El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, un Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar una rentabilidad “razonable” a las instalaciones de energías renovables a partir del próximo 1 de enero y mantener la actual tasa de rentabilidad de las instalaciones afectadas por la reforma eléctrica de 2013 hasta 2031, incluido.
El decreto, según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, implica una “reducción del 7,39% al 7,09%” de la rentabilidad de las instalaciones de energías renovables posteriores a 2013 para los dos próximos regulatorios, pero también “incorpora una medida que fue respaldada por todos los grupos” del Congreso en mayo de 2018: la posibilidad de que las 64.000 instalaciones ya existentes con anterioridad a los recortes de 2013 mantengan su actual rentabilidad del 7,39%.
El objetivo, ha explicado Ribera, es “dar estabilidad” y “recuperar la confianza” de aquellos inversores que “se sintieron traicionados” con esa reforma de Rajoy, que provocó una catarata de arbitrajes internacionales y condenas que han colocado a España a la cabeza en el ranking de denuncias ante el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
Ribera ha confirmado que los inversores que hayan denunciado a España, para poder tener esa rentabilidad, “tendrán que renunciar a los procesos arbitrales que tengan en marcha o renunciar a las indemnizaciones que se les hayan reconocido” en los diferentes laudos arbitrales.
Según ha explicado Ribera, actualmente hay abiertos 45 laudos contra España por estos recortes y la cuantía total que reclaman ronda los 10.000 millones. Hasta el momento, se han perdido diez procedimientos que reclamaban 1.700 millones con condenas por importe de 821 millones, aunque “no se ha ejecutado el pago de ninguno” porque “España sigue ejerciendo su defensa”.
La ministra ha recordado que en los laudos condenatorios los árbitros reseñaban en sus pronunciamientos finales que España no había ofrecido ninguna medida para mitigar el efecto de los recortes.
Evitar un vacío legal
No aprobar esta norma, ha recordado Ribera, habría abierto dos escenarios: o aplicar la actual metodología de cálculo de la rentabilidad razonable de las renovables, que data de 2013 y que, tras el fin del vigente periodo regulatorio de seis años habría implicado una drástica caída de la rentabilidad hasta el 4,5% (al estar referenciada esta a la deuda pública española) o mantener el esquema actual con la consiguiente incertidumbre jurídica.
El decreto, que debe ser convalidado por el nuevo Parlamento que se constituirá el 3 de diciembre y se ha aprobado con el Gobierno en funciones, también adopta medidas de transición “justa” para las zonas afectadas por el cierre de centrales de carbón para su sustitución por instalaciones de generación de energía renovable. Pero no incorpora el mecanismo de subastas de energías renovables ni las esperadas medidas para frenar la especulación ante la avalancha de nuevas plantas y puntos de conexión a las redes.