El Gobierno va a reforzar el control de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Tal y como avanzó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al desgranar las líneas maestras del plan de respuesta a la guerra, el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros va a extender hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales, “con ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas”.
Esas modificaciones, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, van a consistir en extender esa regla de reducción de los beneficios extraordinarios que se puedan producir por el encarecimiento del gas a los contratos eléctricos que se renueven o se firmen a partir de ahora. El precio máximo que se va a tomar como referencia va a ser de 67 euros el megavatio hora (MWh), según fuentes del Gobierno. Este precio, que es el que ya se fijó el pasado otoño, se basa en la cotización del mercado ibérico (Mibgas) desde su creación: 20 euros/MWh.
La minoración lleva en vigor desde septiembre, aunque hasta ahora había quedado muy descafeinada: para lograr sacar adelante el decreto que la puso en marcha, el Gobierno tuvo que corregirla un mes después dejando fuera a los contratos bilaterales, lo que mermó notablemente su recaudación, inicialmente estimada en 2.600 millones de euros. La novedad es que ahora se establece ese umbral que “solamente tiene lugar en aquellas ocasiones en que se producen actualizaciones de contratos o nuevos contratos”, ha insistido Ribera.
La vicepresidenta ha recordado que, en su última comunicación, la Comisión Europa ha determinado que este tipo de mecanismos para atajar ganancias inmerecidas de las eléctricas no pueden aplicarse con efectos retroactivos. “Sí creemos que con ocasión de la renovación de contratos o la firma de nuevos contratos es importante incorporar límites”. Y ha señalado que de la información facilitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se infiere que en los últimos meses se han actualizado contratos no con base a los precios diarios, sino a los futuros, que también han marcado niveles históricamente altos en los últimos meses.
Esta es una de las medidas para abaratar la factura eléctrica que ha aprobado el Gobierno este martes, a la espera de que se fije el precio tope a las ofertas de las centrales de gas, que España tiene que pactar con Portugal tras la excepción ibérica concedida por la UE a España; un límite que Ribera ha pedido no tratar “a la ligera” después de que el lunes la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, apostase en público por fijarlo en 30 euros por megavatio hora.
A la espera de ese mecanismo ibérico, a este refuerzo del control de los denominados windfall profits se suman otras medidas ya anunciadas, como la rebaja de impuestos de la factura, el refuerzo del bono social y el adelanto del recorte a la retribución de las tecnologías acogidas al régimen conocido como RECORE (renovables, régimen especial y cogeneración): 1.800 millones de euros que permitirán reducir un 55% los cargos (parte regulada que fija el Gobierno) de aquí a final de año. Con ello, la rebaja para un consumidor medio será de 6 euros mensuales en su factura, explican fuentes del ministerio. Además, se permitirá a estas instalaciones firmar contratos bilaterales, con comercializadoras o grandes consumidores.
En el caso del bono social, la principal novedad es que se incrementan los umbrales de ingresos para acogerse a estos descuentos: se incrementan los umbrales del denominado IPREM hasta 0,3 veces por adulto y 0,5 veces para niños. Y hay un “cambio simbólico” pero “importante: dejar de hablar de familias y hablar de personas convivientes” en un hogar para acceder a estos descuentos. Además, los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio. Y para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo del pasado enero, se extiende a toda la cadena del negocio eléctrico (incluyendo transportistas y distribuidores) su mecanismo de financiación.
Otra novedad, para agilizar el despliegue de la energía limpia y ante el tapón de solicitudes que se acumula, es la introducción de un “procedimiento superacelerado” para la tramitación de nuevas instalaciones de renovables, las más pequeñas: de hasta 75 megavatios (MW) de potencia eólica y de 150 MW en el caso de la fotovoltaica, siempre que tengan lugar en suelos sin especial protección medioambiental, y que no incorporen sistemas de evacuación cables hasta más allá de 15 km. Se trata de un procedimiento “más ágil” pero “con todas las garantías” que “ha sido trabajado con la Comisión Europea”. También se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso para autoconsumo
Con el plan aprobado este martes, la industria electrointensiva verá reducidos los peajes eléctricos un 80% durante 2022, así como una mayor compensación por el coste del CO2 repercutido en la electricidad. Además, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad.
También se extienden durante dos años y se concederán de forma automática a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV), de forma que aumentará el número de beneficiarios en 600.000 hogares, hasta 1,9 millones. Por último, se amplía el número de empresas que están obligadas a financiar estos descuentos para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo del pasado enero.