El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, afirmó hoy que el Gobierno estará abierto a nuevas propuestas contra los desahucios durante la tramitación del Real Decreto-ley aprobado recientemente, que afectará a más de 600.000 familias, según sus cálculos.
“El Gobierno ha tomado unas medidas inmediatas en el decreto ley que creemos que van a ser efectivas, que afectan a más de 600.000 familias teóricamente”, indicó el ministro a su llegada a la reunión de titulares de Finanzas de la zona del euro.
De Guindos aseguró que, durante el proceso parlamentario, el Ejecutivo “está abierto a la toma de nuevas actuaciones en el sentido que siempre hemos comentado”.
En este contexto, el ministro afirmó que es “muy positivo” que se paguen las hipotecas en España y que la tasa de mora sea muy reducida, en torno al 3 %, a la vez que se defienden a aquellos deudores que “se han visto golpeados de una forma desmesurada por la crisis, por lo que hay que protegerlos para evitar que pierdan el piso”.
El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno instaura la suspensión de los desahucios durante los próximos dos años para aquellos deudores que cumplan con una serie de requisitos.
Además, como primer paso ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, el banco establecería un periodo de carencia de hasta 4 años del pago del capital.
La vida de la hipoteca se alargaría hasta los 40 años, con el consiguiente descenso de las cuotas mensuales, y se limitarían los intereses moratorios, que no podrán exceder un 2,5 % a los intereses que se pactaron al comprar la vivienda.
Preguntado por si el Gobierno planea frenar los intereses de mora, De Guindos destacó la importancia de esta limitación al 2,5 % de los intereses de mora adicionales recogida ya en el decreto.
Para beneficiarse de la suspensión es necesario formar parte de alguno de los siguientes colectivos sociales: ser familia numerosa, monoparental con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 % o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género.
Asimismo, tienen derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
Además es necesario tener una renta inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales-, que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas (que el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 por ciento en los últimos cuatro años y que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos) y que sea la única vivienda del deudor.