Termina sin acuerdo la última reunión del Gobierno con los sindicatos de empleados públicos para definir la oferta pública de empleo en la Administración General del Estado (AGE) de 2021. Es decir, el personal de ministerios y de otros organismos estatales como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), entre otros, que están enfrentando un gran aumento de trabajo fruto de la crisis de la COVID-19. El Ministerio de Función Pública ha llevado a la mesa de negociación este lunes un nuevo incremento en su propuesta, de un total de 18.266 plazas, es decir 3.030 plazas más que las planteadas el pasado jueves, pero los representantes de los trabajadores la siguen considerando “insuficiente”.
Así, el Gobierno en principio aprobará la oferta pública sin el respaldo de la representación sindical, previsiblemente en el Consejo de Ministros “del próximo 27 de octubre”, según fuentes sindicales. En CCOO insisten en que intentarán que Función Pública replantee su negativa a seguir negociando y consideran que hay “margen todavía” para lograr una oferta pública acordada antes del día 27. Aunque en los sindicatos aseguran que el Ministerio les ha expresado que esta sería la última oferta del Ejecutivo, fuentes de Función Pública indican a este medio que “hasta el último día se sigue negociando”.
La propuesta del Ministerio que dirige Carolina Darias comunicada este lunes se ha concretado en una oferta pública de empleo en la AGE de un total de 18.266 plazas: 9.270 de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna, apuntan fuentes sindicales a elDiario.es. Estas cifras suponen un incremento en ambas categorías respecto a la oferta del pasado jueves (+1.209, en el primer caso de acceso libre y +1.821 en el caso de la promoción interna).
La oferta del Gobierno crea “empleo neto”, destaca UGT, ya que logra cubrir las bajas que se han producido en la Administración General del Estado en el pasado año (8.708 bajas, sobre todo por jubilaciones), pero aun así no ha logrado satisfacer las reclamaciones de los representantes de los empleados públicos, que consideran “insuficientes” las cifras presentadas por el Ejecutivo dadas las necesidades derivadas de la pandemia y el gran recorte de plantilla que ha sufrido el personal público del Estado en los últimos años.
CSIF y CCOO han sido las organizaciones más críticas en sus comunicados de rechazo a la última propuesta de Función Pública. CSIF ha recordado este lunes en un informe que, desde 2020, la Administración General del Estado ha perdido 43.477 trabajadores, por lo que considera que los números presentados por el Gobierno ponen “en riesgo la viabilidad de la Administración del Estado” y pueden “provocar el colapso en ámbitos como la Seguridad Social o el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)”.
El sindicato de funcionarios ha realizado “un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas” que pide un refuerzo de “más de 106.000 efectivos para los próximos tres años” en el conjunto de administraciones públicas, más un “plan adicional” para Sanidad “con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031”.
En CCOO explican que no respaldan ni el volumen de la oferta pública de empleo ni su distribución. “Entendemos que se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas de solamente un 6%. Exigimos una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019 (un 26% sobre la tasa de reposición)”, indica el sindicato en un comunicado.
CCOO critica además que “la propuesta descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral, unas plantillas que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía” y defiende la necesidad de que se convoque una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria por la pandemia, “que aporte un mensaje de coherencia, reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía, como SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación, Instituciones Penitenciarias”.
En UGT en cambio han valorado “positivamente” el aumento de plazas que Función Pública ha llevado este lunes a la mesa de negociacón, de la que resulta “una oferta bastante razonable”, en palabras de su responsable Carlos Álvarez, aunque el sindicato tampoco la ha respaldado finalmente y reclama al Gobierno un plan a medio y largo plazo de creación de empleo en la AGE. “Como mínimo, hace falta un plan sobre el empleo en esta legislatura”, sostiene Álvarez a elDiario.es.
Desde Función Pública no valoran las cifras presentadas este lunes y recuerdan que solo informan de las ofertas públicas de empleo una vez estén cerradas. En los sindicatos explican que la reunión de este lunes se ha presentado como la última en la que se iban a discutir las cifras ofertadas y que la previsión del Gobierno es que sean aprobadas el próximo martes 27 de octubre en Consejo de Ministros.
“Comparando las ofertas de los últimos tres años, la OPE de 2020 es la más ambiciosa en cuanto a promoción interna”, deatca UGT, que asegura que Función Pública se ha comprometido a “dirigir esa oferta a la Seguridad Social, SEPE, Instituciones Penitenciarias y a la Agencia Tributaria”, muy castigadas por la necesidad de efectivos. En cualquier caso, fuentes sindicales explican que el reparto de estas 18.266 entre los distintos Ministerio y organismos estatales no ha sido desglosado por parte de Función Pública y está a la espera de la negociación entre las diferentes áreas de la Administración.
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