La reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña se está estudiando en “un proceso global de negociación del sector eléctrico”. Fuentes de Nuclenor –la sociedad propietaria de la central– explican así el proceso en el que se está debatiendo la posible reapertura de la central burgalesa, una suerte de hito en la política energética del Partido Popular por cuya apertura está dispuesta a hacer muchas concesiones regulatorias. El contexto: la reforma eléctrica. Y en medio, el empecinamiento del Gobierno por reabrir la central.
Endesa e Iberdrola, dueñas al 50% de la central, se resisten a la reapertura de la nuclear. En un marco de incertidumbre regulatoria como la actual, con sobrecapacidad en la red y con una inversión de alrededor de 130-150 millones de euros pendiente, abrir Garoña es el último de los planes lógicos en su estrategia empresarial.
“Si a las eléctricas les interesara reabrir Garoña, ya lo habrían hecho”. El físico y activista antinuclear Francisco Castejón no tiene dudas de que dan a la central nuclear de Burgos por amortizada. En opinión del miembro de Ecologistas en Acción, Garoña tiene dos problemas fundamentales para su reapertura: la incertidumbre política a medio y largo plazo y el estado de salud de la instalación, que no es el más adecuado.
Pero el Gobierno las aprieta constantemente para que lo hagan. Durante la última legislatura de Zapatero, PSOE y PP convirtieron el debate sobre el futuro de la central más antigua que aún funciona en España en un asunto central. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó las instalaciones en 2009. Entonces era líder de la oposición y el Ejecutivo socialista había hecho del cierre progresivo de las nucleares uno de sus pilares en política energética.
Rajoy aseguró en Burgos que su partido tenía otro plan: “Con el PP en el Gobierno no se cerrará Garoña''. El Gobierno, que pone freno a las renovables rescatará las nucleares. Una receta mágica para las elecciones de 2015.
Ese compromiso del líder del PP pesa hoy en la política energética del Ejecutivo, según Juan López de Uralde, coportavoz nacional de Equo: “El Gobierno está en un callejón sin salida por culpa del compromiso de reapertura de Rajoy. Se pilló los dedos”. Uralde coincide en que a Endesa e Iberdrola les saldría mejor cerrar Garoña, y añade la presión social, creciente desde el accidente de Fukushima en 2011, ya que el reactor de la central española es gemelo del de la japonesa. “Y tiene problemas de agrietamiento”, apunta Uralde.
Dado que abrir Garoña puede ser tirar el dinero a corto plazo, Endesa e Iberdrola están aguantando la partida con un cambio de cromos. En juego está la reforma del sector eléctrico, y sobre todo la fijación del nuevo sistema de subasta eléctrica por el que se fijarán los precios del mercado minorista de la energía. Las dos grandes eléctricas se juegan mucho en esta reforma y en la a priori poco relevante central de Garoña han encontrado su moneda de cambio perfecta.
“El sainete de la reforma de la energía se refleja en Garoña”, reconoce Laia Ortiz, diputada de ICV en el Congreso. Ortiz recuerda que muchas de las decisiones regulatorias que se están tomando para allanar la reapertura de la central benefician a todo el parque nuclear. Así, se han rebajado los impuestos a las nucleares y se ha modificado la legislación para acomodar la reapertura de Garoña a la normativa de seguridad y los test de estrés exigidos después de Fukushima.
Escollos para la reapertura
Lo cierto es que el camino para reabrir la central está lleno de obstáculos. Para empezar, económicos. Castejón recuerda que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) obliga a la propietaria a una serie de modificaciones con un coste aproximado de 130 millones de euros. El grueso de los arreglos que permitirían a Garoña retomar su actividad consisten en sustituir cientos de metros de cable en riesgo; modificar la sala de control, que presenta riesgo de contaminación radiactiva; y mejorar la protección contra incendios, un “problema endémico” desde los años 90, como recuerda Uralde.
Nuclenor confirma que hay dos grandes proyectos pendientes de acometer (el del cableado y el estancamiento) pero que tiene hasta julio para tomar la decisión. En un voto particular emitido por la exministra Cristina Narbona en mayo del año pasado en el CSN, se denunciaban las presiones para que los miembros del consejo facilitaran la reapertura de la central.
A la central burgalesa se le acumulan los problemas. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha denunciado en numerosas ocasiones que la actividad de Garoña ha elevado la temperatura del cauce del río más caudaloso de España, lo que obliga a Endesa e Iberdrola a construir una torre de refrigeración que añadiría al presupuesto otros 20 millones.
En total, 150 millones de euros en reparaciones y renovaciones que, una vez finalizadas, no darían vía libre a la reapertura. Los requisitos necesarios fueron fijados en 2009 por el CSN en un informe que añadía una reserva en su artículo 5.2: un periodo de espera mínimo de tres años desde que Nuclenor presente toda la documentación hasta que el regulador pueda otorgar el permiso de reapertura. Sin embargo, los cambios regulatorios habrían rebajado ese plazo a algo menos de un año.
Desde Nuclenor reconocen que, una vez tomada la decisión de abrir la central, no estaría preparada para funcionar hasta finales de 2014 o principios de 2015. En la planta se realizan labores de mantenimiento y toda la plantilla está operativa en labores de control y seguridad.
Garoña como precedente
Tanto Castejón como Uralde advierten de cuáles pueden ser los motivos reales detrás de la presión de las propietarias de Garoña y de la patronal de las eléctricas. La central burgalesa sentará un precedente en un sentido o en otro ante la dicotomía entre alargar o no la vida útil de las demás nucleares cuando les llegue el momento. El coste de la producción de energía de las nucleares es muy bajo una vez que se amortiza su construcción. Ínfimo, si se compara con otras tecnologías como el gas; “al nivel de las hidroeléctricas”, asegura el dirigente de Equo. “Y las eléctricas quieren un sistema a su medida con grandes beneficios”, asegura Castejón.
Y así llegamos a la última derivada de la cuestión: el papel de las energías renovables. “En España hay mucha potencia, energía de sobra”, previene Uralde. Castejón coincide y anota: “Se pueden producir 105.000 kilovatios y el pico de demanda, antes de la crisis, fue de 45.000. Garoña sobra. Es perfectamente prescindible”.
La producción en renovables de las empresas aglutinadas en la patronal Unesa es mínima porque en su día se optó por favorecer las pequeñas explotaciones. “Cuando entra la eólica al mix” (el conjunto de fuentes que producen energía en un determinado momento), explica Castejón, “las eléctricas tienen que apagar el gas, por lo que los ciclos combinados funcionan sólo un 40% del tiempo”.
El Estado, continúa el miembro de Ecologistas en Acción, compensa las pérdidas que estas paradas representan. La paradoja es que “las renovables echan al gas en lugar de a las nucleares”, ya que estas no pueden rebajar la potencia a la que trabajan. “Esto convierte a la industria gasista en el principal lobby antirrenovables”, explica Castejón.
Todos estos matices, realidades y compromisos explican los vaivenes que rodean el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. El último, recuerda Juan López de Uralde, lo personifica el propio Mariano Rajoy. Si en 2009 aseguró que el PP no iba a cerrar Garoña, el pasado 12 de marzo el presidente del Gobierno respondía así al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados: “La decisión sobre Garoña debe ser técnica y no política”.