“Estamos ante unos Presupuestos con un gasto de vértigo, la comparativa hay que hacerlas con cautela. Este Ejecutivo pone todos los activos al servicio de recuperación. No solo pretende apuntalar el tejido productivo o el modelo económico antes de la crisis, sino que deben acelerar las transformación y aportar un colchón social para blindar los servicios públicos”. Con estas palabras ha presentado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021en el Congreso. Unas cuentas “extraordinarias, inéditas e históricas” por la pandemia de la COVID-19, ha insistido la ministra, que inician el camino trazado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para acabar con las brechas de ingresos fiscales (un 7% de diferencia) y gastos públicos (un 4% menos) que nos separan de la media del resto de los países europeos. “Queremos desde el Gobierno reducir progresivamente esa doble brecha fiscal”, ha recalcado.
Las previsiones del Gobierno es que España crezca un del 7,2% el próximo año, que podría ascender hasta el 9,8% del PIB si la planificación de las ayudas europeas tiene el impacto que el Ejecutivo plantea. Con este planteamiento económico, la ministra Montero ha explicado que se espera una subida de los ingresos tributarios totales por valor de 222.107 millones en 2021, con un incremento del 15,4%. Montero ha justificado la subida impositiva en que es inviable “la correlación entre Estado del Bienestar versus el nivel de ingresos, una situación que se arrastra históricamente es nuestro país y que es necesario corregir”.
Así, ha desgranado las diferentes figuras impositivas que, según sus cálculos, aumentarán todas la recaudación: el IRPF recaudará 94.196 millones, un 7,8% más ya que las rentas salarias crecerán un 3% y se eleva dos puntos el tipo aplicado a las rentas del trabajo de más de 300.000 euros; el Impuesto de Sociedades ingresará 21.720 millones, un 20,7% más por “la reactivación del tejido productivo” y la nueva limitación al 95% e la exención por las rentas obtenidas de sociedades filiales; y el IVA supondrá 72.220 millones, un 13,9% más “gracias al incremento del consumo” y la subida del tipo en las bebidas azucaradas, según Montero.
Además, los ingresos por Impuestos Especiales ascenderán a 21.809 millones, un 12,4% más. De esta subida, 450 millones se deben al incremento del tipo del diésel, una medida que está en cuestión ya que tanto PNV como Ciudadanos han vinculado su apoyo a las cuentas públicas a que se elimine este ascenso impositivo. Además, el impuesto al tabaco recaudará un 6,6%, hasta los 6.756 millones; el Impuesto sobre la Electricidad aumentará un 10%, con 1.379 millones: y el Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas registrará una subida de 777 millones, un 13,8% más.
De esta manera, la recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales alcanzará los 118.997 millones, un 9,4% más que en 2020, mientras que los ingresos por impuestos indirectos crecerán un 17,5%, hasta los 101.282 millones de euros. Sumando a esas cifras los ingresos no tributarios, 33.524 millones (un 25,7% más), los ingresos no financieros estimados para el próximo ejercicio serían de 255.631 millones, un 14,5% más que los cosechados en 2020.
A pesar de las acusaciones de “castigar” a los empresarios por el incremento de algunos impuestos, la realidad es que los Presupuestos recogen un aumento del 2,9% de los beneficios fiscales para 2021, que asciende a 39.049 millones de euros: 1.115 millones más en términos absolutos. Montero ha indicado que este incremento se debe, entre otras cosas, al aumento del 40,7% del beneficio fiscal derivado de las exenciones de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador.
“Los Presupuestos más expansivos de la historia”
Antes de lanzarse a explicar las partidas de gasto: 456.073 millones de euros en los que ha definido como “los Presupuestos más expansivos de la historia”, Montero ha subrayado que el Gobierno ha diseñado una política económica “prudente”, que tendrá en cuenta la estabilidad presupuestaria aunque no sea obligatoria ya que la Comisión Europea permite la suspensión de las reglas fiscales, por lo que se reducirá el déficit hasta el 7,7%, 3,6 puntos menos que lo previsto para 2020. La ministra ha destacado que con las transferencias de 18.000 millones a la Seguridad Social y 13.000 millones a las Comunidades autónomas el déficit se repartirá con un 5,2% para la Administración Central, un 1,1% para las Comunidades Autónomas, un 1,3% para la Seguridad Social y un 0,1% para las entidades locales.
