abierto que tiene Función Pública, y por ende el Ministerio de Hacienda. La inminente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado precisa de un paso previo. El Ministerio debe convocar a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que reúne a los distintos niveles de la administración y los representantes de los trabajadores para fijar cuál será la subida salarial de los funcionarios.

Esta reunión se antoja inminente. El Gobierno debe reunir a la mesa antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Presupuestos y lo envíe al Congreso. Esta ley está pendiente de que los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, desbloqueen un acuerdo que ha tenido como principales trabas la ley de vivienda y la reforma del impuesto de Sociedades para añadir un mínimo para las grandes compañías del 15%. El segundo de los puntos ha sido desbloqueado en los últimos días, facilitando la próxima aprobación de las cuentas, que debería ser en las próximas semanas.

Los sindicatos confían en que el Ministerio les convoque con el suficiente tiempo para poder negociar la subida y que no sean hechos consumados, como denuncian que se ha producido con el nuevo sistema de presencialidad. CCOO, el sindicato mayoritario en la función pública, anunció este miércoles que había remitido una carta al Ministerio para que se convocase la reunión. “Insistimos en la necesidad de la convocatoria urgente de la mesa para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 para que las empleadas y empleados públicos, y también los trabajadores y trabajadoras del sector público empresarial, vean reconocido su esfuerzo más allá de las buenas palabras, los aplausos o los reconocimientos”, ha señalado.

El objetivo de los sindicatos en esta negociación es, señalan, el de continuar recuperando poder adquisitivo y coinciden en solicitar que se realice una negociación conjunta para el próximo año y el siguiente, hasta el final de la legislatura. Además, pretenden llevar a la mesa los asuntos relativos a las ofertas públicas de empleo, que eliminen la tasa de reposición que fija cuántos de los funcionarios jubilados deben ser suplidos, y que aumenten la plantilla de determinados organismos que arrastran problemas desde hace tiempo como el SEPE o la Agencia Tributaria.

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