El Gobierno ha decidido que sea el 'think tank' de la patronal CEOE, organización favorable al TTIP, el encargado de medir el impacto que tendría para España el polémico tratado de libre comercio entre Europa y Estados.
El organismo que “coordina” este estudio, según fuentes de la secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, es el Instituto de Estudios Económicos (IEE), muy vinculado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
En un primer momento, y a preguntas sobre quién realizará el estudio, la secretaría de Estado, cuyo máximo responsable es Jaime García-Legaz, aseguraba que había sido encomendado a la Universidad Complutense de Madrid, pero fuentes oficiales de este centro no tienen constancia alguna de este encargo.
Posteriormente, casi a regañadientes, Economía reconoció que el estudio “lo está coordinando el IEE” con “personal investigador” de la Complutense al que no identifica. Ante la pregunta de si no había otro centro de estudios más independiente para abordar un trabajo de estas características, no hay respuesta por parte de la secretaría de Estado.
“Enormes oportunidades”
Comercio tampoco precisa el coste de este informe, que servirá para cuantificar las supuestas bondades de un acuerdo comercial rechazado por grupos de izquierda y sindicatos y que García-Legaz ha calificado como el “más importante de la historia de Europa” por las “enormes oportunidades” que puede brindar. En esa misma línea, el último informe de coyuntura económica del IEE, publicado el pasado lunes y titulado 'Por la dinámica económica, contra el populismo', concluye afirmando que la firma del TTIP “va a suponer un impacto positivo sobre la producción y el empleo de las dos áreas económicas, con especial incidencia en algunas economías de la Unión, entre las que se encuentra la española”.
En su última comparecencia en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los diputados, el pasado 11 de junio, para informar del estado de las negociaciones del TTIP, García-Legaz anunció que “en España se va a llevar a cabo un estudio específico del impacto de este tratado sobre nuestra economía y sobre nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos y el resto del mundo”. “Este estudio de impacto, que ha sido ya realizado en algunos otros países europeos, estaría disponible a mediados de septiembre”, dijo el secretario de Estado, que no especificó quién se encargaría de llevarlo a cabo.
En otra comparecencia en el Congreso para informar sobre las negociaciones del TTIP, hace un año, García-Legaz glosó la “transparencia” con la que la Comisión Europea está negociando el “histórico” tratado y confesó que era “un poquito escéptico” con respecto a los estudios publicados hasta entonces sobre su impacto en España. Ahora parece que va a tener un informe a su medida y la de las grandes empresas.
El IEE, que no ha respondido a las consultas de eldiario.es sobre este asunto, “fue fundado el 9 de mayo de 1979 por un grupo de empresarios españoles para promover, realizar y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y sociales”, según su web, y guarda una estrecha vinculación con los servicios de estudios de la CEOE.
“Es una asociación privada sin ánimo de lucro ni finalidad política, que se financia fundamentalmente mediante aportaciones anuales de las empresas que se han incorporado a la misma como miembros asociados, junto a los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la financiación del IEE contribuyen también diversas ayudas concedidas por un conjunto de instituciones públicas y privadas para la financiación de proyectos específicos de investigación o mediante convenios de colaboración de carácter anual”, según su web.
Propuestas polémicas
En la junta directiva del IEE están presentes, según su web, empresas de consultoría, sector eléctrico, energético, financiero, informático, seguros, servicios a empresas y transportes; ese órgano cuenta con representación de la patronal CEOE y las sectoriales AEB, Asnef, Funcas, Ceca y Unacc (sector financiero), Unespa (Seguros) y Unesa (las grandes eléctricas).
El instituto, que recientemente aseguraba que “España está entre los diez países de la UE con los costes laborales no salariales más elevados”, ha lanzado propuestas tan polémicas como las de bajar el salario mínimo, recortar la prestación de paro o elevar la edad de jubilación hasta los 70 años.
El presidente del IEE es el economista José Luis Feito, también presidente de la Comisión de Política Económica y Financiera de la CEOE y miembro del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la patronal, que se ha mostrado a favor de un acuerdo comercial “ambicioso” entre la UE y EEUU, dos regiones que, juntas, suponen un gigantesco mercado: producen la mitad del PIB mundial y concentran un tercio de los flujos comerciales globales, con una población conjunta de más de 800 millones de habitantes.
Feito, que desde este miércoles también es director general del IEE, compatibiliza esos cargos con su presencia en los consejos de administración de dos empresas del Ibex cuyo mayor accionista es el Estado, Bankia (desde 2012) y Red Eléctrica. En esta última, ocupó el pasado abril la vacante dejada por el imputado Juan Iranzo, vinculado al IEE en el pasado y caído en desgracia tras el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid.