El Gobierno ha presumido este martes de presentar los presupuestos “más sociales de la Historia”, en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El presidente del Ejecutivo ha subrayado que las cuentas para 2018 “sirven también para que la recuperación llegue también a las personas que lo han pasado peor en la crisis”. Sin embargo, más allá de las “zanahorias” que han conseguido los pensionistas con prestaciones más bajas y los funcionarios, uno de los indicadores clave para el acceso y la cuantía de ayudas, subsidios y becas a los que recurre la población con menos recursos ha quedado congelado. Es el IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), cuyo crecimiento este año es cero.
El IPREM es un indicador creado en 2004 para que sirva como referencia para diferentes ayudas sociales, subsidios, becas y prestaciones, tanto a nivel estatal, autonómico y local. En algunos casos delimita las posibilidades de acceso a estas ayudas: por ejemplo, en el nuevo Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno, sirve de referencia en los requisitos de acceso a las ayudas al alquiler. En otros casos, marca las cuantías de los subsidios y prestaciones, como ocurre con las de desempleo.
Durante la crisis, el IPREM se mantuvo congelado desde 2010 a 2016, con una cuantía de 532,51 euros mensuales (en 14 pagas). En plena crisis, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó estancada esta partida, que se ha ido distanciando del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 735,90 euros al mes. En 2017, el Gobierno elevó el IPREM un 1%, en línea con el aumento del salario de los funcionarios, indicó entonces el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.
Para este ejercicio –con un Gobierno que defiende unas perspectivas económicas de fuerte crecimiento–, las subidas del SMI (4%), de los salarios de los empleados públicos (1,75%) y de las pensiones más bajas (3%), entre otras partidas, no se han visto reflejadas en un aumento del IPREM. Al contrario de lo que defiende el Gobierno, “dejar este indicador congelado afecta a las personas con menos ingresos y más vulnerables”, denuncia Lola Santillana, secretaria de la Confederación de Empleo y Cualificación de Comisiones Obreras. En febrero de 2018, la inflación se situaba en el 1,1%.
Pérdida de poder adquisitivo
Los sindicatos UGT y CCOO han exigido en varias ocasiones la revalorización de este indicador, para que las prestaciones que lo utilizan como referencia recuperen el poder adquisitivo perdido. Según los cálculos de UGT de diciembre, “el IPREM acumula una pérdida del 7,6% respecto a la inflación por las sucesivas congelaciones desde 2011 hasta 2017”. El sindicato ha recordado también que “el artículo 2 del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, determina como umbral mínimo de actualización anual del IPREM la previsión de inflación empleada en los Presupuestos Generales del Estado”.
Los dos sindicatos mayoritarios demandan, además de aumentar su cuantía en los Presupuestos de 2018, que el Gobierno dote al IPREM de un sistema de revalorización automática. La congelación durante años de esta partida implica, entre otras cuestiones, que el umbral de ingresos para acceder a algunas ayudas se mantiene muy bajo. Así, personas que ganan el salario mínimo estipulado por ley –que sí crece– pueden verse excluidas de algunos de estos subsidios por ganar demasiado. “Por ello pedimos que el IPREM vuelva a guardar una correlación con el SMI”, argumenta Santillana.
Algunos ejemplos de ayudas y becas que utilizan el IPREM para optar a ellas son las ayudas del alquiler del nuevo Plan de Vivienda, el acceso a la asistencia jurídica gratuita, a las becas del Programa de gratuidad de libros de texto de la Junta de Castilla y León y las ayudas para “la realización de actividades socioeducativas” de Aranjuez (Madrid).
“Lo que hacen es congelar ayudas”
Otra de las consecuencias es la congelación de ayudas y prestaciones que basan su cálculo en este indicador. Entre ellas, la prestación contributiva por desempleo, que establece su máximo y mínimo en relación al IPREM. De hecho, lo reducida que es la cantidad mínima marcada para los parados sin hijos a cargo se ha ganado un rapapolvo del Comité Europeo de Derechos Sociales. También lo fija como referencia, entre otras, la Renta Activa de Inserción (RAI) para personas paradas de larga duración, cuya cuantía es del 80% del IPREM. Según los últimos datos de Eurostat, la mitad de los desempleados españoles se encuentran en riesgo de pobreza.
En comunidades autónomas, Andalucía también lo usa como referencia para su Renta Mínima de Inserción Social, por ejemplo. Esta ayuda contra el empobrecimiento consiste en una prestación económica mensual del 78% del IPREM, calculada en doce mensualidades, que se incrementa en un 10% de este indicador por cada persona integrante de la unidad familiar (hasta un máximo del 125% del IPREM).
“Lo que hacen es congelar ayudas y prestaciones que utilizan el IPREM como referencia. Actualizar el indicador les encarece las prestaciones, por eso no lo quieren actualizar. Son reacios porque no quieren tener más gastos”, denuncia Lola Santillana, que también lo vincula a la reducción del gasto previsto por el Gobierno en las prestaciones por desempleo para este año.