Los Presupuestos Generales del Estado aprobados este jueves en el Consejo de Ministros contemplan un aumento de la recaudación del 8,1% en 2022 frente a los datos previstos para el cierre del presente curso. Se hará, sin embargo, confiando en la mejora de la actividad económica ya que se contemplan escasas reformas tributarias que afecten a la recaudación de las principales figuras fiscales. El tipo mínimo del 15% para grandes empresas en Sociedades se mantiene como el único gran cambio.
En concreto, los Presupuestos confían en que esa medida para las grandes compañías supongan 400 millones de euros más de recaudación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que se trata de un “pequeño ajuste” puesto que afectará a apenas un millar de empresas. Esta medida ha salido adelante tras una intensa negociación entre los socios de Gobierno y se ha abogado por recuperar la redacción que ya se incluyó en el proyecto de presupuestos de 2019, que decayó y provocó el ciclo electoral durante aquel año.
La propuesta, sin embargo, ha tenido un impacto inferior al que algunos preveían, puesto que se aplicará sobre la base imponible y no sobre el resultado contable de las empresas, lo que reduce significativamente su impacto. Montero ha justificado que sea así para evitar realizar grandes cambios en el sistema tributario hasta que llegue el informe del comité de expertos en 2022 que está abordando la posible reforma fiscal.
Este argumento es el que justifica que en las cuentas de 2020 apenas se hayan realizado cambios en materia fiscal. Montero ha asegurado que, en función de lo que marquen los expertos y la directiva europea pendiente sobre el impuesto de Sociedades, se podrán abordar nuevos cambios en el impuesto de Sociedades, abriendo la puerta a reconsiderar determinados programas de deducciones a los que se pueden acoger los contribuyentes. Hasta entonces, se ha preferido no realizar mayores cambios.
Cabe recordar que en 2021 ya se añadió otra reforma que limitaba la bonificación que se podían aplicar las empresas por dividendos percibidos en el exterior, del 100% al 95%. Sin embargo, Montero ha rechazado incluir una nueva minoración para las cuentas del año que viene, a la espera del citado comité de expertos. Sí ha reconocido la ministra que en este impuesto existe un bajo rendimiento en esta figura fiscal.
El Gobierno se encuentra a la espera de que la Unión Europea acuerde en una directiva una reforma común del impuesto de Sociedades para implantar los acuerdos alcanzados en el seno del G7, el G20 o la OCDE del tipo mínimo global. Cuando esta reforma llegue, se tendrá que eliminar la conocida como Tasa Google, que grava la actividad de las grandes tecnológicas en España. Hacienda reconoce que esta figura fiscal, que entró en vigor este año, y la Tasa Tobin, también nueva en 2021, está teniendo menos recaudación que lo previsto en los presupuestos vigentes y lo ha achacado a tratarse de un año en pandemia y de las enmiendas que se aplicaron en el Congreso, “que han reducido su recaudación”. Montero no ha puesto fecha a la eliminación de estas figuras.
Más allá de Sociedades, Montero ha destacado en materia tributaria únicamente el mantenimiento del sistema de módulos para los autónomos y la reducción de las bonificaciones en los sistemas privados de pensiones individuales, al tiempo que se mejoran en los planes de empresa, “en línea con el acuerdo del pacto de Toledo”. Respecto a los primeros, se reduce la aportación máxima anual de 2.000 a 1.500 euros. Para este año se habían reducido de 8.000 a 2.000. En cuanto a los segundos, se aumenta de 8.000 a 8.500 euros.
La ministra de Hacienda ha vuelto a reivindicar la importancia que tendrá el próximo año la reforma fiscal que desarrollará el Gobierno en función de las conclusiones del grupo de expertos, que trabaja desde la pasada primavera y cuyas recomendaciones se conocerán en febrero del año que viene. “Se trata de adaptar la reforma fiscal al siglo XXI”, ha asegurado Montero, recordando los problemas de presión fiscal que tiene España en relación con otros países europeos. “Estamos entre seis y ocho puntos por debajo de la presión fiscal y de cuatro puntos en cuanto a la tributación de las empresas”, ha subrayado.