El Gobierno quiere estrechar los controles sobre las viviendas de alquiler turístico, a las que se responsabiliza en parte de la subida de precios de los arrendamientos en general, por ofrecer una mayor rentabilidad que los alquileres regulares. En su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados para explicar las políticas de su Gobierno, Sánchez ha desgranado alguna de las medidas que prepara para “rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres”.
Al respecto, se ha referido a dos medidas ya anunciadas por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos: se elevará la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, y se limitarán las fianzas adicionales que arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda.
Y ha añadido otra: “Vamos a ajustar la definición de arrendamiento de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística”. Fuentes de Fomento han explicado que ahora mismo la vivienda turística ya está excluida de la LAU, pero se pretende precisar mejor qué es el alquiler de temporada, que sí está incluido en la LAU, para delimitarlo bien. Será uno de los temas que van a ir al grupo de trabajo interministerial sobre vivienda que se va a establecer, junto a una definición específica de alquiler turístico, que hará Turismo.
Además, Sánchez ha recordado que pretenden impulsar el establecimiento de 20.000 viviendas públicas para que se destinen al alquiler social de forma indefinida en aquellos municipios en los que sea necesario.