El Gobierno saca adelante el real decreto de la moratoria de alquileres y la prohibición de desahucios con la abstención de la oposición

Entre duras críticas que han ido desde la falta de ambición de las medidas económicas adoptadas de ERC a las acusaciones de “ser responsables de las muertes” por el coronavirus por parte de Vox, la vicepresidenta de Asuntos Económico y Transición Digital, Nadia Calviño, ha sacado adelante el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Al Gobierno le ha bastado con los votos favorables del PSOE y Unidas Podemos, además del apoyo crítico de Ciudadanos, Compromis o Más País para aprobar esta norma que ha sido duramente censurada por el resto de los partidos del hemiciclo aunque su critica solo se ha traducido en una abstención.

Calviño ha defendido que con esta norma “se completa la red de seguridad para el conjunto de los ciudadanos y las empresas” de manera que se pueda “superar de la forma más eficaz posible la crisis sanitaria” y así se “protege a nuestra economía con la esperanza de que en las próximas semanas podamos discutir y abordar los planes de recuperación económica”.

Este real decreto es una medida que recoge hasta 50 iniciativas entre las que se encuentran la prórroga de medidas excepcionales hasta un mes después del final del Estado de Alarma que se aprobaron con antelación, la renovación de contratos de alquiler que terminen en este periodo, la prohibición del cese de suministros básicos —agua, luz y gas— por impago a los colectivos vulnerables, la suspensión de desahucios por impago del alquiler durante seis meses, la moratoria de alquileres, tres meses de moratoria hipotecaria para autónomos y pymes para sus locales comerciales, una moratoria de pagos para los créditos al consumo, la prohibición de la publicidad de las apuestas durante la mayor parte del día o permitir el uso del superávit de los ayuntamiento para ayudas a los colectivos más vulnerables.

Precisamente que se tratase de una “una ley omnibus de 88 hojas sin consultar a las comunidades autónomas” ha sido uno de los argumentos que ha expuesto el diputado del PNV, Aitor Esteban, para rebajar el apoyo que estaba prestando hasta el momento al Ejecutivo de Pedro Sánchez en una abstención. Esteban también ha aducido para justificar la falta de respaldo en “haber quitado el dinero de las políticas de empleo de las autonomías para pasarlas a políticas de Estado para otras cosas”, cuando a juicio del parlamentario nacionalista esos fondos harán más falta que nunca cuando termine el Estado de Alarma.

En el mismo sentido se posicionó el diputado de ERC, Grabriel Rufián, que censuró el recorte de los fondos para políticas activas de ocupación de las autonomía y se mostró muy crítico con las moratorias en el alquiler porque eternizan las deudas y con la falta de medidas que ayuden más a los autónomos. Los republicanos optaron por la abstención al igual que los diputados independentistas de Junts per Cat.

Ciudadanos ha mantenido su posición de votar favorablemente los decretos que presenta el Gobierno, aunque en esta ocasión su diputado Edmundo Bal le pidió a la vicepresidenta económica “más ambición” en las medidas económicas, que “discriminen las leyes porque no se puede tratar de la misma manera a los autónomos, las pymes y a las grandes empresas”, y que el Ejecutivo haga un ejercicio de modestia y escuche más a los partidos de la oposición para mejorar las leyes.

Frente a esta postura, a pesar de anunciar su abstención el diputado del PP Mariano Garcés le ha recriminado al Gobierno que “el 50% de las normas que se recogen en este real decreto se financian por los agentes privados” y que las medidas “rompen los equilibrios tradicionales” entre los agentes económicos por lo que “no permitirán” que se conviertan en “decisiones estructurales”.

Además de aprovechar su turno de palabra para lanzar la acusación de que el Gobierno miente sobre el número de muertos por el coronavirus, el diputado popular coincidió con Vox en criticar que en el real decreto se incluyera la ayuda de 15 millones para las televisiones para “sobornar a los medios” cuando, según Garcés, con ese dinero “se podrían haber comprado 900.000 mascarillas”.

La diputada de Vox, Marcarena Olona, llegó a decir a la vez que se tratan de medidas que acentúan “una mayor intervención en la economía de este Gobierno socialcomunista” para añadir que las medidas eran “poco ambiciosas”. Olona señaló que “al Estado le toca abonar el salario a los trabajadores que se han quedado en paro” y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “negligencia criminal” y de ser “responsable del mayor número de muertos por población” para concluir que a “Pedro Sánchez se le recordará como Pedro, el sepulturero”.