El Gobierno se aferra a sus objetivos de déficit pese al recorte de las previsiones del PIB de 2022 y 2023

El Gobierno ya tiene su techo de gasto para 2023 y se abre la veda para las negociaciones para tener presupuestos el próximo año. La fijación en el Consejo de Ministros del mayor límite de gasto no financiero de las administraciones públicas de la historia fue acompañada este jueves por dos anuncios: se recorta la previsión de crecimiento y se mantiene la del déficit. Es la segunda vez en tres meses que el Ejecutivo ha tenido que hacer un anuncio idéntico. Las proyecciones macroeconómicas de 2022 y 2023 que había a comienzos de año han quedado en papel mojado por el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética y de inflación que ha provocado.

Primero, el PIB. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, actualizó tras la reunión del Gobierno las nuevas proyecciones de la evolución de la economía para el próximo año, que servirán de marco para la redacción de las cuentas públicas. Calviño aseguró que, aunque mantiene la evolución de la economía en un crecimiento del 4,3% para este año –en abril ya lo rebajó del 7%–, el próximo pasará del 3,5% proyectado al 2,7%. Ocho décimas menos de crecimiento, en línea con los ajustes que han ido aplicando a sus previsiones para España distintos organismos internacionales.

Segundo, el déficit. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a reafirmar la senda de déficit del Gobierno. Ya lo hizo en abril, cuando pese al recorte de PIB para este año volvió a reafirmar su objetivo del 5% de desfase entre gastos e ingresos. Lo volvió a hacer este martes, cuando, tras recortar el Gobierno el crecimiento para el año próximo, volvió a sostener la meta de terminar ese ejercicio con un desequilibrio del 3,9%. Las previsiones macroeconómicas se recortan pero la línea del déficit se mantiene.

El Gobierno respira un año más con el balón de oxígeno de Bruselas al mantener suspendidas las reglas de déficit excesivo. Estas reglas de estabilidad fijadas por la Comisión Europea obligan a los distintos países a mantener un desequilibrio fiscal por debajo del 3%, dos puntos menos que la previsión para este año en España. Sin embargo, aunque están suspendidas estas normas, Montero sostiene, siempre que tiene ocasión, que aunque no hay un “objetivo de obligado cumplimiento”, habrá “una tasa de referencia”. “Las reglas siguen suspendidas pero no la responsabilidad fiscal”, aseguró Montero este martes.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia impactó de lleno en las cuentas españolas justo cuando se había logrado volver a ese límite del 3%. Ahora, el Ejecutivo no contempla volver a cumplir con esa obligación de déficit hasta 2025, cuando se prevé llegar al 2,9%. Mientras tanto, el debate está abierto en Bruselas sobre el objetivo de las reglas de estabilidad, aunque hay voces que ya abogan por recuperar los límites a los desequilibrios fiscales tras la pandemia.

Vuelven las voces de la austeridad

Hace dos semanas, los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) abogaron por aplicar una política fiscal “prudente” y pasar de los estímulos globales de la pandemia a la senda de la disciplina fiscal, para hacer frente a la espiral de inflación. “En la parte fiscal, es importante embarcarse en la senda hacia una política fiscal prudente, dejando atrás los estímulos globales que aplicamos durante la pandemia”, señaló el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

También en Alemania han vuelto las voces de la austeridad que se habían silenciado como respuesta a la crisis sanitaria. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, del ala liberal del Gobierno de coalición, abogó a comienzos de mes en el borrador de los presupuestos del país por volver al “freno” a la deuda pública. “El Gobierno ha decidido volver a actuar dentro del freno de la deuda. Con ello aseguramos la capacidad de actuación, aliviamos a los ciudadanos y a las empresas e invertimos en el futuro de nuestro país”, apuntó su Ministerio.

El Banco Central Europeo ha vuelto igualmente a hacer alusión al control del déficit cuando presentó la pasada semana el nuevo mecanismo para controlar las primas de riesgo de países del euro, especialmente para los del sur. Los requisitos para poder acceder al TPI, como se ha dado a conocer, incluyen que los países no se encuentren en situación de déficit excesivo. Si bien estas reglas siguen relajadas por el momento.

A falta de concretarse cómo será el nuevo sistema de control fiscal de Europa cuando se vuelvan a activar los sistemas, el Gobierno pretende dar muestra de su intención de mantener bajo control el déficit. El desequilibrio se disparó en 2020, cuando llegó al 10,2%, un nivel que no se veía desde la crisis financiera de 2012. En 2021 se consiguió enderezar una parte de aquel problema hasta el 6,8%, que fue incluso mejor del esperado por el Ejecutivo, que asumía que todavía quedaría por encima del 8%.

