El Gobierno envió a Bruselas este miércoles la adenda, o ampliación, del Plan de Recuperación de la Unión Europea para pedir el total de los fondos europeos asignados a España. Lo hizo sin saber si será el Ejecutivo encargado de desplegarlos tras las elecciones generales del 23 de julio. Por eso, ha defendido que “presentar esta adenda es un ejercicio de responsabilidad”, en el que ha aprovechado para comprometerse con la UE a desarrollar nuevas medidas sociales como un suministro mínimo vital de energía, la mejora del bono social eléctrico o ratificar la inversión en vivienda pública, y tratar de blindarlas de un hipotético Gobierno del PP y de Vox.
El límite para presentar la adenda era agosto de 2023. Esta ampliación suma 10.300 millones de euros en transferencias y 84.000 millones en préstamos, para completar los cerca de 160.000 millones previstos en el Plan de Recuperación, junto a nuevas reformas “adaptadas al contexto geopolítico”, explicó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, este mismo miércoles. Ahora, la Comisión Europea tiene dos meses para aprobarla, aunque podría ampliar este plazo. Lo que parece claro es que dará el visto bueno cuando haya nuevo gobierno en nuestro país, según aseguró la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Cuando lo haga marcará las políticas públicas del Ejecutivo, y concretamente las sociales. Si un gobierno de la derecha intentara evitarlo, “tendría que volver a negociar con la Comisión Europea para que aceptara modificaciones, y asegurarse de que estas cumplan con el marco del Plan de Recuperación”, detallan fuentes conocedoras. “Sería complejo y con bastante riesgo de retraso en los desembolsos de aquí a 2026 o incluso de penalizaciones”, apuntan las mismas fuentes.
Textualmente, el actual Gobierno afirma que “la adenda permitirá reforzar las reformas incluidas en el Plan de Recuperación [entre ellas las que conforman el escudo social desde 2020: ingreso mínimo, subida de las pensiones con el IPC, aumento del SMI...] a fin de afrontar los desafíos actuales y futuros y asegurar un modelo de crecimiento sostenido, sostenible y justo”.
Entre estas medidas, el documento de la adenda enfatiza que “la necesidad de mejorar el capital social es incluso más acuciante en el contexto actual”, ante las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania, “que pueden afectar con mayor gravedad a los colectivos más vulnerables. Por ello, [...] contempla medidas dirigidas a reforzar los sistemas de protección social y facilitar el acceso a la vivienda”.
Para fortalecer la protección a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, la adenda introduce medidas para mitigar el impacto del alza de los precios energéticos, como la creación de la figura del suministro mínimo vital, la reforma del bono social eléctrico o la revisión del sistema de determinación del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).
Más allá del ámbito energético, “se reforzará la protección de los consumidores más vulnerables con medidas generales en materia de consumo como la ley de servicios de atención al cliente y la ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”, añade el documento enviado a la Comisión Europea.
Por otra parte, “una de las prioridades”, según el Ministerio de Asuntos Económicos, será reforzar “las reformas destinadas a incrementar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a la vivienda social, implementando un programa de medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler”.
Estas “prioridades” se pueden alterar si hay cambio de Gobierno tras los comicios del 23 de julio. El PP se lanza a por la Moncloa con una estrategia muy similar a la del 28M. Si en las municipales y autonómicas funcionó la idea de votar para “derogar el 'sanchismo'”, pese a no ser unas elecciones estatales, esa será la máxima principal de Alberto Núñez Feijóo de cara a las generales del 23 de julio.
“Sánchez o España” volverá a ser el lema oficioso de la campaña. La participación de EH Bildu en la mayoría parlamentaria que ha sostenido estos años al Gobierno de coalición, también. Pero ese “derogar el 'sanchismo'” se concreta en medidas que pasan por la ley de vivienda, donde precisamente se regula esa inversión pública que reclama Bruselas y que fue centro de la reciente campaña de mayo.
El PP no solo ha criticado la primera norma estatal de vivienda, se ha comprometido a derogarla y ha dicho que se cimentaba “en las cenizas” del atentado de Hipercor. También ha puesto en duda el incremento de las pensiones con el IPC y ha arremetido contra la reforma aprobada por el Gobierno y avalada por la Comisión Europea. Lo mismo ha ocurrido con la reforma laboral u otras medidas aprobadas en estos últimos cuatro años.
Pese a que el PP se ha chocado sistemáticamente con el muro de la Comisión Europea en sus críticas al Gobierno de coalición, la dirección de Feijóo ha optado por insistir. Y por partida doble. Este miércoles por la mañana, el líder de la oposición arrojaba a sus barones regionales contra el Gobierno, al que acusan de no haberles remitido información sobre esta adenda al Plan en una carta dirigida a la vicepresidenta Calviño.
La misma idea la lanzó el propio Feijóo en un discurso ante la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valenciana. Primero, el líder del PP lamentó que el Gobierno no se haya “reunido con el PP para pactar la adenda”. Pero tanto el líder gallego como sus barones obvian que sí ha habido conversaciones y reuniones entre la Vicepresidencia de Nadia Calviño y los gobiernos autonómicos.
Además, Feijóo acusó al Ejecutivo de remitir un documento a Bruselas “que obliga a hacer una serie de hitos y de objetivos” que, dijo, “desconocemos”. Pero la adenda es pública.
El PP tampoco ha renunciado a un pacto con Vox, ya sea de legislatura o de coalición de Gobierno, lo que también podría condicionar la acción legislativa de Feijóo si llega al Palacio de la Moncloa. El documento remitido a Bruselas indica: “También se mejorará la atención de las necesidades de colectivos específicos. En este sentido cabe destacar la modificación del reglamento que desarrolla la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.
Pero Vox es un partido que defiende cerrar las fronteras y levantar un muro, algo que no parece casar con el espíritu de la adenda. En caso de llegar al Gobierno, Feijóo tendrá que negociar con Bruselas cualquier cambio en los hitos pactados con la Comisión Europea y no podrá, simplemente, “derogar el 'sanchismo'” sin más.
“La agenda de reformas planteada en la adenda se basa en las recomendaciones específicas dirigidas a España en el marco del semestre europeo desde el año 2019, y está alineada con las recomendaciones de política económica para la eurozona y con las agendas estratégicas desplegadas en la Unión Europea, en particular en los ámbitos de transición ecológica ('European Green Deal') y energética ('REPowerEU)', digitalización ('Digital Strategy'), la política agrícola comunitaria (PAC), la política de cohesión y el Pilar Europeo de Derechos Sociales (consistente, a su vez, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas)”, recuerda el documento presentado este miércoles a Ejecutivo comunitario.
Respecto a las medidas ya adoptadas desde 2020, la derogación o los cambios significativos, por ejemplo, de la reforma laboral, de las pensiones o de la nueva ley de vivienda que ha prometido el Partido Popular (PP) si llega al Gobierno implicarían penalizaciones millonarias de la Comisión Europea por incumplir las normas del Plan de Recuperación. Literalmente, el reglamento para la concesión de las transferencias y préstamos de los fondos europeos exige que los Estados “no hayan revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.