“El refuerzo de la protección de los más vulnerables, la potenciación de la cohesión y la inclusión, eliminar la brecha de género, el refuerzo y resiliencia del sistema nacional de salud, y el impulso del capital humano como palancas del empleo y generación de oportunidades” son los elementos fundamentales que ha puesto en la mesa el Gobierno para diseñar las políticas de gasto. Así de los 456.073 millones de gasto total presupuestado, que supone un 20,1% más que los anteriores presupuestos, el 53,7% corresponde a gasto social, el 33,5% a actuaciones de carácter general, el 7,5% a actuaciones de carácter económico y el 5,2% a servicios públicos básicos.
Entre los gastos hay que tener en cuenta la subida del 4,2% el gasto en personal, unos 18.599 millones, tras aprobar el incremento de los sueldos públicos un 0,9% y la Oferta de Empleo Público (OEP), que alcanza un total de 28.055 plazas.
Estos Presupuestos incluyen el alza de las pensiones contributivas en un 0,9% y del 1,8% de las pensiones mínimas y no contributivas, lo que beneficiará a un total de 9,9 millones de pensionistas. La partida de las pensiones es la que mayor montante del gasto social se lleva: 163.297 millones de euros, un 3,2% más que este año. Le sigue las transferencias a las Comunidades Autónomas, que suman 70.288 millones.
El desempleo es otra de las grandes partidas en estos Presupuestos con un desembolso de 25.012 millones de euros, un 20,1% más. Con el impacto de la COVID-19 un 5.5% del total del gasto presupuestario se va paliar la situación de las personas en paro y a los trabajadores que están en situación de ERTE.
Montero también ha destacado los 7.330 millones de euros que se dedicarán a políticas sanitarias, de los cuales 2.436 millones corresponden a actuaciones a financiar por fondos europeos (React-EU). La ministra ha enumerado una serie de colectivos que contarán con especial atención: los niños, con 159 millones para la lucha contra la pobreza infantil; los jóvenes, que tendrán partidas específicas para sacarlos del paro (663 millones) y ayudas al acceso a la vivienda; y a las mujeres, con programas de empleo con 1.655 millones y ampliando los permisos de paternidad y con las guarderías de 0 a 3 años. Otras partidas sociales destacadas por la ministra fueron las bonificaciones a la contratación a 684.000 personas y los 3.000 millones que se suman para la revalorización de un 1,8% del Ingreso Mínimo Vital o la subida del 5% del Iprem, hasta los 564,7 euros.
Otras partidas importantes de gasto son los 11.527 millones destinados a las infraestructuras, de los que el 41% irá a cargo de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea; otros 8.405 millones irán destinados a políticas de agricultura, pesca y alimentación; Educación contará con un Presupuesto de 4.893 millones, un 70,2% más, de los que 2.090 millones serán para becas y 1.500 millones para modernizar la FP; unos 2.684 millones de euros se dedicarán a la innovación tecnológica de las telecomunicaciones y a la investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información; unos 1.300 millones irán al turismo de los que 1.057 provendrán de fondos europeos.
Por otro lado, todos los Ministerios suben sus partidas, especialmente Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, con 29.032 millones, además del de Trabajo (6.267 millones), Transportes y Movilidad (11.470 millones) y Transición Ecológica (11.935 millones). El Ministerio del Interior dispondrá de 8.906 millones mientras que Defensa tendrá 9.409 millones y Justicia 2.014 millones. Educación contará con 5.465 millones y Ciencia, con 3.232 millones. Cultura se queda solo con 1.148 millones.
A pesar de que los tipos de interés están a cero, el coste de la deuda pública supondrá un pago de 31.675 millones, el 6,9% sobre el gasto total de 2021. Ahora la deuda publica se sitúa sobre el 111% del PIB pero se espera que cierre 2020 en un 118,8% y baje en 2021 al 117,4% del PIB. La previsión es que la emisión bruta por parte del Tesoro Público alcance un nuevo récord de 299.138 millones, un 6% más que el ejercicio anterior.
Montero espera que el debate final de la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos tenga lugar “en los primeros días de enero” y que se tengan aprobadas en esas fechas las nuevas cuentas públicas. La ministra ha recordado el consenso constitucional para pedir al resto de las formaciones políticas que saquen adelante los presupuestos porque “son más necesarios que nunca” ante la situación económica derivada de la pandemia de la COVID-19. “Si los pactos constitucionales fueron posibles fue porque fuimos capaces de poner en el centro lo que necesitaba el país. Todos los grupos políticos pueden aportar a las cuentas publicas. España necesita estos nuevos Presupuestos”, ha concluido.