El Gobierno ha encontrado un aliado para poder reconducir las cuentas públicas: la recaudación tributaria. La mejora hasta el momento de la economía ha hecho que, sin haber aprobado grandes medidas de aumento de ingresos y pese a haber puesto en marcha rebajas en la factura de la luz, la cifra de recaudación ha alcanzado niveles de récord. El año pasado se obtuvo la mayor cifra de ingresos tributarios de la historia y, hasta el momento, el crecimiento se ha mantenido a un nivel importante en 2022.

Hasta mayo, últimos datos registrados por la Agencia Tributaria, el aumento de la recaudación fiscal fue del 19%. O lo que es lo mismo, 13.400 millones de euros. Gracias a ese aumento, el Gobierno ha visto ya compensado en apenas cinco meses el grueso del coste de los dos decretos que se han aprobado frente a la crisis de inflación, en marzo y en junio. Ambos sumaban una previsión de coste de 15.000 millones de euros. Esto, unido a que el pasado año concluyó con menor déficit del esperado, ha dado margen de maniobra para los planes de ayudas. A este margen están llamados a ayudar los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno. El tributo a los beneficios extraordinarios a la banca y las eléctricas debe anunciarse antes del final de esta semana y se prevé que den al Estado 3.500 millones de euros.

Montero evitó este martes concretar a qué se destinará el aumento del gasto anunciado en el nuevo techo aprobado por el Gobierno, de unos 2.000 millones frente al que se aprobó para los Presupuestos de 2022. Sin embargo, sugirió que algunas de las partidas de gasto público que existían en los presupuestos de este curso podrían desaparecer para el próximo. Se aplicaría, por ejemplo, a medidas extraordinarias vinculadas con la pandemia, toda vez que la situación sanitaria ha cambiado. Si bien se incluyen nuevas vías de gasto, como los anuncios realizados en materia de Defensa, el aumento del gasto en pensiones o los posibles efectos de la inflación en las políticas públicas.

Un guiño a las autonomías en año electoral

El techo de gasto es el límite que el Gobierno prevé aplicar a los Presupuestos Generales, en este caso para el año 2023. A partir de ahora, comienza una negociación que promete ser ardua, incluso dentro del Ejecutivo. PSOE y Unidas Podemos deben acordar el contenido de los presupuestos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, celebró este martes en Twitter el nuevo techo de gasto. “Es un paso decisivo para tener unos presupuestos que cubran las necesidades de la gente”, aseguró la impulsora de Sumar. Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, aseguró que el límite de gasto aprobado debe servir para “proteger a las familias, frenar la inflación y marcar un claro rumbo valiente y ambicioso para el final de la legislatura”, un claro aviso ante el objetivo anunciado por Pedro Sánchez de elevar el gasto en Defensa.

El próximo año se presenta un ejercicio cargado de citas electorales. Fija en el calendario es la convocatoria para las elecciones autonómicas y municipales, que están previstas para mayo. Precisamente a estas administraciones ha dedicado este martes un guiño Montero. Si bien el Gobierno ha mantenido el objetivo de déficit del 3,9% para el próximo año, ha modificado el reparto. La administración central tendrá menos margen, al reducir su objetivo de déficit del 3,4% al 3,2%.

Las comunidades tendrán así dos décimas de margen que no tenían en el anterior reparto realizado por Hacienda. Podrán tener un déficit del 0,3%, frente al 0,1% inicialmente previsto. Esa diferencia equivaldría a unos 2.500 millones. Además, los ayuntamientos tendrán un objetivo de superávit más relajado, del 0,1%, frente al 0,2% inicial. “El Gobierno asume un mayor esfuerzo para que las comunidades autónomas tengan un mayor margen”, aseguró Montero, quien reivindicó que es “el Ejecutivo que más recursos ha dado a los gobiernos autonómicos”.

Montero llega con este nuevo margen autonómico a las reuniones que tendrá durante este miércoles y jueves con los representantes de los Ejecutivos regionales. A ellos les deberá trasladar con qué previsiones de entregas a cuenta –recaudación fiscal adelantada– podrán contar para elaborar sus respectivos presupuestos para el próximo año. “La cifra se incrementará significativamente”, prometió Montero tras el Consejo de Ministros.