La vicepresidenta primera y responsable económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha evitado posicionarse claramente este miércoles sobre la compra de un 9,9% de Telefónica por un fondo soberano de Arabia Saudí. El Ejecutivo fue informado este mismo martes por la empresa de esta operación. No obstante, Calviño ha asegurado que el Gobierno estudiará esa operación. “Aplicaremos los mecanismos necesarios para garantizar la defensa de nuestros intereses estratégicos”, ha respondido a los periodistas en Bruselas.
Lo que ha enfatizado Calviño es que esos mecanismos se han “reforzado” durante el mandato de Pedro Sánchez para “proteger y defender los intereses estratégicos”. No obstante, ha intentado ser prudente y no criticar explícitamente esa compra ni adelantar cuál será el posicionamiento del Gobierno, que tiene en su mano impedir que la empresa saudí alcance el 9,9% de la participación de la compañía española y se quede en un 4,9%.
La compañía árabe adquirió un 4,9%, justo por debajo del 5% que impone la ley a partir del cual un inversor foráneo que entrase en una empresa con intereses en Defensa, como es Telefónica, tendría que pedir permiso al Gobierno.
La vicepresidenta ha hecho equilibrios para no espantar posibles inversiones al asegurar que el Gobierno está impulsado el “atractivo” de España, pero al mismo tiempo ha lanzado un mensaje de “tranquilidad y confianza” en los mecanismos de protección de los intereses estratégicos que representa, según ha dicho, Telefónica para España.
A la vez, la vicepresidenta ha lanzado un mensaje de “confianza y tranquilidad” tras informar de que la empresa saudí se puso en contacto con el Gobierno para manifestar el “carácter amistoso” de la operación, que “debe ser interpretada en apoyo al equipo directivo” y que se ha llevado a cabo sin intención de toma de control.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha señalado que la entrada del grupo de telecomunicaciones saudí STC en el capital de Telefónica es una muestra de “confianza” y una “apuesta” por España. Aún así, Félix Bolaños ha remarcado que Telefónica es una empresa estratégica para el país, por lo que Gobierno “velará” por el interés general de España y también por el interés estratégico de la compañía. En esta línea, ha asegurado que desde el Ejecutivo en funciones se analizará “con todo detalle” la transacción y se garantizarán los intereses de España en la inversión.
De forma similar se ha expresado el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, que ha apuntado que el Gobierno está “estudiando” con “mucho detenimiento” la adquisición del 9,9% de Telefónica por parte del grupo saudí STC.
“Estamos hablando de un operador estratégico, estamos viendo la operación y el alcance de la operación, las características. Estamos hablando de un operador estratégico especialmente relevante porque además está jugando un papel crucial dentro de la transformación digital en nuestro país”, ha continuado.
“El Gobierno tiene la capacidad de valorar este tipo de inversiones que no afectan al control de la compañía. Existen canales para preservar nuestra autonomía estratégica que el Gobierno pone en marcha, y yo lo que quiero subrayar es que Telefónica no solo es una empresa emblemática en nuestro país, sino que es una compañía estratégica, un operador estratégico y que el Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España con absoluta normalidad y tranquilidad”, ha señalado la ministra Portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, en declaraciones a RTVE.
Más dura con la operación se ha posicionado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que ha instado a proteger el “futuro digital” de España y preservar la “autonomía estratégica” de las compañías españolas. “España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles”, según ha asegurado Díaz en un tuit, recogido por Europa Press, en el que también ha destacado que es “esencial” preservar la autonomía estratégica española.
En esta línea, también ha reclamado que “es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar” ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA).
Mientras el PP ha optado por criticar al Gobierno. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado al Gobierno por estar “más pendiente de pactar amnistías” que atender a los intereses de las empresas españolas. A través de un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, Bravo ha aseverado que esta transacción se produce “cuando un Gobierno en funciones está más pendiente de pactar amnistías y referéndums con Puigdemont y sus socios que de lo que pasa en las empresas españolas”. “No es un Gobierno, es un desgobierno”, ha remachado el vicesecretario económico de los 'populares'.