El Gobierno español ha condicionado hoy la adopción de medidas por el caso Volkswagen a que se conozcan “todas” las circunstancias que han llevado al grupo automovilístico alemán a engañar en las emisiones de buena parte de sus motores diésel en todo el mundo. Según ha indicado, el Gobierno está teniendo contactos “al máximo nivel” con el Grupo Volkswagen y con la Comisión Europea.
La vicepresidenta ha explicado que, una vez que se conozcan las circunstancias en las que se ha producido la manipulación de los datos de emisiones, se adoptarán “las medidas pertinentes”. No obstante, ha precisado que el problema de Volkswagen “afecta a los 28 estados miembros” de la Unión Europea, por lo que están trabajando con la comisaria responsable en la materia para que haya una respuesta “conjunta y coordinada”.
La actitud del Gobierno desconcierta a la plantilla de SEAT, los primeros interesados en que se conserven las inversiones. El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha instado a Industria a recurrir al registro de vehículos para conocer el número de turismos afectados por la manipulación de motores que circulan en España y ha echado en falta más implicación del Gobierno en el caso.
“Ni Seat ni el Gobierno español están siendo hábiles (en este caso). El Ministerio de Industria todavía no ha hecho las averiguaciones técnicas que le permitirían saber los coches afectados”, ha apuntado el dirigente sindical en declaraciones a los periodistas a las puertas de la fábrica de Martorell (Barcelona).
La falta de iniciativa española contrasta con la de los otros países europeos que ya han iniciado las necesarias investigaciones, en varios casos criminales. En este sentido, la Unidad de la Policía noruega para Delitos Económicos ha abierto una investigación por fraude contra Volkswagen a causa del escándalo de manipulación en las emisiones contaminantes que afecta al fabricante alemán. “La unidad va a investigar si ha ocurrido algo punible en Noruega y si el fraude tiene alguna importancia para los coches importados por este país”, consta en un comunicado. Para completar la investigación, la policía noruega contará para realizar las pesquisas con el apoyo de las autoridades aduaneras y de la Dirección General de Carreteras.
La fiscalía alemana ya había anunciado la apertura de una investigación, pareja a la que está llevando a cabo el ministerio de Transportes. También la Justicia estadounidense está llevando a cabo sus pesquisas en paralelo con las previsibles multas millonarias. A nivel gubernamental, Italia, Francia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Reino Unido han iniciado ya sus respectivas investigaciones.
España se ha limitado a formar un grupo de trabajo para ser “informada” de los datos que Volkswagen tengan a bien emitir. El País apunta a que puede haber medio millón de vehículos fraudulentos vendidos en España, algo que los sindicatos descartan. En cualquier caso, miles de consumidores españoles están implicados con los perjuicios al medioambiente, el bolsillo y el pago de impuestos.
La homologación de los coches producidos en un país es competencia de esa nación pero luego se pueden comercializar por todo el espacio europeo. Bruselas ha instado a los países miembro a iniciar las investigaciones, un consejo para el que España no ha cogido el testigo.