El Gobierno ha aprobado este martes la nueva ley sobre incentivos a la contratación, que renueva las ayudas que reciben hoy en día las empresas por contratar y que son muy criticadas por su escasa eficacia. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado algunas de las novedades más significativas del nuevo sistema, como que estas bonificaciones en las cuotas que pagan las empresas se focalizarán ahora en los contratos indefinidos, salvo casos concretos, que aumentan su cuantía para las situaciones de más vulnerabilidad y que contarán con la obligación de que las empresas mantengan el empleo durante tres años.
La reforma aprobada este martes forma parte de uno de los compromisos del Gobierno dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. Yolanda Díaz ha destacado que el Gobierno está cumpliendo “todos los hitos” marcados con Bruselas y ha subrayado que esta reforma pretende “corregir una de las grandes deficiencias” de las políticas de empleo en España, unas ayudas a la contratación que actuaban como “un auténtico peso muerto”. Es decir, que se destinaban recursos públicos a contratos que ya se iban a producir igualmente, sin que cumplieran realmente su función.
El decreto ley aprobado este martes, que aún debe ser convalidado en el Congreso, entrará en vigor “en septiembre”, ha explicado Yolanda Díaz, para dar tiempo de adaptación a las empresas y organismos de empleo.
Entre las novedades, el Ministerio de Trabajo destaca que las empresas que trasladen “su actividad industrial, productiva o de negocio” fuera de la Unión Europea o los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán devolver “todas las bonificaciones a la Seguridad Social realizadas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, así como las subvenciones recibidas”.
Indefinidos y con tres años de mantenimiento de empleo
Yolanda Díaz ha destacado que los nuevos incentivos se adaptan a la reforma laboral y su impulso de la estabilidad del empleo. Se eliminan incentivos a contratos temporales, “un fallo del sistema que desaparece”, salvo en casos muy específicos como el de las personas con discapacidad, y se focalizan las ayudas en los contratos indefinidos. La ministra ha mencionado otra excepción: se bonificarán los contratos temporales de sustitución “para fomentar políticas de conciliación laboral”.
Además, se pretende que las ayudas sirvan para mantener empleo de más calidad, que dure en el tiempo. Para ello, se despliega una cláusula de mantenimiento del empleo de tres años. “Los contratos financiados mediante bonificaciones se establece que el empleador deberá mantener en situación de alta, o asimilada a la de alta, en la Seguridad Social a la persona trabajadora contratada al menos tres años desde el inicio del contrato incentivado”, explica el Ministerio de Trabajo.
La ministra de Trabajo también ha destacado “la eliminación de las reducciones” que debilitaban las cuentas de la Seguridad Social porque se eximía del pago de cotizaciones como ayuda a la contratación. A partir de ahora, los beneficios para las empresas serán solo bonificaciones, con las que el Estado es quien asume el pago de las cuotas de las empresas.
El Ministerio destaca también que se intenta fomentar la contratación a tiempo completo, en detrimento de la parcial, que alcanza mayoritariamente a las mujeres (en muchos casos de manera indeseada por no encontrar empleo a tiempo completo, aunque también por los cuidados). “En los supuestos de contratación a tiempo parcial las cuantías se reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida”, informa el Ministerio de Trabajo. “En todo caso no se incentivan las jornadas parciales inferiores al 50% de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora, salvo en los supuestos de permisos por conciliación”.
Más ahorro a la empresa en colectivos vulnerables
Otro de los objetivos de la reforma era centrar las ayudas en colectivos con más dificultades para encontrar un empleo y acabar con las que se concedían de manera más generalizada. “Eliminamos conceptualmente la bonificación o incentivo como un abaratamiento de los costes laborales. Eso no tiene cabida, no se trata de eso. Se trata de impulsar la contratación de colectivos con más necesidad”, ha explicado Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por ejemplo, la vicepresidenta segunda ha mencionado el despliegue de ayudas para la contratación de personas jóvenes sin cualificación, para mermar una de las mayores lacras en el mercado laboral de España: el alto desempleo juvenil. “La bonificación por la contratación indefinida de personas jóvenes con baja cualificación beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil dará derecho a una bonificación 275 euros durante tres años”, destaca el Ministerio de Trabajo como ayudas de nueva creación.
Se bonificará también la transformación en contratos fijos discontinuos de contratos temporales suscritos en el Sistema especial agrario, una actividad afectada hasta ahora por una elevadísima temporalidad.
En cuanto a las cuantías, la AIREF recomendó reducir los beneficiarios de estas ayudas y aumentar las ayudas. El Ministerio de Trabajo destaca el incremento del ahorro para las empresas en casos de contratación de personas con una mayor vulnerabilidad, como:
– La bonificación prevista en la actualidad por la contratación indefinida de personas en situación de exclusión social (55 euros/mes) se incrementa hasta 128 euros/mes, “igualándose así a la establecida por la contratación indefinida de otros colectivos vulnerables”, explica Trabajo.
– La contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración da derecho a una bonificación superior cuando la persona contratada es mujer (128 euros/mes, en lugar de 110 euros/mes). “Esta mayor bonificación se extiende también a la contratación de personas tengan 45 o más años”, añade el Ministerio.
– Los beneficios en las cuotas de la Seguridad Social previstos por la transformación en indefinidos de contratos formativos se unifican e “incrementan su cuantía un 200%”.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que el nuevo sistema de incentivos estará sujeto “a la evaluación permanente”. “Ninguno tiene carácter estructural”, ha destacado la responsable de Trabajo: “Los que funcionen continuarán y los que no causen los efectos esperados los eliminaremos”.