El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que reforma la tarifa regulada de la luz, el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), para hacerla menos volátil a partir de 2024, tras los récords de 2022 por la guerra en Ucrania.
El PVPC, que a partir del próximo enero dejará de estar totalmente vinculado a la cotización horaria del mercado mayorista de la luz, está reservado a los suministros con hasta 10 kilovatios de potencia y es la tarifa que están obligados a contratar los beneficiarios de los descuentos del bono social. A él hay acogidos unos 9 millones de consumidores, un 34% de todos los suministros domésticos.
Su reforma era una exigencia de la Comisión Europea a cambio de aprobar la excepción ibérica en mayo de 2022. También es una vieja reivindicación de las compañías eléctricas, que en realidad son partidarias de suprimir las tarifas reguladas, en las que el margen lo fija la Administración.
El cambio en el PVPC se aprueba ahora pero, en línea con lo que recomendó en diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no va a afectar a los consumidores hasta que deje de estar en vigor el tope al gas. En principio, la prórroga de Bruselas expira en 2024, si bien esa intervención del mercado lleva sin aplicarse desde febrero porque los precios de esta materia prima se han normalizado en los últimos meses.
A partir de enero de 2024, una parte del coste de la energía de la tarifa PVPC dejará de estar directamente vinculado al precio diario del mercado mayorista, el conocido como pool, para indexarse a los mercados de futuros de un mercado que se llama OMIP. El peso de los mercados de futuros aumentará progresivamente. En 2024 será del 25%, en 2025, del 40%, y a partir de 2026 será mayoritario: las referencias a futuro supondrán un 55% del coste de la energía, y el pool, el 45% restante.
Para calcular esos futuros, el precio mensual supondrá el 10%, el trimestral, un 36%, y el anual, un 54%. El precio se actualizará cada mes y será publicado por el operador del sistema para que las empresas que suministran el PVPC, las denominadas comercializadoras de referencia (COR) de los grandes grupos, incorporen esos futuros mensuales. Las empresas tendrán que empezar a comprar la energía ya a partir de este mes de julio.
Más estabilidad
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, esa indexación a los mercados a plazo “reducirá la volatilidad, aportando más estabilidad a las facturas finales de los consumidores y manteniendo las señales de ahorro y consumo eficiente”. En el ministerio consideran que esa volatilidad de precios que irrumpió con la guerra de Ucrania, ha venido para quedarse.
La pregunta del millón es si esta reforma va a encarecer el recibo a cambio de mayor estabilidad, ya que toda referencia a futuro implica un encarecimiento por la prima de riesgo que conlleva. Por lo pronto, para 2024 los futuros de OMIP apuntan ahora a unos precios de 86 euros, que son muy similares a los de lo que llevamos de 2023.
En el Gobierno defienden que las renovables van a ir abaratando los precios a futuro y que esta es una reforma pensada no para actuar sobre los precios, sino para reducir la volatilidad de las facturas. Y sostienen que, con este nuevo sistema, los consumidores van a estar más protegidos: si en enero de 2024 hay un episodio extraordinario como una nueva Filomena o tensiones en el mercado del gas, la parte del 25% que se va a calcular ya a futuro estará libre de esa volatilidad y esa cobertura va a ser creciente. Se trataría de un cierto seguro por si se producen shocks de precios, salvo que estos duren más de un año.
Como señal de precio al consumidor, el PVPC es imbatible y siempre fue la opción más recomendable, pese a llevar años en retroceso frente a los ofertas del mercado libre. Pero el descontrol que vivió el pool tras la invasión rusa de Ucrania convirtió su diseño, único en Europa, en perverso, al estar indexada a la cotización que marca cada hora el pool.
Una novedad del texto aprobado este martes con respecto al borrador inicial es que se incorpora una prima de riesgo por volumen para cubrir a las comercializadoras, que garantiza que las COR no incurran en un desequilibrio económico que les lleve a la quiebra. Actualmente el PVPC no supone para ellas ningún riesgo de precio ni volumen, porque no tienen que comprar por anticipado nada y no corren ningún riesgo de equivocarse.
Ahora tendrán que ir a OMIP a partir del próximo 1 de julio a cubrir esa cesta de productos para la electricidad que venderán a partir de enero. Y pueden equivocarse y quedarse cortos en sus previsiones respecto a la demanda real, si por ejemplo hay un trasvase de usuarios al PVPC que no esperaban. Con esa prima de riesgo, estarán cubiertas, a costa de un mayor precio para el consumidor: como advirtió la CNMC hace unos meses, este mecanismo “implicaría un incremento de precio frente a la metodología actual”.
La medida también va a expulsar del PVPC a muchas empresas y entidades públicas que siguen teniendo esta tarifa, ya que Bruselas obliga a reservar los precios regulados a micropymes y personas físicas. Se les dará un periodo transitorio de un año para adaptarse y se respetará la duración de los contratos vigentes y firmados antes del 1 de enero de 2024. Si no contratan en el mercado libre, se les seguirá suministrando, pero con un recargo del 20% para que tengan ese incentivo para ir al mercado libre. El Gobierno dice no tener datos de a cuántas empresas y entidades públicas afectará.
La condición de microempresa se acreditará mediante declaración responsable ante el comercializador de referencia y deberá ajustarse a lo previsto en la reglamentación europea, esto es, empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
Las tarifas reguladas de la luz deberían tener fecha de caducidad por imposición de la UE. La normativa europea obliga a monitorizar la evolución del mercado eléctrico para ir revaluando la necesidad de mantenerlas. De ese análisis se encargará la CNMC. Y antes de 2025 los Estados miembros deben elevar a la Comisión un informe para justificar o no el mantenimiento de estas tarifas.
Quien quiera tener una tarifa indexada al precio horario tendrá que esperar a que se lo ofrezca alguna compañía eléctrica. Una directiva europea de 2019 obliga a que las comercializadoras de más de 200.000 clientes tengan tarifas 100% dinámicas, pero esta obligación no se ha traspuesto en España, que va a esperar a ver cómo se configura la protección del consumidor minorista con la reforma eléctrica en discusión en la UE.
La reforma ha sido bien recibida por la patronal eléctrica aelec, que la valora “positivamente” y recuerda que debía estar en marcha desde el 1 de enero de este año, según lo prometido a Bruselas en 2022. La patronal indica que el nuevo sistema “proporciona mayor estabilidad al precio para el pequeño consumidor”, “no pierde completamente la variación horaria de los precios, dando las señales adecuadas para que la demanda traslade su consumo a las horas de menor precio” y “generará más liquidez en los mercados a plazo, dado que las COR tendrán incentivos a comprar electricidad a plazo, replicando la cesta del PVPC”.
Sin embargo, aelec lamenta que la reforma no revisa “los costes prudentemente incurridos de la comercialización tal y como establece la normativa, correspondiente a una actividad regulada, estando pendiente la revisión de los costes de comercialización para los periodos 2019-2021 y 2022-2024. Adicionalmente, sigue siendo necesario recuperar los costes asociados al canal presencial de atención a clientes de estas compañías”. También insiste en su petición de que el bono social lo financie el Estado.