El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que por primera vez contempla la creación de un bono social energético que, siguiendo la experiencia de países como Portugal, deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.
La estrategia, tal y como ha destacado este viernes la ministra Teresa Ribera, ofrece por primera vez en España una definición oficial sobre la pobreza energética, a la que se identifica como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
También establece indicadores para su seguimiento, la cuantifica (actualmente la sufrirían entre 8,1 y 3,5 millones de personas en España, en función de la casuística) y se plantea reducirla entre un 25% y un 50% hasta 2025. Para ello, entre otras medidas, fija las líneas del futuro bono social energético y plantea acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes.
La estrategia, un compromiso recogido en un Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado en octubre que ha visto la luz en el último Consejo de Ministros antes del inicio de la campaña electoral, propone que se prohiba cortar el suministro energético en situaciones meteorológicas extremas (como olas de frío o calor) a consumidores vulnerables.
Esta salvaguarda se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.
La estrategia define las diferentes tipologías de pobreza energética a partir de cuatro indicadores. El primero es el gasto desproporcionado (porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional), tiene especial incidencia en mayores de 65 años que viven solos; el segundo es la pobreza energética escondida (porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional), que afecta especialmente, a familias numerosas; y dos problemas que sufren especialmente las familias monoparentales: la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y retrasos en el pago de las facturas.
Así, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.
“Se observa un crecimiento importante de la población vulnerable desde el año 2008”, ha destacado la ministra Ribera en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La Estrategia establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas para lograr esos objetivos de reducción de la pobreza energética. Para mejorar el conocimiento de este problema, se realizará un estudio de detalle del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que habiten, dada la variedad de la tipología climática que existe en España, y se analizará permanentemente un panel de hogares vulnerables. Se establece la obligación de que el Gobierno de España actualice los indicadores anualmente, publicando los resultados a más tardar el 15 de octubre de cada año.