El Gobierno invita a las empresas afectadas por el recorte a la hidroeléctrica a renunciar a sus concesiones

El Gobierno invita a las empresas afectadas por el recorte a la energía hidroeléctrica a renunciar a sus concesiones si creen que su actividad no va a ser rentable cuando se materialice el recorte de los llamados “beneficios caídos del cielo” que reciben, junto a las centrales nucleares.

El Ejecutivo ha introducido esta posibilidad en el proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. El texto pretende evitar la sobrerretribución que reciben estas plantas por el encarecimiento del mercado de CO2, al que no hacen frente, pero les beneficia.

El texto que el Ejecutivo ha remitido finalmente al Congreso, tras recibir las observaciones al anteproyecto del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado, incluye una nueva disposición adicional, la sexta, relativa a “aprovechamientos hidroeléctricos afectados por la presente Ley”.

“En el plazo de seis meses desde la entrada de esta Ley, los concesionarios de derechos privativos al uso del agua para producción hidroeléctrica afectados por la presente ley podrán renunciar al mismo y solicitar la extinción de tal derecho”, dice el texto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indican que se trata de una disposición prevista en la Ley de Aguas, “pero se ha considerado oportuno recogerlo expresamente, por si alguna instalación considerase que, con la minoración, no les resulta rentable continuar con la concesión”.

El Ministerio ha introducido esta previsión después de que en agosto, ya con el mercado mayorista encadenando un récord tras otro, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, abriera la puerta a que una empresa pública asuma las concesiones hidroeléctricas caducadas. Este jueves, Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crearla, incrementando la presión para que el Ejecutivo adopte medidas en ese sentido, si bien esa empresa pública tendría inicialmente una cartera de instalaciones muy limitada.

El recorte del denominado dividendo del CO2 es una de las reformas “estructurales” que ha planteado Ribera para poner coto a los denominados beneficios caídos del cielo de hidroeléctricas y nucleares. La otra es el futuro fondo para sacar del recibo las primas a las renovables más antiguas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió el miércoles a los grupos que tramiten de forma “rápida” ambas iniciativas. Según el Gobierno, abaratarían la factura un 15% una vez en vigor.

Vuelta a la Administración “gratuitamente y libres de cargas”

Esta nueva disposición, que no figuraba en el anteproyecto aprobado inicialmente en junio, se remite al artículo 53.1 d) de la Ley de Aguas, que prevé la extinción del derecho al uso privativo de una concesión por renuncia expresa del concesionario. Ese artículo indica que al extinguirse el derecho concesional de estas instalaciones, muchas de ellas construidas durante la dictadura franquista, “revertirán a la Administración competente gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional”.

No es la única novedad del proyecto de ley respecto al texto inicial. El remitido al Congreso también prevé destinar los ingresos recaudados a nucleares e hidroeléctricas a cubrir mecanismos de capacidad a determinadas instalaciones por estar disponibles. En la redacción inicial, se proponía destinar esos ingresos “a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, referidos al fomento de energías renovables y a cubrir, en su caso, los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema”. 

Finalmente, se propone que vayan “a financiar los costes del sistema eléctrico asociados a mecanismos de capacidad”. Esto supondrá un esfuerzo mayor para el futuro fondo de las renovables que prevé cargar ese coste al conjunto del sector energético, incluyendo gasistas y petroleras.

El texto finalmente enviado al Congreso establece un umbral mínimo de 20 euros en el precio del CO2 (que ahora supera los 60 euros) a partir del cual se activa la minoración por los ingresos extra recibidos por el carbono que hidroeléctricas y nucleares no tienen que pagar. También modifica la fecha de referencia para las plantas a las que afectará: se activará para las puestas en marcha antes de la publicación de la Directiva que estableció el régimen europeo para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el 25 de octubre de 2003, y no 2005, como señalaba el proyecto inicial. Esto supondrá eximir a instalaciones eólicas que sí se veían afectadas.

600 millones menos

Así, si con el primer texto se preveía un recorte al sector de unos 1.000 millones, con el proyecto de ley este ha quedado rebajado a unos 600 millones.

La reducción de ingresos a las plantas afectadas, según explicó el Gobierno en agosto, será de 200 millones con la tonelada de carbono a 30 euros y de 1.700 millones con la tonelada a 100 euros. Con la situación actual, se obtendrían unos 625 millones que suponen alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones. El proyecto prevé destinar un 10% de la recaudación a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social.

El texto, que podría estar en vigor antes de fin de año si los grupos parlamentarios le dan su visto bueno, fue muy mal recibido por las compañías eléctricas tras la aprobación del anteproyecto, en vísperas del rally de precios de este verano. El lobby nuclear aseguró que puede propiciar el apagón anticipado de los reactores y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cargó en junio contra las “cargas inesperadas” al sector basándose en el argumento “falso” de que estas plantas reciben beneficios caídos del cielo y ya están amortizadas.

Esta fuente de energía, que utiliza un bien de dominio público, lleva meses en el centro de la polémica en paralelo a la escalada del recibo. En los últimos meses, las plantas hidroeléctricas han aprovechado los altos precios para presentar las ofertas más caras y exprimir la coyuntura del mercado mayorista de electricidad (en agosto, ha sido la fuente que ha dominado la casación de precios), con imágenes de embalses vaciados a toda velocidad que han llevado al Gobierno a anunciar varios expedientes informativos y una reforma normativa para reforzar el control de las presas.

Uno de los vectores que han disparado los precios es la cotización del carbono, que se ha duplicado este año y esta semana ha superado los 61 euros por primera vez. El otro es el gas natural, en máximos históricos en Europa en un contexto de fuerte demanda de Asia, problemas de suministro desde Rusia y bajos niveles de almacenamiento de cara al invierno.