El Gobierno avisa a las eléctricas: o bajan sus tarifas, o recortará sus beneficios extra. La medida estrella que ha arrancado Pedro Sánchez en Bruselas, el tope ibérico al precio que cobran las centrales de ciclo combinado (gas natural), tendrá que esperar unas semanas. Entretanto, el Ejecutivo ha aprobado entre otras cosas un refuerzo del mecanismo para reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico causado por el elevado precio del gas natural.
El Gobierno ha reforzado ese mecanismo de minoración de las ganancias extraordinarias del sector dentro del plan de respuesta a la guerra en Ucrania aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Lo ha hecho porque, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, es ya “una evidencia” que esos beneficios extra para las tecnologías ajenas al gas existen, tras reconocerlo por escrito la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Comisión Europea y el último Consejo Europeo.
Ese mecanismo ahora reforzado no tiene naturaleza fiscal (no es un impuesto a las eléctricas), sino regulatorio, y persigue obligar a las tecnologías inframarginales (nucleares, hidroeléctricas y algunas plantas de renovables) a devolver lo cobrado de más aprovechando los elevados precios del mercado mayorista, disparados por el gas en los últimos meses.
El Gobierno lo puso en marcha en septiembre, pero luego lo tuvo que descafeinar para salvar su aprobación en el Congreso, al dejar fuera los contratos bilaterales a precio estable. En el sector defienden que su mera existencia había permitido una cierta autolimitación de sus ganancias. Pero el Gobierno lo refuerza con un umbral de precios que no podrán superar los nuevos contratos o los que se renueven a partir de ahora.
Así, todas las empresas que renueven contratos bilaterales de suministro eléctrico a largo plazo deberán pensarse si ponen un precio a la energía superior a 67 euros por megavatio hora (MWh). Ese umbral está calculado a partir de la cotización histórica del mercado ibérico del gas (20 euros/MWh). “O recaudamos para reducir la factura de los consumidores vía cargos o las empresas serán cada vez más competitivas”, resumen fuentes del Ministerio.
Para las plantas que fijen precios por encima de esos 67 euros/MWh se establece un coeficiente corrector (denominado factor alfa) del 10%. Lo que vaya por encima de esa cifra lo recaudará el sistema con destino a los cargos: la parte regulada del recibo que fija el Gobierno y que retribuye partidas como las primas a las renovables más antiguas, el sobrecoste de generar fuera de la península o la deuda del denominado déficit de tarifa.
La recaudación que se obtenga dependerá de cómo sean los nuevos contratos que se firmen. “Esperamos que bajen los precios de los contratos. Y si no es el caso, tendremos una recaudación adicional para limpiar las facturas de todos y cada uno de los consumidores”, explica el ministerio, abriendo la puerta a nueva bajada de los cargos en función de lo que se pueda recaudar por ese exceso de beneficios.
El mecanismo se aplica también a los contratos intragrupo, los que tienen firmados las grandes eléctricas entre sus filiales. En el caso de Endesa, ha afirmado que el precio al que vende su electricidad de base (nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada) es de 54 euros/MWh para 2022 y 58 euros para 2023; la compañía asegura que tiene vendida el 97% de su producción de base a ese precio (54) para este año y, para 2023, el 55% a ese precio de 58 euros, por lo que en este caso, el efecto de esa minoración sería prácticamente nulo.
Adelanto de las renovables
La otra gran medida aprobada en el decreto aprobado este martes es el adelanto de 1.800 millones de lo cobrado de más por las plantas acogidas al régimen RECORE –renovables, cogeneración, residuos– que debían regularizar su situación en enero de 2023 por los altos precios mayoristas de los últimos meses. Esto va a permitir recortar los cargos un 55%. El efecto será una rebaja de 6 euros en la factura para un usuario medio. Además, se permite a las instalaciones en el régimen RECORE firmar contratos bilaterales, con comercializadoras o grandes consumidores.
A esto se suman otras medidas ya anunciadas, como la prórroga de la rebaja de impuestos de la factura y el refuerzo del bono social. En el caso de estos descuentos, la principal novedad es que se incrementan los umbrales de ingresos para acceder a ellos: sube el límite del denominado IPREM hasta 0,3 veces por adulto y 0,5 veces para menores de edad. Y hay un “cambio simbólico”, según la vicepresidenta Ribera, pero “importante: dejar de hablar de familias y hablar de personas convivientes” en un hogar para poder acceder al bono.
Los descuentos, del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos, se mantendrán hasta el 30 de junio. Y para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo del pasado enero, se extiende a toda la cadena del negocio eléctrico (incluyendo transportistas y distribuidores) la obligación de financiar el bono, cuya vigencia se extiende dos años y se concederá de forma automática a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV). El número de beneficiarios aumentará así en 600.000 hogares, hasta 1,9 millones.
Otra novedad es que, para agilizar el despliegue de la energía limpia y ante el tapón de solicitudes que se acumula, se introduce un “procedimiento superacelerado” para la tramitación las instalaciones de renovables de menor tamaño: de hasta 75 megavatios (MW) en el caso de la eólica y de 150 MW para la fotovoltaica, siempre que estén proyectadas en suelos sin especial protección medioambiental, y no incorporen sistemas de evacuación hasta más allá de 15 kilómetros.
Se trata de un procedimiento “más ágil” pero “con todas las garantías” que “ha sido trabajado con la Comisión Europea”, según Ribera. También se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso a la red para autoconsumo.
Con el plan aprobado este martes, la industria electrointensiva verá reducidos los peajes eléctricos un 80% durante 2022, así como una mayor compensación por el coste del CO2 repercutido en la electricidad. Además, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad.
Respecto al mecanismo para la denominada excepción ibérica, el esquema que planea el Gobierno pasa por realizar una primera subasta en la que las centrales de gas oferten a los precios actuales y que servirá de referencia para las exportaciones de Francia. En una segunda casación ya se aplicará ese tope, lo que por ejemplo redundaría en un precio de 120 euros/MWh, en lugar de los más de 250 euros actuales. La diferencia para pagar el gas se prorrateará entre el resto de la generación. El resultado, afirma el Ministerio, será un importante ahorro neto para los consumidores, sin que sea necesario recurrir al denominado déficit de tarifa.