El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto-ley por el que se desbloquean las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. En el primer caso se trata de 4.680 millones y en el segundo de 822, que estas administraciones estaban esperando para poder elaborar sus presupuestos para 2020.
Los gobiernos autonómicos y locales ya estaban sufriendo algunos problemas de liquidez por el retraso en esta entrega, que se ha debido a que por ley solo un Gobierno constituido, y no en funciones como el actual, puede aprobarlas. No obstante, un informe de la Abogacía del Estado ha permitido solventar este problema, que estaba suponiendo un enfrentamiento político entre el Gobierno y algunas autonomías. Catalunya ya había anunciado un recurso judicial y el Parlamento andaluz ha reprobado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tanto por las entregas a cuenta como por otra cantidad pendiente: 2.500 millones de euros (en total, para todas las autonomías) en concepto de recaudación del IVA en diciembre de 2017. Sobre esta cantidad no ha habido ningún avance.
En la nota de prensa distribuida posteriormente, el Gobierno da por primera vez el reparto entre comunidades autónomas de estas entregas, aunque no por ayuntamientos. Catalunya es la que recibirá más dinero (875 millones) seguida de Andalucía (831) y la Comunidad de Madrid (679).
Estas cantidades se calculan, entre otras cosas, por lo que el Estado considera que le corresponderá a cada comunidad en concepto de los impuestos que tiene transferidos pero recauda la Agencia Tributaria como por ejemplo su tramo de IRPF o IVA. Se van librando estos fondos a lo largo del año y cada dos se hacen las cuentas para ver si las comunidades han recibido de más (en cuyo caso devuelven la diferencia) o de menos (entonces reciben lo que les falta).
La ministra Montero ha asegurado tras el Consejo de Ministros que el Gobierno trabajará para que en la próxima reforma del sistema de financiación autonómica se desliguen las entregas a cuenta de los presupuestos generales del estado y de la existencia de un gobierno constituido.
En cuanto a la opinión inicial de la Abogacía del Estado de que la ley impedía estas entregas, Montero ha asegurado que “este ministerio no ha cambiado de criterio. Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago”. Según ha afirmado no le constan discrepancias legales entre la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos del Ministerio a la hora de acabar autorizando estas operaciones.
Respecto al motivo por el que ahora sí es legal hacer esta entrega cuando en agosto no lo era, ya que un gobierno en funciones no puede aprobar más que asuntos de trámite, ha argumentado que mientras que entonces aún cabía la opción de que hubiera un gobierno distinto constituido antes de fin de año, con los actuales plazos esto no es posible. Por lo tanto, su decisión ya no interferirá en la que pueda tomar un gobierno en plenas capacidades porque se van a repetir las elecciones y no le dará tiempo al nuevo Ejecutivo de aprobar estas entregas.
Las comunidades autónomas absorben más de un tercio del gasto final total del Estado y más de la mitad de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales.