Este lunes a medianoche, cuando finalizaba el plazo, el Gobierno ha remitido a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021. En esta comunicación, que cada país debe enviar a la Comisión Europea antes del 30 de abril para que vigilen sus cuentas, figuran las últimas novedades presupuestarias, nacidas a la luz de los compromisos que ha tenido que ir adoptando el PP para conseguir el apoyo a los Presupuestos Generales de 2018 y así evitar adelantar las elecciones generales.
De este modo, en el programa de 114 páginas se comunica la previsión de subir las pensiones un 1,6% este año y un 1,5% el próximo (lo que se prevé que suba el IPC los dos años), tal y como anunció el PNV.
Éste se añade a la subida de las pensiones mínimas de en torno al 3% en 2018, un incremento de cuatro puntos porcentuales de la base reguladora de las pensiones de viudedad.
El incremento de las pensiones por encima de lo previsto en el proyecto de Presupuestos supone un coste adicional de 1.522 millones de euros, según cuantifica el Gobierno en el documento remitido a Bruselas. Según afirmó el viernes pasado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la factura extra ascenderá a unos 1.800 millones en 2019.
Para sufragar esta subida el Gobierno planteará en el Pacto de Toledo la adopción de “nuevas figuras tributarias”, como el nuevo tributo a las grandes tecnológicas. La subida de impuestos, dice el Ejecutivo, permitirá incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019.
Las nuevas figuras tributarias aportarán un importe adicional de en torno a 2.100 millones de euros, inferior a los alrededor de 3.300 millones de euros que supondrá el coste de la subida de las pensiones, y se sumará al nuevo crédito del Estado superior a los 15.000 millones de euros.
El Gobierno ha tenido que amoldar sus planes económicos en función de los acontecimientos políticos. De hecho, Hacienda desmentía el pasado febrero que se plantease en España antes de que se adoptara a nivel europeo.
Pero ahora han decidido “presentarlo cuanto antes y que tenga efectos también en 2019 y sucesivamente”, dijo el ministro de Economía, Román Escolano, este fin de semana en Sofía. La propuesta europea plantea imponer un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. El Gobierno español prevé introducir este tipo de tasa en el país aún antes de que haya acuerdo a nivel europeo, en la línea de lo que ya han hecho otros países como el Reino Unido, Italia, Francia o Alemania, según explicó Escolano. Dado que en el Programa aparece que ya pretenden recaudar 600 millones este año, se puede prever un nuevo giro que implica adelantar la entrada en vigor del impuesto respecto a lo dicho por Escolano (2019).
Por ello, el nuevo gravamen se aplicará únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes, y sólo gravará por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, que son los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes.
El Ejecutivo también señala a la Comisión Europea que si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entrarán en vigor las medidas del acuerdo en materia salarial y de empleo público alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el periodo 2018-2020 -que contempla un alza de entre el 6,1% y el 8,79%-, la rebaja del IRPF en los tramos de renta más bajos y el incremento de las pensiones, informa Europa Press.
Margen adicional en el rescate de las autopistas
Como ya avanzó Montoro, las nuevas medidas para las pensiones se compensarán tanto con una mayor recaudación fruto de nuevas figuras tributarias como por menor gasto de intereses, que se ha revisado a la baja en base a la evolución reciente de la prima de riesgo y de los tipos de interés, y por la mejor calificación crediticia otorgada por diversas agencias de rating a España.
Además, aseguran que las nuevas estimaciones del coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje, permiten un margen de ahorro adicional, a lo que se sumará que el gasto en prestaciones por desempleo experimenta una ligera reducción a lo largo del periodo de proyección, a medida que aumenta el empleo y se reduce la tasa de paro.
Para este año contempla 1.800 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores, lo que supone una revisión a la baja de este gasto contingente en base a la última información disponible por la IGAE, órgano responsable de auditar la citada RPA.
No obstante, explica que está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en 2018, lo que compensará parcialmente dicho gasto, estimándose los posibles ingresos cerca de 1.000 millones de euros. Estas estimaciones ya las había adelantado el Ministerio de Fomento, que hablaba de 2.000 millones compensados con 1.000 a final de año.
Los ingresos adicionales derivados de la relicitación de estas infraestructuras no están incorporados en la previsión de la evolución de la formación bruta de capital de 2018, por lo que suponen un “margen adicional para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit”.
Previsiones
El nuevo Plan de Estabilidad contempla un avance de la economía española del 2,7% este año, del 2,4% en 2019, del 2,3% en 2020 y del 2,3% en 2021, basado en el crecimiento de la inversión y al alza del sector exterior.
Además, estima que el déficit público se situará este año en el 2,2% del PIB con superávit primario, y una continuada reducción del déficit tanto en 2019 (1,3%) como en 2020 (0,5%), hasta llegar a alcanzar el equilibrio presupuestario en 2021, cuando se registrará incluso un superávit de una décima, por primera vez desde 2007.
De esta forma, establece como objetivos de deuda pública unas metas del 97% para este año, del 95,2% para el próximo y del 92,4% y el 89,1% para 2020 y 2021, respectivamente.
En lo relativo al desempleo, el Gobierno augura una tasa de paro del 15% para el ejercicio actual, que descenderá los años sucesivos, hasta el 13,4% en 2019, al 12% en 2020 y al 10,7% en 2021, con una reducción de 5,9 puntos en el periodo 2017-2021. De este modo, no se volverá a los niveles de paro previos a la crisis hasta el año 2021.
Así, la cifra de ocupados alcanzará los 19,9 millones el año que viene, y se superará el objetivo de 20 millones de afiliados en 2020 (20,3 millones) y seguirá en 2021 (20,7 millones). De 2018 a 2021 se crearán en total 1,7 millones de empleos y el número de parados bajará en 1,3 millones.
De igual forma, la ratio de ingresos respecto al PIB aumenta desde 37,9% en 2017 hasta el 38,7% en 2021, mientras que la de gastos se reduce desde el 41% del PIB en 2017 hasta el 38,6% en 2021, de manera que el gasto crece por debajo del PIB nominal en todo el periodo, gracias a la aplicación de la regla de gasto en todos los niveles de la Administración.